El Contrato Social Verde reúne las propuestas de Greenpeace para el 29 de noviembre: vivienda digna, energía renovable, transporte público y una fiscalidad que haga pagar y reparar a quienes contaminan.
¿Qué es el Contrato Social Verde de Greenpeace?
El Contrato Social Verde de Greenpeace lleva al debate electoral una exigencia que no suele gustarles a los que separan bienestar de medio ambiente: la vivienda, la energía y la alimentación forman parte de una misma discusión que va sobre derechos y prioridades económicas.
La organización ha enviado sus propuestas a los partidos políticos ante las elecciones generales que se llevarán a cabo el 29 de noviembre. Reclama que se debe afrontar de forma conjunta la degradación ambiental, la precariedad cotidiana y la dependencia de los combustibles fósiles.
Su planteamiento merece un examen a conciencia con el fin de preguntar: ¿qué medidas propone?, ¿cómo distribuiría sus beneficios? y ¿qué cambios debería realizar el próximo Gobierno? Proteger las condiciones básicas de vida requiere de la aplicación de políticas ejecutables, capaces de frenar el deterioro y reducir desigualdades.
El Contrato Social Verde conecta la vivienda, la energía y el poder adquisitivo
Greenpeace defiende una vivienda accesible, eficiente y preparada frente a fenómenos extremos. Su diagnóstico cuestiona un modelo que, según explican, convierte las necesidades esenciales en oportunidades de negocio para una minoría que es la única que se beneficia.
La propuesta energética del Contrato Social Verde apuesta por las renovables, la eficiencia y la suficiencia, con autoconsumo compartido, comunidades energéticas, redes inteligentes y almacenamiento como bases de la gestión energética.
El objetivo es ampliar el acceso de la población a una energía que resulte asequible y reducir la exposición a los cambios geopolíticos y su influencia sobre los combustibles fósiles importados.
El ejemplo práctico está en rehabilitar viviendas y compartir generación renovable: reducir necesidades energéticas puede aliviar facturas y exposición al calor. Mantener a salvo a los hogares más vulnerables debería ser la prioridad, en vez de dejarlos a un lado aplazando la aplicación de soluciones que agravan una indefensión que es manifiestamente evitable.
Fiscalidad y territorio: cuestionar los incentivos que alimentan la degradación
El Contrato Social Verde reclama una reforma tributaria basada en «quien contamina paga y repara». Greenpeace propone aumentar la contribución de grandes corporaciones contaminantes y fortunas, y eliminar subvenciones que favorezcan daños ambientales o dependencia fósil.
En el medio rural, plantea apoyar la agricultura familiar, la agroecología y la ganadería extensiva, con una meta del 100 % de producción ecológica en 2050. También defiende la pesca artesanal, el relevo generacional y la compra pública sostenible.
El agua ocupa otro frente que resulta decisivo: la gestión pública, un mínimo vital gratuito, el cierre de pozos ilegales y una agricultura ajustada a los recursos disponibles son las bases de la gestión hídrica que proponen.
Combatir el robo de agua exige actuar sobre las extracciones ilícitas y los usos (como pasa habitualmente en Doñana), además de restaurar los acuíferos y recuperar los ecosistemas.
Adaptación y democracia frente a la fragilidad social
Greenpeace propone una Agencia Estatal de Emergencias Ambientales, refugios climáticos públicos y estándares laborales obligatorios frente al calor. El Contrato Social Verde sitúa la prevención como una responsabilidad pública ante riesgos que pueden desembocar en tragedia.
En movilidad, plantea transporte público seguro e inclusivo, abono único, electrificación y mejores conexiones ferroviarias. Son propuestas que deberán concretarse en financiación, cobertura territorial y servicios fiables para evitar que la falta de alternativas profundice la exclusión.
La organización también reclama participación ciudadana, control democrático de las grandes tecnológicas y protección de las normas ambientales. La rendición de cuentas debe acompañar cualquier transformación: el éxito se comprobará en derechos garantizados, emisiones reducidas y ecosistemas conservados.
