Hasta 2021, el lobo estaba protegido al sur del río Duero, pero se podía cazar al norte de esa línea. Ese año, se protegió la especie en todo el país, impidiendo su captura. Sin embargo, en marzo de este año, una enmienda escondida en la ley del desperdicio alimentario —con la excusa de que los ataques de lobos causan desperdicio— devolvió al país a la situación de 2021, y varias comunidades al norte del Duero están realizando “extracciones”, es decir, muertes de lobos por parte personal autonómico.
Miles de personas convocadas por cerca de 200 organizaciones se han manifestado este domingo en Madrid bajo el lema “Lobo vivo y protegido” para denunciar el “grave retroceso” que está viviendo el cánido desde que puede volver a matar en España. Los asistentes —1.500 según la Delegación de Gobierno, 10.000 según las entidades convocantes— han reclamado el fin inmediato de las batidas de lobo, una especie “clave” en los ecosistemas. Mientras tanto, las actuaciones judiciales continúan.
Proteger al lobo de la inconstitucionalidad
En el marco de los diferentes procedimientos judiciales pendientes ante la Audiencia Nacional, en los que Ecologistas defienden la legalidad de la inclusión de todas las poblaciones de lobo ibérico en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial hay varios recursos pendientes.
Todos ellos se enfrentan a los recursos de las comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, y de las organizaciones agrarias COAG, UPA y ASAJA, la Unión de Campesinos Asturianos o Artemisan, entre otras, pero la organización ecologista ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad contra las disposiciones de la Ley 1/2025 de prevención del desperdicio alimentario, que eliminaron toda protección legal al lobo.
Estas disposiciones fueron introducidas en el Senado mediante un acuerdo entre los partidos de derecha y extrema derecha, aunque no tienen ninguna relación con el objeto de dicha Ley. De este modo, vulneran principios constitucionales y pretenden desmantelar, sin justificación científica ninguna, décadas de políticas de conservación.
“Plantear esta cuestión de inconstitucionalidad ante la Audiencia Nacional era un paso obligado. No se puede permitir que, mediante enmiendas arbitrarias en una ley sobre desperdicio alimentario, se desproteja una especie clave para nuestros ecosistemas. Es un ataque frontal al Estado de Derecho y a la normativa sobre biodiversidad”, afirma Jaime Doreste, responsable jurídico de la organización.
“El lobo ibérico es una especie protegida por la normativa europea, y su conservación debe basarse en la ciencia, tal y como requiere la normativa ambiental, no en intereses políticos o cinegéticos. Esta maniobra legislativa es un claro ejemplo de cómo se intenta desmantelar el marco jurídico de conservación de la naturaleza”, añade Sara González Merinero, especialista en Derecho Ambiental.
La inclusión del lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial supuso un avance histórico en su conservación. No en vano, según los datos adelantados por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, se trata de una especie cuyo estado de conservación ha sido evaluado como desfavorable-inadecuado en las tres regiones biogeográficas en las que está presente en España (mediterránea, atlántica y alpina).
Sin embargo, las enmiendas introducidas en el trámite parlamentario en el Senado, de la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario por el acuerdo de PP, Vox y las derechas nacionalistas, eliminó esta protección, abriendo la puerta a su caza y poniendo en riesgo su recuperación.
La Audiencia Nacional deberá ahora resolver si elevar o no la cuestión al Tribunal Constitucional, quien tendrá la última palabra sobre la constitucionalidad de estas disposiciones. “Mientras tanto, los ecologistas seguirán litigando para garantizar que el lobo mantenga su estatus de protección y denunciando cualquier intento de desmantelar las políticas ambientales”, concluye Jaime Doreste.
