Un juzgado de Ayamonte cita a declarar a ocho cargos públicos por un vertido en Isla Cristina

Tras los informes remitidos por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y el Instituto Nacional de Toxicología, el juez considera que existirían indicios, en el estado actual del procedimiento.

El juez de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ayamonte (Huelva) ha citado a declarar como investigadas a un total de ocho personas que ocupan cargos, respectivamente, en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, el Servicio de Calidad y Dominio Público Hidráulico Regional, el Servicio de Gestión del Dominio Público Hidráulico, y en la mercantil de carácter público Giahsa.

Todo ello en el marco de la causa abierta por el vertido de aguas residuales y fecales que se viene realizando durante años en el paraje protegido de las Marismas de Isla Cristina, procedentes de la barriada ‘Pozo del Camino’, han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Tras los informes remitidos por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y el Instituto Nacional de Toxicología, el juez considera que existirían indicios, en el estado actual del procedimiento, de que la entrada de aguas residuales urbanas se habría estado realizando sin ningún tipo de depuración y de forma continuada, provocando un importante daño a la calidad de las aguas y un riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales del Paraje Natural Marismas de Isla Cristina.

El juez ha citado a declarar a los ocho investigados en la primera semana del próximo mes de noviembre, tratándose en concreto de dos cargos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, cuatro de Giahsa, uno del Servicio de Calidad y Dominio Público Hidráulico Regional, y un último investigado del Servicio de Gestión del Dominio Público Hidráulico.

Al respecto, según fuentes judiciales, por estos hechos acontecidos en Isla Cristina, y otros de similar naturaleza ocurridos en otros 17 municipios de la geografía española, España, según una reciente sentencia del 25 de julio de 2018, ha sido condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), a petición de la Comisión Europea (CE), al pago de la suma de 12 millones de euros, y de 11 millones adicionales por cada semestre de retraso, en la aplicación de las medidas necesarias para dar cumplimiento a las necesarias actuaciones de tratamiento de vertidos de aguas residuales, en los términos del mandato de la sentencia.

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