Greenpeace ha denunciado que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) «está acelerando» los trámites para que el Gobierno central pueda dar en los «últimos días» de la legislatura la autorización para la reapertura de la central nuclear de Garoña, ubicada en Burgos pero muy próxima a Álava. La organización ecologista ha afirmado que esta situación se produce tras la «ruptura» de la neutralidad del CSN por la «imposición» de un tercer consejero propuesto por el PP.
Esta organización ha alertado este viernes, a través de un comunicado, de que el CSN está impulsando la publicación de un informe condicionado sobre la licencia hasta 2031 de Garoña.
El objetivo, según ha advertido, es que el Ministerio de Industria «pueda dar, en los últimos días de gobierno» la autorización para que Nuclenor (la empresa propietaria de Garoña, participada a partes iguales por Iberdrola y Endesa) pueda reabrir la central nuclear, que lleva varios años inactiva.
RECLAMAR PÉRDIDAS
Greenpeace ha explicado que, de esa forma, si tras las elecciones generales del 20 de diciembre el próximo Gobierno decidiera desmantelar la planta, la empresa «podría reclamar pérdidas por lucro cesante».
«El pleno del CSN, sin unanimidad, está permitiendo que Garoña opere hasta los 60 años de antigüedad para permitir que el Ministerio de Industria conceda una licencia a esta central nuclear en el tiempo de descuento de esta legislatura», ha denunciado.
Greenpeace ha afirmado que el Consejo de Seguridad Nuclear «tras la imposición de un tercer consejero propuesto por el Partido Popular, que fue rechazado por el Parlamento, rompiendo la neutralidad del organismo regulador, ha acelerado el proceso este mes, dada la proximidad de las elecciones».
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