Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y Perú son naciones que piden a los más poderosos que dejen tanta burocracia y se impliquen más (y con más recursos en forma de financiación climática) para hacer frente al cambio climático.
América Latina tiene por delante que enfrentarse a una paradoja a la que no le valen ni más excusas ni más justificaciones: cada vez se tienen que endeudar más para protegerse de una crisis climática que no ha provocado.
Es decir, para combatir sequías, inundaciones, olas de calor y otros efectos del calentamiento global, los países más vulnerables tienen que poner cada vez más dinero como se ha denunciado por parte de Panamá en la celebración de la COP31, donde ha reclamado un cambio urgente en las reglas del dinero climático.
«No podemos hacer nuestra adaptación por medio de préstamos». La frase de Ana Aguilar, jefa negociadora de Panamá sobre cambio climático y presidenta de AILAC, resume el problema. En en este sentido, ha advertido de que las condiciones actuales de financiación «están dificultando que los países con menos recursos puedan prepararse para los impactos climáticos que ya están sufriendo».
America Latina dice la verdad sobre la financiación climática
La denuncia pone la mirada en una de las grandes contradicciones de la lucha contra el calentamiento global: los países ricos se ponen a reclamar que haya más compromisos ambientales y se vayan rebajando las emisiones contaminantes, pero las naciones con economías más ajustadas tienen más problemas para tener el dinero necesario para proteger a sus habitantes.
La adaptación climática no es una cuestión secundaria; por mucho que algunos se empeñen en vestirla de esta manera. Significa construir infraestructuras que puedan resistir las embestidas de las inundaciones, proteger las ciudades frente a temperaturas extremas, garantizar el suministro de agua cuando no haya lluvias y preparar a las comunidades y a sus habitantes cuando es el turno de unos acontecimientos meteorológicos cada vez más peligrosos y que suceden de manera más frecuente.
Pero estas actuaciones requieren inversiones como es normal que haya una financiación climática, y que esta sea además millonaria. Y si el dinero llega mediante créditos, los gobiernos deben elegir entre asumir más deuda o renunciar a proyectos fundamentales para proteger a su población.
Aguilar advierte de que esta situación dificulta incluso convencer a los ministerios de Economía y Finanzas para que acepten nuevas obligaciones financieras. El problema es especialmente grave cuando se trata de países que ya cuentan con importantes limitaciones presupuestarias.
La financiación climática existe, pero tiene que llegar donde se necesita
La negociadora panameña también ha puesto sobre la mesa las dificultades para acceder al Fondo Verde para el Clima, uno de los principales instrumentos internacionales destinados a financiar proyectos contra el calentamiento global.
Panamá, según explicó, todavía no ha conseguido acceder a estos recursos. Y ahí aparece otro obstáculo: no basta con anunciar millones de euros o dólares en las cumbres internacionales si después los procedimientos administrativos, los requisitos técnicos y la burocracia impiden que el dinero llegue a quienes lo necesitan.
Por eso, AILAC reclama simplificar los mecanismos de acceso y reforzar las capacidades técnicas de las administraciones. Los fondos deben ser accesibles, no convertirse en una carrera de obstáculos que solo puedan superar los países con más medios.
Los países ricos también tienen que responder por sus promesas
La adaptación climática no es una cuestión secundaria. Significa construir infraestructuras capaces de soportar inundaciones, proteger las ciudades frente a temperaturas extremas, garantizar el suministro de agua durante las sequías y preparar a las comunidades para fenómenos meteorológicos cada vez más peligrosos.
La crítica va de manera directa a los culpables, las economías desarrolladas. Aguilar ha reclamado mecanismos que permitan exigir responsabilidades a los países que prometieron movilizar financiación climática, especialmente ante la ausencia de Estados Unidos y las reticencias de la Unión Europea a incrementar sus aportaciones.
También ha defendido que el sector privado debe participar más activamente y no quedarse solo en mensajes que se lleva el viento y que solo sirven para limpiar su imagen. Los compromisos internacionales, recuerda, no significan que todo el dinero tenga que salir exclusivamente de los presupuestos públicos.
La AILAC, integrada por Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y Perú, reclama que la adaptación climática genere inversiones, oportunidades económicas y empleos sostenibles para las comunidades vulnerables. «La realidad es que esto no está funcionando», dice Aguilar.
La negociadora reclama que la cumbre establezca una hoja de ruta clara para reducir al mínimo el tiempo durante el que la temperatura mundial supere los 1,5 ºC y conseguir que vuelva a situarse por debajo de ese límite cuanto antes.
El problema es que las promesas climáticas siguen chocando con una realidad incómoda: quienes necesitan protegerse no siempre tienen dinero y quienes se comprometieron a proporcionarlo no están garantizando que llegue. Mientras tanto, las consecuencias del calentamiento global no esperan a que terminen las negociaciones.
