La Junta de Andalucía dice que «el Guadalquivir es andaluz» y que lo quiere gestionar

Así, Díaz Trillo ha explicado en comisión parlamentaria la situación actual en la gestión del Guadalquivir tras la sentencia del Tribunal Constitucional, recordando la encomienda de gestión firmada entre Gobierno central y Junta para continuar gestionando los recursos y aprovechamientos hidráulicos de las aguas del Guadalquivir que discurren íntegramente por el territorio andaluz durante los próximos seis meses.

   Esta encomienda, según el consejero, garantiza la continuidad y la seguridad jurídica en la gestión que ha venido realizando la Junta, asegurando la pervivencia de las resoluciones y actos dictados por la Administración andaluza desde que se formalizó la transferencia de la cuenca en 2008, en aplicación del principio administrativo de conservación de actos. Además, esta garantía también impedirá una paralización de los proyectos desarrollados durante los últimos años.

   El titular de Medio Ambiente ha resaltado «la celeridad política e institucional» para solventar este asunto y dar una «respuesta satisfactoria al consenso del pueblo andaluz alcanzando en torno al Estatuto». Asimismo, ha anunciado que la subcomisión formada por Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y Junta de Andalucía se reunirá en breve para trabajar en torno a la solución definitiva.

   «La encomienda salvaguarda la gestión que se viene realizando», ha añadido, al tiempo que ha subrayado «la actitud de cooperación existente entre la Consejería y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) desde el 1 de enero de 2009». «La sentencia del Tribunal Constitucional no ha parado ni un solo minuto el trabajo de la Agencia Andaluza del Agua y de la Consejería con respecto al Guadalquivir», ha asegurado.

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   Por otro lado y con respecto a la aplicación de la Ley de Aguas de Andalucía, de 30 de julio de 2010, Díaz Trillo ha informado de que, hasta la fecha, se han elaborado y sometido a información pública los Planes Hidrológicos de las tres demarcaciones intracomunitarias en las que la Junta ejerce las competencias de planificación. En esta línea, ha adelantado que en mayo se convocarán las correspondientes comisiones del agua en los distintos distritos.

   Asimismo, ha explicado que se está trabajando para la puesta en marcha del Observatorio Público del Agua, «un instrumento fundamental para conseguir una información veraz y transparente hacia los ciudadanos y con él que se conseguirá una participación pública activa que mejore la gestión del recurso».

342 MILLONES EN PLAN DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

   En cuanto a la gestión de riesgos de inundaciones, Díaz Trillo señala que en la actualidad se están abordando los trabajos para la determinación de los mapas de riesgos de inundación de los distritos  hidrográficos. En el período 2002-2010, la Agencia Andaluza del Agua ha realizado una inversión de 342 millones de euros en el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos andaluces, precisando que la inversión prevista para el citado período era de 356 millones, lo que supone la inversión hasta la fecha de un 96 por ciento.

   Dentro del Plan de Saneamiento y Depuración, que prevé 300 obras de Interés para la Comunidad por una inversión de 1.765 millones en 548 municipios y conllevarán la generación de 28.400 puestos de trabajo. En este sentido, ha apuntado próximamente se licitarán doce obras con un valor de 46 millones, así como once proyectos en la provincia de Córdoba.

   El consejero puso de manifiesto que la Consejería en la cuenca del Guadalquivir ha invertido desde 2008 cerca de 235 millones de euros y tiene comprometidos más de 622 millones más, en obras que han sido vitales para el desarrollo del ciclo del agua y de la defensa contra avenidas e inundaciones en toda esta cuenca. Al hilo de esto, ha apuntado que la última inversión realizada por la CHG en 2008 contra inundaciones fue de tres millones, mientras ahora la Consejería, en tiempos de crisis, invierte tres por provincia, un total de 24 millones.

   En este sentido, ha subrayado los 22.000 expedientes resueltos anualmente de media en estos tres años por la Administración andaluza, alguno de ellos del año 1985. Además, también, «por responsabilidad», se ha gestionado sanciones y multas por valor de 20 millones de euros. Díaz Trillo, de otro lado, ha resaltado la gestión y normalización de regadíos, algunos de ellos con problemas históricos, como ha sido el caso de las 50.000 hectáreas de aguas invernales en la provincia de Jaén, las 4.500 del Guadajoz en Córdoba o las casi 15.000 de arroz.

«EL CANON SUPONE MENOR REPERCUSIÓN QUE EN OTRAS CCAA»

   Por otro lado, el consejero de Medio Ambiente ha afirmado que la Ley de Aguas pone en marcha un nuevo régimen económico y financiero en la comunidad, marcado por «la generosidad, equidad, eficiencia, transparencia y recuperación de costes medioambientales». En este sentido, ha apuntado que la implantación del Canon de Mejora de Infraestructuras Hidráulicas de Depuración de Interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía, denominado también canon de mejora autonómico, que entra en vigor el próximo domingo, 1 de mayo, tendrá en Andalucía «una repercusión menor que en todas las comunidades autónomas, menos en el País Vasco».

   Éste, según Díaz Trillo, va a significar «de cuota fija un euro y de cuota variable, 0,24 euros», mientras en la Comunidad Valenciana supone una cuota fija de 1,56 euros y de cuota variable 1,86, lo que conlleva una cuota total de 3,42 euros; o en Aragón, casi un cuota total de ocho euros. Además, ha aclarado que «casi la mitad de los ayuntamientos de Andalucía ya cobran este canon», precisando que «con el ajuste del canon de mejora incluso bajará el precio en algunos casos como en Chiclana (Cádiz)».

   Para la diputada del PP en el Parlamento de Andalucía Carolina González Vigo la legislatura en materia de Medio Ambiente está marcada por «la interinidad permanente y la improvisación en la gestión del agua». Con respecto a la Ley de Aguas, afirma que es «injusta, impositiva y que persigue el encarecimiento del precio del agua», advirtiendo de que «el canon de mejora no va a evitar las inundaciones». En este sentido, subraya que «los ciudadanos pagarán la incompetencia de la Junta a través del canon».

   Con respecto a la reordenación del sector público y la situación de la gestión del río Guadalquivir tras la sentencia del Alto Tribunal, González Vigo ha manifestado que «no hay normalidad en la situación hídrica andaluza», además de resaltar «la inseguridad laboral». «Todo en la consejería es una mentira y farsa, pasando de la profesionalización de la gestión del agua a la politización».

   Por último, ha lamentado que Díaz Trillo «haya pasado de rositas por algo tan importante como la Ley de Aguas y la reordenación en su intervención en la comisión», afirmando que la Junta «ha fracasado en el modelo».

   Por su parte, el parlamentario del Grupo Socialista Fidel Mesa Ciriza ha valorado que se estén dando «buenos pasos» en la aplicación de la Ley de Aguas, comenzando por las obras de depuración y de infraestructuras.

ECOticias.com – ep

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