Las organizaciones reclaman un registro público de propietarios reales y medidas contra los pabellones de conveniencia para perseguir las actividades de pesca ilegal y proteger a quienes cumplen con las normas.
Combatir la pesca ilegal exige que se tenga conocimiento de quién controla los buques y obtiene los beneficios que estos generan. Con ello en mente, Oceana y otros representantes de la sociedad civil le han reclamado recientemente a la Mesa del Congreso la reactivación del Proyecto de Ley de Control, Inspección y Régimen Sancionador de la Pesca Marítima.
Lo hacen porque consideran que la reforma puede ofrecer una oportunidad a la hora de reforzar la transparencia y de facilitar la identificación de quienes se dedican a las actividades de pesca ilegales. Para ello proponen la creación de un registro público que permita la clara identificación de los titulares reales de las embarcaciones.
Esta información, dice Oceana, sería muy útil para relacionar la actividad pesquera con quienes se benefician de ella y la controlan. De esta forma se mejoraría la capacidad de las autoridades cuando deban investigar incumplimientos y se pueden exigir responsabilidades. El debate parlamentario deberá concretar qué obligaciones de transparencia y qué herramientas de control incorpora finalmente la ley.
Por una pesca transparente y controlada
Oceana y otros representantes de la sociedad civil reclaman a la Mesa del Congreso de los Diputados que desbloquee la tramitación del Proyecto de Ley de Control, Inspección y Régimen Sancionador de la Pesca Marítima. La reactivación de la norma es una oportunidad clave para combatir la pesca ilegal, sancionar a aquellos que se beneficien de ella y evitar la opacidad del sector.
Ante la actual ausencia de una normativa nacional que exija la identificación de la titularidad real de las embarcaciones pesqueras, las organizaciones reclaman de forma perentoria que se aumente la transparencia en el sector.
Para ello, piden que se conforme un registro público que permita conocer quién pesca, dónde lo hace y quién se beneficia de esa actividad, identificando a los titulares reales de los buques, incluso si operan en terceros países. Esta medida ayudaría a las autoridades españolas a perseguir a quienes incumplen con la normativa vigente y perjudican a los pescadores que sí operan y trabajan conforme a la ley.
‘La tramitación de este Proyecto de Ley es urgente. España necesita un marco legal actualizado y alineado con la normativa europea que permita reforzar la transparencia del sector, garantizar la sostenibilidad de los recursos pesqueros y asegurar unas condiciones justas para pescadores y operadores’. afirma Vera Coelho, directora ejecutiva y vicepresidenta de Oceana en Europa.
Basta de pabellones de conveniencia
Otra de las prioridades que las organizaciones han manifestado es que esta ley acabe de una vez por todas con el uso de los pabellones de conveniencia, que es una práctica que permite registrar embarcaciones de pesca que pertenecen a propietarios europeos en otros países que tienen controles más laxos u ofrecen ventajas fiscales.
Esta situación favorece la opacidad de la pesca en general y crea una competencia desleal con los buques que operan bajo bandera española o de otros países europeos, que están sometidos a normas más estrictas.
Según un informe reciente de Oceana, al menos 73 buques de propiedad española operaban bajo pabellones de conveniencia o en países que habían sido señalados por la Unión Europea por su falta de cooperación fiscal o por no actuar adecuadamente contra la pesca ilegal.
Oceana considera que el Proyecto de Ley que fue presentado por el Gobierno en el Congreso hace un año representa una oportunidad única e ineludible para dotar de seguridad jurídica al conjunto del sector pesquero.
