Las promesas de los gobiernos desarrollados chocan con una realidad en forma de inundaciones, sequías y olas de calor que van más rápido que esos fondos económicos.
Los países ricos dejan tirados a los más vulnerables a los que siempre les prometen recursos y gracias a la ONU se ha podido destapar el agujero millonario de la financiación climática.
Los países desarrollados llevan años poniéndose medallas y diciendo que se comprometen con el cambio climático, pero cuando llega el momento de poner el dinero encima de la mesa las cifras cuentan otra historia y al final ese montante no aparece por ningún lado y no llega donde más se necesita.
No hay tal financiación climática como dicen
Los países más pobres precisan cientos de miles de millones de dólares para protegerse de inundaciones, sequías, incendios y olas de calor, pero los que tienen más poder económico no responden a esas demandas y les dan muchísimo menos de lo que sería justo.
«El resultado es una brecha financiera que amenaza con dejar desprotegidas a millones de personas precisamente en los territorios que menos recursos tienen para afrontar la crisis climática», como se denuncia en el Informe sobre la Brecha de Adaptación 2026 del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), publicado ayer mismo.
El documento pone cifras a una contradicción internacional: los países en desarrollo necesitarán alrededor de 305.000 millones de dólares anuales en 2035 para adaptarse al calentamiento global, pero la financiación pública internacional procedente de los países desarrollados apenas alcanzó entre 28.200 y 31.700 millones en 2024.
La diferencia es desoladora y demoledora ya que la cantidad que reciben es irrisoria y apenas es un 10% de lo que necesitan. Y es no es lo más preocupante: la financiación climática solo se incremento unos 1.000 millones de dólares (para ellos peccata minuta) entre los años 2023 y 2024. Es decir, mientras crecen los riesgos climáticos, los recursos destinados a prevenir sus consecuencias apenas se incrementan y lo que es peor, no se reparten.
Los principales señalados son los gobiernos de los países ricos, responsables de movilizar buena parte de la financiación internacional y de cumplir los compromisos adquiridos.
En 2021, el Pacto Climático de Glasgow se puso como fin el doblar la financiación para adaptación hasta alcanzar aproximadamente 40.000 millones de dólares anuales en 2025. Sin embargo, eso se quedó en Escocia ya que no ha mejorado nada.
Tampoco basta con la promesa posterior. En la COP30, celebrada en Belém (Brasil) en noviembre de 2025, los países acordaron impulsar la financiación para adaptación hasta triplicarla en 2035. Pero incluso si se cumple esa aspiración, el dinero disponible cubriría únicamente entre el 20% y el 29% de las necesidades de los países en desarrollo. Más de siete de cada diez dólares necesarios seguirían sin aparecer.
Y las consecuencias ya tienen una traducción económica y humana. Las inundaciones destruyen viviendas y cultivos, las sequías comprometen el abastecimiento de agua y la producción de alimentos y las temperaturas extremas obligan a reforzar infraestructuras sanitarias y redes eléctricas.
Cada retraso en la financiación se traduce en una peor y menor protección frente a los desastres y mayores pérdidas para comunidades que, para más inri, apenas son las causantes del problema mundial del cambio climático.
El agujero también aparece cuando se habla de compensar los daños que ya no pueden evitarse. El Fondo para responder a Pérdidas y Daños recibió solicitudes por valor de 2.800 millones de dólares en su primera convocatoria, pero únicamente disponía de 342 millones. La demanda multiplicó por ocho los recursos disponibles.
Hay alternativas que empiezan a crecer: la financiación canalizada mediante bancos multilaterales y la cooperación entre países en desarrollo pasó de 3.800 millones de dólares en 2019 a 9.600 millones en 2024. Pero no sustituye la responsabilidad de quienes deben aportar más recursos.
La próxima COP31, que se celebrará del 9 al 20 de noviembre de 2026 en Antalya (Turquía), tendrá que enfrentarse a esta realidad. El problema ya no es solamente fijar objetivos, sino explicar quién va a pagarlos y cuándo llegará el dinero.
Porque los países ricos pueden permitirse aplazar sus compromisos en una negociación diplomática. Las comunidades que pierden sus casas, sus cosechas o el acceso al agua no pueden esperar ni aplazar unas consecuencias tan negativas para ellos.
