El proyecto de ley de movilidad sostenible en Canarias plantea un nuevo derecho colectivo y una planificación conjunta del transporte terrestre, marítimo y aéreo.
La movilidad sostenible en Canarias vuelve a cobrar relevancia tras la propuesta de un proyecto de ley que plantea coordinar los desplazamientos entre las islas, situando las necesidades de los ciudadanos en el centro de la planificación. Ir al trabajo, acceder a servicios de otras islas o simplemente viajar por placer ya no será un problema para los canarios.
Según el Gobierno de Canarias, la propuesta de ley busca conectar los instrumentos municipales e insulares que hasta ahora carecían de una relación coordinada, facilitando los desplazamientos entre las islas. El texto ha recibido el respaldo del Ejecutivo y deberá continuar su tramitación parlamentaria antes de convertirse en ley.
A continuación, analizaremos el proyecto desde su utilidad cotidiana: la combinación de los medios de transporte, el acceso a la información y la participación ciudadana. Con este enfoque se entenderá mejor por qué una correcta planificación del territorio implica desplazamientos más accesibles, seguros y con menor impacto ambiental.
Movilidad sostenible en Canarias
El Consejo de Gobierno de Canarias ha remitido este lunes al Parlamento el proyecto de ley de movilidad sostenible, que reconoce esta como un nuevo derecho colectivo y establece una planificación coordinada del transporte terrestre, marítimo y aéreo.
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha explicado tras el Consejo de Gobierno que la iniciativa permitirá coordinar los instrumentos de planificación municipales e insulares, que hasta ahora existían sin una relación entre ellos, según ha señalado.
El proyecto regula los desplazamientos de personas y bienes, los servicios de movilidad y sus infraestructuras bajo criterios de sostenibilidad social, económica y ambiental, adaptados a las particularidades territoriales, económicas y sociales del archipiélago.
El derecho colectivo a la movilidad sostenible se vincula al acceso a bienes y servicios en condiciones adecuadas, dignas y seguras, con el menor impacto ambiental y social posible, ha explicado Rodríguez.
También comprende el acceso a información suficiente para elegir los medios y servicios de transporte más adecuados y la participación ciudadana en las decisiones sobre los sistemas de movilidad.
El proyecto de ley aborda conjuntamente el transporte aéreo, marítimo y terrestre para favorecer su combinación en los desplazamientos dentro de cada isla, entre islas y con el exterior, además de integrar las políticas de transporte, territorio y urbanismo.
Pablo Rodríguez ha defendido una planificación que abarque desde los municipios hasta el conjunto del archipiélago, pasando por las ocho islas, mediante instrumentos jerarquizados y una mayor coordinación entre las administraciones competentes.
La futura Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de Canarias determinará los objetivos y prioridades ambientales y fijará principios y criterios vinculantes para elaborar los planes insulares, supramunicipales y municipales, según detalla el Ejecutivo en un comunicado.
Los planes insulares definirán los sistemas de movilidad de cada isla y serán vinculantes para la planificación de ámbito inferior, mientras que los supramunicipales se plantearán cuando exista una interacción relevante entre dos o más municipios por motivos laborales, comerciales o de servicios.
Los municipios de más de 20.000 habitantes deberán disponer de planes de movilidad urbana sostenible, una obligación que también alcanzará a los de menor población que presten voluntariamente servicios de transporte urbano colectivo.
La interoperabilidad y la digitalización constituyen otro ámbito de actuación, con proyectos piloto y mecanismos automatizados para facilitar el intercambio de datos y el acceso ciudadano a información sobre los servicios de transporte.
Rodríguez ha afirmado que la iniciativa sitúa a Canarias entre las primeras comunidades autónomas que plantean una regulación integral de la movilidad sostenible y ha confiado en que el debate parlamentario permita mejorarla.
