Incendios forestales. El Congreso llama al Gobierno a implementar políticas de prevención y extinción

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad una iniciativa en la que se insta al Gobierno a que, en colaboración y coordinación con las comunidades autónomas –es una competencia transferida–, se fomente e impulse una política pública «suficiente» en materia de prevención y extinción de incendios.

   En el debate parlamentario de esta tarde estaba previsto el debate de una proposición no de ley del PP que pedía al Gobierno medidas para paliar los daños producidos por incendios forestales y otra similar del PSOE, que finalmente han decidido acumular en un sólo debate parlamentario.

   Así las cosas, la iniciativa aprobada es fruto de una enmienda transaccional propuesta por el PSOE en primera instancia y apoyada por todos los grupos parlamentarios después, que reclama al Ejecutivo especial atención para reunir, a la mayor brevedad, al Comité Estatal de Coordinación de Incendios Forestales (CECO), con el fin de actualizar información disponible, seguir el desarrollo de los incendios y administrar medios y recursos.

   Igualmente, plantea al Gobierno activar, de forma inmediata, los correspondientes protocolos y planes de prevención y lucha contra incendios; reunir de forma inmediata a las comunidades autónomas para coordinar la actuación de las administraciones públicas en materia de prevención y extinción de incendios.

TRES MESES DE PLAZO

   Los grupos parlamentarios han acordado igualmente exigir al Gobierno a que, en el plazo máximo de tres meses, de cuenta de todo lo actuado en relación con las catástrofes naturales a que se refiere esta iniciativa ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso.

   Finalmente, reclama que el Ejecutivo garantice en todo el territorio nacional la aplicación de la Ley de Montes de 2010, para evitar cualquier actuación especulativa en relación con la zona siniestrada, impidiendo, en todo caso, que se pueda edificar sobre terreno quemado si no se podía hacer con anterioridad.

   No obstante, la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para el año 2012 de la Generalitat Valenciana, en contra de lo que determina la Ley estatal de Montes, permite la recalificación del suelo en aquellos montes que hayan sufrido un incendio.

ESPECIAL ATENCIÓN A MEDIOS

   Es más, la Cámara Baja solicita al Ejecutivo de Mariano Rajoy que ponga especial atención en incrementar, de forma decidida y con recursos económicos suficientes, la aportación estatal en medios materiales y personales para la prevención y extinción de incendios.

   Especialmente, sugiere la puesta en marcha de medios aéreos y terrestres de cobertura nacional, así como las partidas presupuestarias destinadas, en los distintos departamentos ministeriales, a la prevención de incendios.

   De igual forma, al personal dependiente de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, las Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF), dependientes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, así como la Unidad Militar de Emergencias (UME), dependiente de la cartera de Defensa.

UN SISTEMA DE AYUDAS AL FUEGO

   Un quinto punto de la iniciativa aprobada por todos los grupos parlamentarios reclama al Ejecutivo ‘popular’ el establecimiento de forma inmediata de un sistema de ayudas directas que palien daños producidos por los incendios en las zonas afectadas, en función del grado de protección medioambiental del terreno quemado y, en todo caso, al menos, las que adoptaron la normativa de 2010 de prevención de incendios forestales, por la que se aprueba medidas urgentes para paliar los daños producidos por estos fuegos y otras catástrofes naturales ocurridos en varias comunidades autónomas.

   En este sentido, pide al Gobierno que el decreto ley que se elabore para ello incluya en su ámbito de aplicación, no sólo a las personas y bienes afectados por los incendios acaecidos durante los últimos días de junio y los primeros de julio en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia, sino también los producidos por las tormentas de granizo que afectaron a la provincia de Lleida el 5 de julio y los incendios de Gata de Gorgos, declarado el 10 de julio, Concetaina y Alcoy en Alicante, declarados el 12 de julio y los de Tenerife, La Palma y la Gomera, declarados el 15 y 16 de julio.

   Eso sí, los grupos parlamentarios abogan porque el Ejecutivo realice una petición al Fondo de Solidaridad de la UE por catástrofe natural, tras la comprobación de los requisitos para su activación.

ECOticias.com – ep

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