El presidente de la Sociedade Galega do Medio Ambiente, Luis Lamas, manifestó ayer en el informativo “Bos Días” de la Televisión de Galicia, que la subida del canon que esta empresa pública comenzará a aplicar de facto a partir del próximo 1 de marzo se debe a la reforma del sector energético a nivel estatal y a la consiguiente supresión de las primas a las renovables.
En este contexto, fue tajante al asegurar que “Sogama no es sostenible ni viable si no aplica esta subida”, y ello debido a la caída de los ingresos derivados de la venta de electricidad, que han provocado que la entidad deba incrementar la otra vía que la sostiene, es decir, el canon que cobra a sus clientes, los ayuntamientos.
También explicó que, antes del anuncio del incremento, la tarifa aplicada por esta empresa pública era la más baja de España. A pesar de todo, y tras su instauración, “seguirá encontrándose entre las más baratas”.
En respuesta a los alcaldes que han amenazado con no hacer efectivo el pago si finalmente se consuma la subida del canon, Lamas explicó que, en su mayor parte, se trata de ayuntamientos que “ya no pagaban con anterioridad, pero que, sin embargo, han venido cobrando a sus vecinos por el servicio prestado”, por lo que cabría que preguntarse “a dónde y a qué destinaron ese dinero”. Y como ejemplo puso al municipio de Pontevedra, con una de las tasas más elevadas de Galicia, y ello a pesar de que, desde hace años, solo venía abonando a la empresa un porcentaje del precio al no reconocer el canon único instaurado en el 2004. Tras más de una década de litigios, el ayuntamiento ha sido condenado, en el marco de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, a pagar a Sogama lo adeudado.
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En relación a si la subida cabe o no repercutirla en los vecinos, el presidente respondió que “es una decisión de cada concello”, a lo que añadió que, en todo caso, “estaríamos hablando de un incremento de entre 6 y 12 euros al año por inmueble o, lo que es lo mismo, de 1 euro al mes”. Y aquí mencionó expresamente a la localidad de Vigo, donde su alcalde ya anunció públicamente que supondría 9 euros al año por inmueble, mientras que en otros concellos, como Burela, ascenderá a 6 euros.
Respecto al modus operandi de la Sociedad frente a los concellos morosos, Lamas reiteró que se hará lo que se ha hecho desde siempre, es decir, recurrir a la vía judicial. “Se factura por la prestación de un servicio y, si el cliente no paga, se acudirá al juzgado”, a lo que añadió que “se trata de un precio que establece la ley”.
En cuanto a las posibilidades de retomar el diálogo con los regidores que se oponen a la medida, Lamas recordó que a finales del pasado año se abrió una negociación entre la Fegamp y la Consellería de Medio Ambiente, se tomó una decisión (posponer la subida para el 1 de julio del año en curso) y luego una de las partes (el PSOE), rompió el acuerdo. En este sentido, insistió en que “hay una ley y lo que hay que hacer es cumplirla a partir del 1 de marzo”.
LA UE AVALA PLENAMENTE EL MODELO SOGAMA
Subrayó que el modelo impulsado por la Xunta de Galicia es el “mejor” que existe en la actualidad. Y para reforzar su posicionamiento, se remitió a los países europeos más avanzados (caso de Alemania, Austria, Noruega, Dinamarca, Holanda, … ) que cuentan con altas tasas de reciclaje, pero también de valorización energética, cumpliendo a pies juntillas la normativa comunitaria en la materia.
Enfatizó que la Unión Europea avala plentamente el modelo Sogama, y por ello se remitió al informe ex post elaborado por la Comisión y publicado a mediados del 2012, y en el que se destacan los beneficios que su sistema tiene en el ámbito medioambiental, económico y social.
Es consciente de que los niveles de reciclaje en Galicia no son los deseados, pero “tenemos capacidad de mejora”, de ahí que abogue por seguir trabajando al máximo para que entre todos el reciclaje alcance en nuestra comunidad mayores cotas, lo que, sin lugar a dudas, reportará grandes ventajas en todos los sentidos.
