Canarias. Ley del Suelo para que no sea ‘una burla a la ciudadanía’

Ben Magec-Ecologistas en Acción ha solicitado por escrito a la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias la ampliación del plazo de exposición pública de la futura Ley del Suelo a tres meses, así como el desarrollo de un «verdadero» plan de participación que permita llegar a toda la población.

Según explica en una nota, el colectivo ecologista ha hecho esta petición al entender que el procedimiento de participación pública elegido por el Gobierno de Canarias para la Ley del Suelo «contraviene la normativa, pone en riesgo el futuro del territorio y el medio ambiente y, además, es una burla a la ciudadanía».

Para la Federación ecologista, «una norma tan trascendental y compleja no debería tramitarse mediante un procedimiento de información pública al uso», sino que «debería desarrollarse desde el principio mediante un procedimiento de participación ciudadana horizontal y en el que tenga cabida todo el mundo, independientemente de que esté representado en una organización o no, y de su formación técnica».

Los ecologistas recuerdan que así lo establece la Ley que garantiza el derecho a la participación ciudadana en materias relacionadas con el medio ambiente (27/2006), fruto de la transposición de dos Directivas Comunitarias que, a su vez, son la aplicación directa de un convenio internacional, el Convenio de Aarhus.

«En todos ellos se habla de participación como una fórmula que debe garantizar que la ciudadanía pueda opinar libremente, en el momento en el que las opciones estén abiertas, y que las respuestas deben estar siempre motivadas y debidamente justificadas», señala Ben Magec, para añadir que el propio Gobierno de Canarias «aprobó en 2010 la Ley de Fomento a la Participación Ciudadana, que, según su propio preámbulo, pretende situar a Canarias a la vanguardia de este tipo de políticas».

Ben Magec-Ecologistas en Acción manifiesta que la participación ciudadana «no se reduce a aportar opiniones a un texto ya formulado, que parte de un diagnóstico y tiene un objetivo ya prefijado e inamovible, y que además está redactado en un lenguaje técnico difícilmente comprensible para la ciudadanía», que «difícilmente podrá participar en un proceso de información pública de un texto normativo de más de 400 artículos de tal complejidad y en un ridículo plazo de 20 días», apostilla.

«UN ANTICIPO DE DESIDIA».

Para la Federación ecologista, «esta fórmula es un anticipo de la desidia con la que previsiblemente se van a atender todas aquellas sugerencias que vayan en contra del objetivo último de esta Ley», que, a su juicio, es «desregularizar el territorio y eliminar trabas y controles al desarrollo del sector de la construcción».

Los ecologistas indican que se reunieron con la consejera de Política Territorial en dos ocasiones durante el periodo en el que se estaba tramitando esta ley, pero aseguran que en ellas «jamás se informó» del contenido de la misma. En estos encuentros, insistieron en la importancia de que se garantice la participación ciudadana y de que se clarifique «el por qué, el cómo y el para qué» de esta nueva norma, puesto que «de ahí parte el sentido último de su articulado».

El colectivo asegura que el Gobierno de Canarias «no hizo ningún tipo de caso» a sus aportaciones, en las que pedía que se afianzara la moratoria turística, que se garantizaran medidas de fiscalización del cumplimiento de la normativa, que se recuperaran las medidas de protección y contención del crecimiento urbanístico que se habían perdido con la Ley de Armonización y que se garantizara la participación pública con medidas específicas como, por ejemplo, evitar que se expongan los proyectos durante cualquier tipo de periodo vacacional.

Por último, acusan a la consejera de Política Territorial «de repetir que se ha reunido con la Federación y con todo tipo de colectivos, cuando lo cierto es que la mayoría de la sociedad canaria ha quedado al margen de la fase de diagnóstico y de la decisión de la finalidad de la Ley». Además, Ben Magec- Ecologistas en Acción reitera que sus propuestas «fueron en su totalidad desoídas, como pone de manifiesto este vergonzoso periodo de exposición pública».

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