MAGRAMA dice NO a una ‘amnistía general’ para construcciones irregulares en la costa canaria

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha asegurado que «no es asumible para el Gobierno» la «amnistía general» que ha solicitado la comunidad autónoma de Canarias de cara a la reforma de la Ley de Costas.

   Cañete ha explicado, durante su intervención en el Pleno del Senado, que existen «12 casos en toda España» en los que se ha optado, en la ley, por excluir del dominio público. Son «algunos núcleos de vivienda, que son totalmente urbanizados. Terrenos que han perdido sus características naturales de espacio y de litoral suscepible de protección ambiental», ha apuntado.

   Así, ha indicado que desde los partidos políticos canarios «no ha habido ni una sola petición de exclusión de un lugar concreto», presentado con «documentación», sino «una reivindicación general de amnistía en situaciones irregulares» que, a su juicio, «no es asumible porque no es el objetivo de esta reforma ni de un Gobierno en un Estado de derecho».

   El senador del Grupo Mixto en la Cámara Alta, Narvay Quintero, ha expuesto al ministro de Medio Ambiente que la reforma de la Ley de Costas, «pese a las buenas intenciones», «no aportan nada nuevo desde el punto de vista de la protección en Canarias». En este sentido, ha denunciado que «no se ha considerado la singularidad» del archipiélago y que, en su opinión, no encaja en un marco normativo estatal.

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   Ante estas declaraciones, Cañete ha explicado que «cuando entró en vigor la ley de 1988 había núcleos costeros de población que no estaban calificados formalmente como urbanos, pero que reunían las condiciones requeridas para ello, porque contaba con servicios obligatorios, como acceso rodado, abastecimiento de agua o energía eléctrica». «Sin embargo, se les aplicó una zona de servidumbre de 100 metros para espacios no urbano, en vez de los 20 metros propios de los núcleos urbanos con el consiguiente perjuicio injustificado desde el punto de vista del litoral», ha apuntado.

   En este sentido, ha añadido que el Gobierno «ha afrontado este problema aportando una solución razonable y realista a la justa reivindicación histórica de canarias que se había concretado en distintas iniciativas legislativas, frustradas hasta ahora, tendentes a reducir la zona de servidumbre de protección en estas zonas».

   Así, ha indicado que el proyecto establece requisitos más flexibles que los de la Ley de Costas del 88 para resolver el problema de los núcleos urbanos no clasificados. «Es más, son más flexibles que los de la ley canaria», ha señalado.

   Además, ha indicado que el Gobierno «ha tenido muy presentes las singularidades de los núcleos costeros de Canarias», en relación a la elaboración del proyecto de ley. Y, en este sentido, le ha recordado que el PP ha presentado en el Senado una enmienda «que permite regular con mas precisión los requisitos para que estos núcleos de población se acojan a la posibilidad de aplicación del régimen de la zona de servidumbre de protección».

ECOticias.com – ep

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