Tras recordar que dicho precepto establecía la competencia exclusiva de la Junta de Andalucía sobre las aguas del Guadalquivir que transcurren por territorio andaluz, Griñán ha recalcado, en un artículo de opinión que publica este martes ‘El País’ y que ha sido recogido por Europa Press, que el Gobierno autonómico «acata y respeta» la sentencia del TC, pero tiene la convicción de que «el Guadalquivir es andaluz», apuntando que más de la mitad de la población andaluza, casi cinco millones de personas, vive en los márgenes de este río y el 90,22 por ciento de su cuenca discurre por tierras andaluzas.
Según José Antonio Griñán, el Ejecutivo andaluz y el Gobierno de España están de acuerdo en que «existe margen legal para que la voz de Andalucía sea importante en el Guadalquivir». «Si defendemos una Administración pública más ágil, cercana y útil, parece lógico que la gestión de un río mayoritariamente andaluz tenga la impronta de Andalucía», ha apuntando.
En su opinión, «hemos de ser capaces de establecer la fórmula constitucional y legal más adecuada para abanderar la gestión de nuestro río, para garantizar el protagonismo de Andalucía en la toma de decisiones de una manera clara y determinante, haciéndolo además en el marco que el Tribunal Constitucional ha fijado».
Para el presidente, queda por delante un «trabajo arduo, complejo y sin precedentes de arquitectura jurídica, que habrá que hacer en el marco de lo dispuesto por el Alto Tribunal: respetando las competencias del Estado, de las otras comunidades autónomas sobre las que también discurre el Guadalquivir y la capacidad de gestión de la Junta de Andalucía sobre sus recursos».
Según ha agregado, hay que buscar una forma de ejecución distinta, consensuada, de entendimiento, que nos permita desarrollar un nuevo modelo competencial y la normativa que lo ponga en marcha con plena seguridad jurídica, al tiempo que ha puntualizado que «no se trata de partir de cero».
El jefe del Ejecutivo ha indicado que durante los dos años en los que Andalucía ha liderado la gestión del río «hemos mantenido un contacto permanente con las otras regiones de su cuenca» y «hemos sido escrupulosamente respetuosos con su opinión y sus derechos, a través del Comité de Autoridades de la Confederación Hidrográfica del río».
Así, entiende que el nuevo modelo de gestión ha de apoyarse, como no podía ser de otra manera, en nuestro Estatuto de Autonomía, que «concitó un apoyo político casi unánime del Congreso de los Diputados y que fue refrendado por el pueblo andaluz», al tiempo que ha recordado que sus artículos 43 y 50 han sido declarados plenamente constitucionales.
En este sentido, según el presidente andaluz, se garantizarán principios de unidad de cuenca, así como aquellos otros que ya reservaba el propio artículo 51 al Estado, tales como la planificación general del ciclo hidrológico, las normas básicas sobre la protección del medio ambiente y las obras hidráulicas de interés general. «Y, junto a ello, la máxima capacidad de decisión de la Junta de Andalucía en la gestión del río», según ha recalcado.
Ha querido dejar claro que se persigue una gestión «transparente y eficiente del Guadalquivir, que combine el respeto a su ecosistema y el progreso económico que supone para nuestra tierra como autopista fluvial y motor turístico».
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