Dicho documento fue aprobado por la Corporación que dirigía Manuela Carmena el 16 de mayo de 2019, habiendo «prescindido» del procedimiento de evaluación ambiental del Gobierno regional al que obliga la ley, exponen las mismas fuentes.
El Ayuntamiento de Madrid no continuará con la tramitación de la Estrategia de Residuos que aprobó la anterior corporación dirigida por la exalcaldesa Manuela Carmena, al entender que es «nula de pleno derecho» por «prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido».
Según han indicado fuentes municipales a Europa Press, tal y como ha adelantado el diario ‘El Mundo’, la Junta de Gobierno autorizó el pasado jueves 30 de enero el «allanamiento judicial» en el recurso contencioso-administrativo que interpuso la Comunidad de Madrid contra la Estrategia de Residuos de la Ciudad de Madrid 2018-2020.
El pasado 25 de julio la Comunidad de Madrid llevó la Estrategia a los tribunales, mediante un recurso contencioso administrativo, por considerarla «nula de pleno derecho». El 10 de septiembre de 2019, fue admitido a trámite emplazando al Ayuntamiento de Madrid a contestar la demanda.
En respuesta, Corporación que lidera José Luis Martínez-Almeida «desiste de continuar el litigio para sacar adelante un documento que no se ajusta a la legalidad», enfatizan desde el Consistorio.
Para tomar esta decisión, el Área de Medio Ambiente y Movilidad que dirige Borja Carabante atiende a los criterios recomendados por la Asesoría Jurídica municipal, que considera que, dada la normativa vigente y la jurisprudencia existente sobre la materia, el documento sobre el que se arma la Estrategia de Residuos aprobada «es nulo de pleno derecho por prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido».
Las fuentes municipales consultadas llaman la atención en que la Estrategia de Residuos que se aprobó «a diez días» de las elecciones municipales «prescindía totalmente del procedimiento legalmente establecido», de acuerdo con el artículo 47 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al no haberse sometido al procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada, conforme a la Ley de Evaluación Ambiental.
«La consecuencia jurídica derivada del incumplimiento de esta obligación, expresamente señalada en la propia ley, es que carecerán de validez los actos de adopción, aprobación o autorización de los planes, programas y proyectos, o en su caso, cuando proceda la declaración responsable o la comunicación previa relativa a un proyecto que, estando incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley no se hayan sometido a evaluación ambiental, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, puedan corresponder», recoge el citado precepto.
