Volvemos a los tiempos de ‘La Escopeta nacional’

El texto ha sido contestado por toda la oposición, que considera que con él se vuelve a «tiempos de la escopeta nacional». En especial, critican la incorporación desde la Cámara Alta de la enmienda 278, que el prorroga seis años, desde la entrada en vigor del texto, las actividades incompatibles en estos espacios, como la caza, la pesca o la tala comercial.

El Grupo Popular calcula que las indeminizaciones a propietarios, tanto privados como ayuntamientos, de espacios dentro de Parques Nacionales ascienden a 320 millones de euros, según ha explicado este jueves la diputada del PP María Teresa de Lara durante el debate en el Congreso de las enmiendas del senado al proyecto de Ley de Parques Nacionales.

El texto ha sido contestado por toda la oposición, que considera que con él se vuelve a «tiempos de la escopeta nacional». En especial, critican la incorporación desde la Cámara Alta de la enmienda 278, que el prorroga seis años, desde la entrada en vigor del texto, las actividades incompatibles en estos espacios, como la caza, la pesca o la tala comercial.

Sin embargo, De Lara ha subrayado que la Ley en vigor, aprobada por consenso en 2007 e impulsada por los socialistas, y el proyecto de Ley actual tienen «idéntico texto» en lo que se refiere a la prohibición de la caza deportiva y comercial y en cuanto a las indemnizaciones que asumirán las administraciones para compensar los derechos de los propietarios privados.

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En este sentido, ha reprochado al PSOE que, cuando aprobó la vigente Ley de Parques Nacionales, que fija el fin de estas actividades en estos espacios para 2017, «no asumió derechos ni pagó indemnizaciones, ni llegó a ningún acuerdo con los propietarios privados o con ayuntamientos» para adecuar la situación de estos enclaves protegidos a la ley.

EL PP NO VE FACTIBLE PAGAR AHORA

La parlamentaria popular ha argumentado que el monto estimado de 320 millones de euros que deberá abonarse para poner fin a estas actividades «no es factible en estos momentos» y ha reprochado al PSOE que no hiciera nada «en tiempos de bonanza», así como de no establecer los mecanismos suficientes para ello, frente al texto del PP que, a su juicio, sí contempla las expropiaciones una vez acabado el plazo si no se alcanzan acuerdos voluntarios.

Además, ha recordado que frente a las críticas dirigidas a Cabañeros, donde los derechos de caza son «especialmente relevantes», estos también afectan a Picos de Europa a Sierra Nevada y a Doñana.

Respecto al Parque Nacional de Cabañeros, ha insistido en que cerca del 50 por ciento de sus terrenos son «cotos privados de caza» que pagan sus impuestos y cuya actividad principal es la cinegética. De hecho, ha afirmado que este parque fue declarado «en contra de la voluntad» de muchos de sus propietarios, de quienes, por otra parte y junto con la población local, ha dicho que han contribuido históricamente a su conservación.

En todo caso, ha insistido en que el texto da mayor seguridad jurídica y ha lamentado la «crítica fácil» y la «demagogia», «sectarismo» y «mentira» en el debate parlamentario porque se van a votar 17 enmiendas y los grupos se han referido únicamente a una de ellas, la que permitirá seguir realizando actividades incompatibles durante seis años más, hasta finales de 2020.

«Basta ya de demagogia y de mentiras. Ni se deja la puerta abierta a la caza, ni se favorece a los ricos y amigos de la señora De Cospedal. Ya estamos hartos de oír lo mismo siempre», ha denunciado De Lara.

«LOS AMIGOS DEL PP», CONTENTOS

Sin embargo, la secretaria de Cambio Climático del PSOE y portavoz socialista en materia de medio ambiente en el Congreso, Pilar Lucio, ha bromeado con que esta ley pondrá «contentos» a los amigos del PP. «Parece imposible que esto pueda pasar, este ambiente de escopeta nacional», ha lamentado Lucio.

Según ha defendido, los Parques Nacionales son la «joya de la corona de la conservación» y para cazar, talar madera, hacer rafting o volar sin motor «hay otros lugares afortunadamente» en España. «No todo vale. Hay que distinguir lo público de lo privado. Debe primar el interés general y no de unos privilegiados o unos pocos. Espero que lo dejen aquí y no traigan más leyes ambientales. No les prometan a sus amigos que esta ley les va a garantizar muchos años de caza porque no lo vamos a permitir», ha sentenciado la socialista.

Mientras, Martí Barberà, de CiU, se ha opuesto al proyecto de ley y a las enmiendas del Senado porque es «innecesaria e inoportuna e inconstitucional». «Es inoportuna porque con el actual marco legal y sus mecanismos se puede ejercer la función de coordinación y evaluación de la red por si alguna administración no cumpliera con los requisitos marcados. ¿Qué motivo tienen para imponer esta ley que sólo tiene el apoyo del PP? «, se ha preguntado, avisando al mismo tiempo de que abrirán una nueva etapa de litigiosidad competencial entre la Generalitat y el Estado porque es «inconstitucional».

Desde PNV, Joseba Agirretxea ha insistido en que va a votar en contra tanto de las enmiendas procedentes del Senado como de la propia ley y ha criticado que no se haya contado con las comunidades autónomas. «Si de por sí ya la ley tenía carencias importantes al salir del Congreso, la incorporación del Senado la ha rematado con usos que no corresponden a un parque natural», ha valorado.

En la misma línea, Ascensión de las Heras, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ha asegurado que las enmiendas del Senado «consuman el desastre para el medio ambiente» y supone «un nuevo episodio de la escopeta nacional» para personas cercanas al Partido Popular.

Para el portavoz de UPyD, Toni Cantó, el Gobierno es «tímido» cuando se trata de recuperar competencias para la Administración Central pero «claro y valiente» en lo que tiene que ver con la caza o el aprovechamiento económico. «Están utilizando ciertos Parques Nacionales como su cortijo», ha sentenciado.

Finalmente, el diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, ha asegurado que los senadores del PP han obedecido «a pies juntillas» las instrucciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y aprobaron una enmienda que permite que seguir con las monterías en las fincas privadas de «algunos señoritos».

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