El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la reforma presentada por el Gobierno a la Ley de Costas de 1988 con la aprobaciĆ³n de las enmiendas introducidas por el PP en el Senado. Esta norma entrarĆ” en vigor al dĆa siguiente de su publicaciĆ³n en el B.O.E., prevista en los prĆ³ximos dĆas.
Ā Ā El trĆ”mite parlamentario se iniciĆ³ en diciembre, cuando el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias CaƱete, defendiĆ³ en el Pleno del Congreso que la Ley de Costas de 1988, que se reforma en este texto, no respondĆa a los fines y objetivos que pretendĆa (mantener y conserva el litoral), ademĆ”s de haber fomentado un marco de inseguridad jurĆdica para los propietarios y titulares de derechos en la costa.
Ā Ā En aquel momento, PSOE, IU-ICV-CHA, UPyD, ERC y CompromĆs-Equo, pidieron en sus enmiendas a la totalidad que el texto fuera devuelto al Gobierno, aunque sin Ć©xito, puesto que fueron rechazadas. Ya en febrero, la ComisiĆ³n de Medio Ambiente del Congreso aprobĆ³ esta reforma con el apoyo del PP, la abstenciĆ³n de CiU, y el voto de la oposiciĆ³n. Esta votaciĆ³n se repitiĆ³ en la ‘segunda fase’ del trĆ”mite parlemantario, ya en el Senado, el pasado 24 de abril.
SE INCORPORA LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMĆTICO
Ā Ā Este jueves en el Congreso se han ratificado las enmiendas presentadas en la CĆ”mara Alta. Todas ellas han contado con el voto a favor del PP y la abstenciĆ³n o voto en contra de la oposiciĆ³n, salvo en materia de cambio climĆ”tico, que ERC ha apoyado a los ‘populares’.
Ā Ā Se trata de la primera vez que se plantea en la Ley de Costas incorporar una regulaciĆ³n especĆfica para luchar contra el cambio climĆ”tico en la costa espaƱola, ademĆ”s de que impone al Ministerio de Medio Ambiente la obligaciĆ³n de elaborar una estrategia para la adaptaciĆ³n de la costa a los efectos del cambio climĆ”tico de cara a mitigarlos.
Ā Ā SegĆŗn ha defendido Arias CaƱete este jueves en el Congreso, esta Ley tiene como primer objetivo la protecciĆ³n medioambiental de la costa, diferenciando entre los tramos urbanos y naturales de las playas, preservando las playas vĆrgenes al limitar en ellas tanto las ocupaciones como las actividades, y aumentando en todo caso su protecciĆ³n.
Ā Ā Se prohĆben tambiĆ©n nuevas edificaciones en el litoral, tanto en el dominio pĆŗblico marĆtimo terrestre (ribera del mar y de las playas), como en su zona adyacente de servidumbre de protecciĆ³n. Se mantiene la prohibiciĆ³n de la edificaciĆ³n residencial en la costa, y se refuerza con mecanismos especĆficos preventivos, prohibiendo tambiĆ©n que las obras de mejora impliquen aumentos de tamaƱo, altura o superficie.
Ā Ā Igualmente, excluye nĆŗcleos de poblaciĆ³n (no los amnistĆa porque ya eran legales) del domino pĆŗblico terrestre porque son terrenos de nĆŗcleos urbanos, habitados desde antes de 1988, que afectan en su mayorĆa a viviendas sencillas de barriadas populares, no a hoteles o empresas.
Ā Ā En concreto, el proyecto de ley excluye del dominio pĆŗblico marĆtimo terrestre un total de 12 municipios: el poblado marĆtimo de Xilxes (CastellĆ³n), MoaƱa (Pontevedra); Serra Grossa (Alicante); Puerto de Santa Pola (Alicante); Empuriabrava (Gerona); Playa de Aro (Gerona); RĆa Punta UmbrĆa (Huelva); CaƱo del Cepo y el casco urbano de Isla Cristina (Huelva); Pedralejo (MĆ”laga) y El Palo (MĆ”laga).
Ā Ā Ā Desde CoaliciĆ³n Canaria, la diputada Ana Oramas ha criticado que el archipiĆ©lago no aparezca en ningĆŗn momento en la ley, a la vez que se ha preguntado por quĆ© sĆ³lo se han excluido esos 12 municipios y no se ha tenido en cuenta a Canarias, un argumento que considera suficiente para rechazar la ley, aparte de que cree que esta reforma no protege la costa.
ANCHURA DE SERVIDUMBRE
Ā Ā AdemĆ”s, en esta reforma se mantiene la anchura de la servidumbre de protecciĆ³n en 100 metros y Ćŗnicamente se especifica cĆ³mo se aplica la regla especial de los 20 metros, ya prevista en la Ley de 1988. Eso sĆ, se prohĆben expresamente nuevas edificaciones en estas Ć”reas.
Ā Ā SegĆŗn puntualiza Medio Ambiente, la reducciĆ³n de la servidumbre sĆ³lo se podrĆ” producir respecto de nĆŗcleos costeros que antes de 1988 tuvieran un carĆ”cter urbano, segĆŗn unos requisitos marcados en la disposiciĆ³n transitoria primera de la Ley, y solamente para el nĆŗcleo delimitado. Por tanto, defiende que no se podrĆ”n autorizar nuevas construcciones dentro de los nĆŗcleos delimitados. Ā«Es decir, se solucionan problemas antiguos no resueltos en 1988, sin que implique permitir un solo edificio mĆ”s en la costaĀ», justifica.
Ā Ā En cuanto los chiringuitos, la Ley mantiene los usos permitidos y prohibidos en el dominio pĆŗblico marĆtimo terrestre y Medio Ambiente seƱala que se les darĆ” mĆ”s seguridad, en cuanto a plazos y condiciones de la concesiĆ³n, a la vez que se les exigirĆ” mĆ”s en tĆ©rminos de ordenaciĆ³n y cuidado de las playas. Ā
Ā Ā Sobre las concesiones, se prorrogan las concesiones de los propietarios de viviendas situadas en la playa antes de 1988, hasta un mĆ”ximo de 75 aƱos. Durante la concesiĆ³n y sus prĆ³rrogas se debeĀ garantizar la conservaciĆ³n de la costa y, ademĆ”s, se va a exigir a los empresarios la corresponsabilizaciĆ³n en esa conservaciĆ³n del domino pĆŗblico.
Ā Ā Este es uno de los puntos que mĆ”s polĆ©mica ha suscitado entre los nacionalistas gallegos del BNG, puesto que se ha prorrogado la licencia a la empresa ENCE, situada en la rĆa de Pontevedra que, segĆŗn insisten, es contaminante.
NOVEDADES DE LA LEY
Ā Ā Sobre este punto la reforma incluye tambiĆ©n el hecho de que el Estado recupere la competencia a la hora de conceder una prĆ³rroga a las industrias situadas en el litoral, que antes pertenecĆa a las comunidades autĆ³nomas.
Ā Ā La normativa contempla tambiĆ©n la posibilidad de celebrar eventos de interĆ©s general con repercusiĆ³n turĆstica en algunos tramos de playa y que se puedan permitir los usos comerciales y de restauraciĆ³n en la zona de servicio portuaria, donde se prohĆben las edificaciones para residencia o habitaciĆ³n.
Ā Ā Desde el PSOE e ICV, sus portavoces parlamentarios han anunciado que estĆ”n estudiando presentar un recurso en contra de esta ley ante el Tribunal Constitucional, al considerar que vulnera varias directivas europeas, tratados internacionales, aparte de carecer de una memoria econĆ³mica y favorecer la privatizaciĆ³n de la costa, que llevĆ³ a EspaƱa al ‘boom inmobiliario’ y consecuente crisis econĆ³mica.
Ā Ā Ambos coinciden igualmente en que esta normativa podrĆa vulnerar el artĆculo 132 de la ConstituciĆ³n, relativo al rĆ©gimen jurĆdico de los bienes de dominio pĆŗblico.
Ā Ā Del lado nacionalista, tanto MartĆ BarberĆ de CiU, como Joseba Agirretxea del PNV, han coincidido al resaltar que las enmiendas presentadas en el Senado a la normativa suponen una invasiĆ³n de competencias.
OPOSICIĆN DE LOS ECOLOGISTAS
Ā Ā Desde el primer momento su tramitaciĆ³n la ley ha contado con la oposiciĆ³n de los grupos ecologistas quienes han tachado este dĆa de Ā«dueloĀ» al haberse aprobado la Ley que, a su juicio, no tiene Ā«ningĆŗn espĆritu de protecciĆ³nĀ».
Ā Ā Precisamente, este mismo jueves por la maƱana, justo cuando comenzaba el debate de las enmiendas del Senado sobre esta ley un grupo de activistas de Greenpeace se han encaramado al techo del Congreso para protestar contra la normativa y han llegado a mostrar una pancarta en la que se podĆa leer ‘El PP vende nuestras costas’. La protesta se ha saldado con ocho detenidos.
ECOticias.com – ep