“La sentencia del TSJA reconoce el derecho de los recuperadores a gestionar residuos comerciales”: Alicia García-Franco, directora general de FER

La actual ordenanza, publicada en octubre de 2014, impone con carácter obligatorio la gestión de determinados residuos comerciales por parte del Ayuntamiento, para posteriormente, a través de un concurso publico, adjudicársela a una única empresa, LIPASAM (Sociedad Municipal de Limpieza Pública y Protección Ambiental).

  • La federación advierte de la tendencia de los entes locales a excluir a los recuperadores de la gestión de residuos.
  • El fallo judicial anula varios artículos de la ordenanza de residuos de Sevilla que atentan contra la libre competencia.

La sentencia emitida el pasado 10 de abril por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anula los artículos 102 y 113.1 de la Ordenanza Municipal de Limpieza y Gestión de Residuos Municipales del Ayuntamiento de Sevilla. El fallo judicial supone un éxito para la libertad de mercado. Sin embargo, la Federación de la Recuperación y el Reciclaje (FER) constata que este no es un caso único, sino que observa con reparos la tendencia a excluir a los recuperadores de la gestión de los residuos que tradicionalmente han llevado a cabo.

La actual ordenanza, publicada en octubre de 2014, impone con carácter obligatorio la gestión de determinados residuos comerciales por parte del Ayuntamiento, para posteriormente, a través de un concurso publico, adjudicársela a una única empresa, LIPASAM (Sociedad Municipal de Limpieza Pública y Protección Ambiental).

En cumplimiento de uno de los fines recogido en los estatutos de FER, “La defensa de la economía de mercado y de la libertad de empresa y de regulación y perfeccionamiento de las concurrencias, evitando monopolios, intrusismos y la competencia desleal”, la federación interpuso en diciembre de 2014 una demanda contra la ordenanza y el pasado 10 de marzo la sentencia del TSJA falló a favor de sus argumentaciones.

“No negamos la competencia que la Ley de Residuos da a los entes locales de gestionar residuos comerciales”, afirma Alicia García-Franco, directora general de FER, “pero no podemos admitir bajo ningún concepto que a nosotros se nos niegue sin motivo legal la capacidad que también tenemos de gestionar esos residuos comerciales y así lo ha reconocido esta sentencia”.

ANTECEDENTES

La Ley 10/98 de residuos permitía a las comunidades autónomas la declaración de servicio público, de titularidad autonómica o local, a todas o algunas de las operaciones de gestión de determinados residuos, algo que se ha producido en diversos casos, pero cuando se redactó la vigente Ley 22/2011 se incluyó, a petición de FER, una salvedad, la exigencia de acreditación de manera motivada de la mayor eficacia y eficiencia de las entidades locales. “Esta salvedad es la que nos ha permitido ganar ahora este juicio, pues el Ayuntamiento de Sevilla no cumplió este requisito”, explica García-Franco.

Como defensora de la libertad de mercado, FER no se opone a la entrada de otros operadores en el mercado de la gestión de residuos, “pero siempre y cuando lo hagan en igualdad de condiciones que los demás”, señala la responsable de la federación, “algo que en este caso en concreto no se daba”. “Daremos la bienvenida a cualquier empresa que en el futuro desee entrar en este sector tan competitivo, algo que sin duda lo hará mejorar, pero cuando el único argumento sean las prácticas monopolísticas, FER siempre actuará en defensa de los legítimos intereses de los recuperadores”, añade.

SIGUIENTES PASOS

La sentencia anula también la facultad inspectora de LIPASAM de “acceder previa identificación, y sin notificación previa, a las instalaciones o ámbitos sujetos a inspección”. El fallo del TSJA es firme a la espera de posibles recursos por las partes. Para la federación, aunque se reconoce el derecho de los recuperadores de a la gestión de residuos comerciales, a partir de ahora “vigilaremos muy atentamente aquellas normativas municipales que incumplan el principio de jerarquía normativa o contengan errores en la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor”, concluye García-Franco.

SOBRE FER

La Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje fue creada en 1982 con el fin de agrupar y defender los intereses de las empresas dedicadas al reciclaje de residuos en los distintos ámbitos económicos, sociales y medioambientales. FER cuenta en la actualidad con más de 240 socios y representa a más de 435 empresas gestoras de residuos (metales férricos y no férricos, aparatos eléctricos y electrónicos, neumáticos fuera de uso, vehículos fuera de uso, envases o madera, entre otros). La federación representa el 90% del volumen del sector de la recuperación de metales férricos y no férricos, así como el 60% de los recicladores de neumáticos fuera de uso. Dentro de FER se encuentran, asimismo, el 80% de los tratadores de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y el 100% de la industria fragmentadora de metales de España. El sector del reciclaje genera en la actualidad 30.000 empleos directos y 105.000 indirectos en España

FER es miembro corporativo de AENOR y forma parte de SIGRAUTO (Asociación Española para el Tratamiento Medioambiental de los Vehículos fuera de Uso), la Federación Española del Reciclado y el Medio Ambiente (FERMA), o la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (CONFEMETAL). En el ámbito internacional es miembro del Consejo Mundial del Reciclaje (BIR) y forma parte de su Consejo Internacional de Medio Ambiente, es miembro de la Confederación Europea de Industrias del Reciclaje (EuRIC) y de las asociaciones europeas de metales férricos y no férricos, European Ferrous Recovery and Recycling Federation (EFR) y European Metal Trade and Recycling Federation (EUROMETREC). Asimismo, mantiene contactos con CEOE y asociaciones de recuperadores de otros materiales como papel y cartón, madera, plásticos y vidrio, con los que ha creado el Foro de la Recuperación.

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