Es «necesario cumplir la Ley del Suelo y adaptar la ordenación urbana del territorio en función de los mapas de riesgos naturales», insistió el presidente del ICOG, Luis Suárez. Recordó además el deber de cumplir el artículo 15 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, que obliga a elaborar mapas de riesgos naturales con carácter previo a los planes generales de urbanización de los municipios.
Suárez defendió la geología preventiva y las políticas municipales responsables para «evitar males mayores». «Si hay un deslizamiento de una ladera inestable o una zona de colapsos activa, no se puede asentar una población sobre ese terreno», apuntó. El presidente de los geólogos recordó la competencia de los ayuntamientos para elaborar los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) y añadió que estos «deben ser refrendados» por las distintas comunidades autónomas. Afirmó también que hay que adaptar la ordenación urbanística a los mapas de riesgos naturales previos.
El presidente del ICOG indicó que la Ley del Suelo se promulgó en 2008 como consecuencia de las catástrofes naturales ocurridas en España, como la del camping de Biescas de 1996, cuando murieron 87 personas. Esta norma obliga en actuaciones urbanísticas a realizar un informe de sostenibilidad del territorio para adaptar los usos urbanísticos del suelo a los mapas de riesgos naturales.
De acuerdo a un estudio del IGME sobre riesgos naturales para el periodo 1986-2016, las pérdidas potenciales por riesgos alcanzan los 29.500 millones de euros, de los que el 56% se deberían a inundaciones, señaló Suárez. Por áreas geográficas, el estudio sitúa a Andalucía como la zona «más peligrosa», con un 22,5% de riesgo de inundaciones, seguida de la Comunidad Valenciana, con un 19,6%, y Cataluña, con un 18,6%.
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