NO a la gestión ilegal de residuos

En este sentido, Recyclia ha calificado de «paso importante» la sentencia emitida el pasado mes de diciembre por la Audiencia Provincial de Madrid que condenó con hasta cuatro años de cárcel a cuatro personas por la gestión ilegal de residuos de 2.200 frigoríficos, que supuso la emisión a la atmósfera de 3.000 toneladas de CO2 como consecuencia de su desguace.

La plataforma medioambiental Recyclia, que agrupa a las Fundaciones Ecopilas, Ecofimática, Tragamóvil y Ecoasimelec, ha destacado la necesidad de una «política sancionadora contundente» para garantizar una mayor seguridad jurídica a fabricantes y consumidores, tras la primera condena de la justicia española por gestión ilegal de residuos electrónicos, según informa la organización.

En este sentido, Recyclia ha calificado de «paso importante» la sentencia emitida el pasado mes de diciembre por la Audiencia Provincial de Madrid que condenó con hasta cuatro años de cárcel a cuatro personas por la gestión ilegal de residuos de 2.200 frigoríficos, que supuso la emisión a la atmósfera de 3.000 toneladas de CO2 como consecuencia de su desguace.

Esta sentencia se suma a anteriores condenas de seis meses de prisión por robos de equipos en puntos limpios municipales (fundamentalmente en las comunidades autónomas de Madrid y Andalucía).

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Asimismo, la plataforma ha valorado positivamente el endurecimiento de las sanciones y el aumento del control de los flujos de residuos establecido, que se encuentra en proceso de transposición al ordenamiento jurídico y sustituirá al Real Decreto 208/2005. Recyclia aspira así a que afloren los fabricantes que no declaran sus ventas ni pagan por el reciclaje de los productos que comercializan, al freno de los negocios paralelos y a la disminución de los robos de residuos en puntos limpios y las exportaciones ilegales a terceros países.

Por su parte, el consejero delegado de Recyclia, José Pérez, ha asegurado que «la Directiva exige a los productores el cumplimiento de unos objetivos de reciclado del 45% de los aparatos comercializados en 2016 y del 65% en 2019», algo que, según Pérez, «sólo podrán alcanzarse si los fabricantes que asumen su responsabilidad puedan ejercerla en un entorno de igualdad, lo que requiere un marco jurídico que persiga y sancione contundentemente las prácticas contra el medio ambiente y la competencia desleal«.

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