Díaz Trillo, en respuesta oral a la pregunta del PP sobre la aplicación del canon, ha explicado que con la ampliación del plazo de entrada en vigor de este canon, la Junta ha atendido una demanda planteada por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, que requirió un período adicional a fin de llevar a cabo con plenas garantías la aplicación de este tributo, evitando así una posible doble imposición en aquellos municipios donde ya se cobra.
En esta línea, el titular de Medio Ambiente ha aclarado que la decisión, «cargada de sentido común», de retrasar la entrada en vigor «no va a afectar a los presupuestos y calendarios de construcción de obras, pues es un canon vinculado a una obra determinada». El primer paquete de obras de depuración y saneamiento en Andalucía con valor de 60 millones de euros, mientras se adjudica y se realiza el primer pago, «estaremos entrando en la próxima navidad», según el consejero, «por lo no habrá problemas de financiación», concluye.
Asimismo, el titular de Medio Ambiente ha recordado que esta medida se tomó a finales del pasado año, incluyéndose como una disposición final del Decreto Ley de medidas para potenciar inversiones empresariales de interés estratégico para Andalucía y de simplificación, agilización administrativa y mejora de la regulación de actividades económicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
De este modo, el consejero ha rechazado las críticas efectuadas por la oposición sobre el supuesto afán recaudatorio del canon. En este sentido, Díaz Trillo ha defendido que el nuevo régimen económico del agua persigue los principios de equidad y cohesión territorial entre todos los municipios de Andalucía, insistiendo en que la cuantía del canon se deducirá del actual en aquellos municipios en los que ya está establecido. Además, ha abundado en el escaso impacto que tendrá sobre las economías familiares, señalando a modo de ejemplo que con lo que cuesta una garrafa de 5 litros de agua envasada un ciudadano podría pagar un mes completo de este canon.
El canon de mejora de infraestructuras que fija la Ley de Agua es un tributo finalista, y se destinará exclusivamente a financiar obras de infraestructuras de depuración. Con su generalización, la nueva norma pretende «hacer homogéneo» el precio del agua en todo el territorio y, consecuentemente, la prestación de los servicios del ciclo integral del agua en toda la comunidad. Asimismo, el canon responde al principio de recuperación de costes fijado por la propia Directiva Marco de Aguas.
Por su parte, la diputada del PP, Carolina González Vigo, creen que si el canon es «malo y no se puede aplicar el uno de enero, tampoco se podrá en febrero, marzo o junio». En este sentido, ha señalado que es «evidente» hay problemas de duplicidad y problemas técnicos. Del mismo modo, ha considerado que la decisión de retrasar la aplicación del canon es «política y electoralista, pues al PSOE sólo le preocupa recuperar votos». Por último, la diputada ‘popular’ ha calificado la medida de «injusta e impopular».
En este sentido, el consejero de Medio Ambiente ha lamentado que «quien ha querido una operación política en torno al canon ha sido el PP», añadiendo que «el compromiso para que Andalucía cuente en 2015 con la calidad de agua que merece se va a cumplir».
PLAN DE INFRAESTRUCTURAS
Para materializar el plan de infraestructuras de saneamiento y depuración, el Gobierno andaluz ha declarado como obras de interés de la comunidad las infraestructuras necesarias para completar el mapa de la depuración en Andalucía. El acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta ha cifrado en 300 las infraestructuras que han de acometerse para garantizar el buen estado ecológico de las aguas.
El aplazamiento en la aplicación del canon no repercute en la progresividad de este plan de depuración, que se financiará fundamentalmente a través de esta figura tributaria. Estas actuaciones, para las que se prevé la próxima licitación de un paquete de obras por valor de más de 60 millones de euros, contarán, además de con el citado canon, con otras vías de financiación como los fondos europeos, o los convenios de colaboración que se suscribirán con las entidades supramunicipales, acuerdos estos últimos que se están rematando para que éstas puedan licitar y ejecutar los proyectos para su futura explotación.
ECOticias.com – ep