El conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Gabriel Company, ha pedido este martes al PSIB que no vuelva a utilizar la expresión «basurero de Europa» para referirse a la importación de combustible derivado de residuos puesto que el uso de esta terminología, según su opinión, no daña al Govern del PP sino a la economía de Baleares.
Así se ha manifestado Company en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el socialista Cosme Bonet, quien le ha pedido cuáles son los beneficios del establecimiento de este «basurero» en Son Reus y ha destacado que la sociedad de las islas está convencida de los efectos negativos que tendrá este en la comunidad.
Bonet también ha lamentado que el Govern esté, según su opinión, convirtiendo un servicio público en un negocio y ha remarcado que la imagen turística de las islas puede verse perjudicada por este hecho.
Sin embargo, el conseller le ha replicado a Bonet, quien también ha acusado al Ejecutivo de «prever cobrar más a los mallorquines», de no tener «ni puñetera idea de lo que habla» y ha asegurado que en residuos animales se produce una reducción de una tercera parte de lo que se estaba pagando.
Además, el responsable de Medio Ambiente ha apuntado que el pasado Govern aumento en más de un 40 por ciento esta tarifa y ha criticado que los socialistas reprochen el paso de nuevos camiones por las vías mallorquinas cuando la intensidad viaria media en las principales carreteras ya es elevada.
Company ha sido preguntado también por la modificación del Plan Hidrológico de Mallorca después de que el parlamentario del PSM-IV-ExM y Més per Menorca, Antoni Alorda, haya afirmado que esta modificación se ha llevado a cabo «para extraer agua de acuíferos sobreexplotados».
No obstante, el conseller ha asegurado que será «la gente de Recursos Hídricos la que tenga que autorizar cada uno de los pozos». Por ello, ha considerado que la modificación que se ha llevado a cabo es «perfectamente legal» por lo que ha pedido al diputado del PSM-IV-ExM que «no hable a la ligera» en relación a los estudios del proyecto de ley.
Alorda, por su parte, ha calificado de «auténtico despropósito» lo sucedido con estos dos planes directores. Es, según su opinión, «inconstitucional y una vergüenza parlamentaria», por lo que el conseller ha criticado que pretenda confundir «de forma malintencionada».
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