La ONU reclama más ambición y solidaridad mientras las delegaciones que asisten a la COP31 siguen divididas sobre el futuro energético y la protección de los ecosistemas.
Mucho discurso verde, muchas promesas y, cuando llega el momento de tomar decisiones, los mismos bloqueos de siempre. La COP31 se acerca a su desenlace con las negociaciones prácticamente encalladas y una cuestión que vuelve a demostrar hasta dónde están dispuestos a llegar los gobiernos: abandonar los combustibles fósiles.
El petróleo y el gas siguen siendo una línea roja para numerosos países y el acuerdo que debería marcar el rumbo de la transición energética amenaza con quedarse, una vez más, en una declaración de buenas intenciones.
Las discrepancias se han intensificado en las últimas horas. Uno de los principales escollos es precisamente el compromiso de abandonar los combustibles fósiles. Pero tampoco hay consenso sobre cómo electrificar los sistemas energéticos.
Aunque existe cierto acuerdo para elevar el peso de la electricidad en el consumo energético mundial del 23% actual al 35% en 2035, el problema está en determinar de dónde procederá esa energía. La Unión Europea defiende que el crecimiento se apoye exclusivamente en fuentes renovables, una postura que no encuentra suficientes respaldos fuera del continente.
La COP31 no deja nada claro
La paradoja es evidente y hasta resulta cómica, por no decir triste, y es que los gobiernos reconocen la urgencia climática, pero siguen sin ponerse de acuerdo sobre cómo reducir la dependencia de los combustibles que alimentan el problema. Y mientras las delegaciones negocian porcentajes y matices, los efectos del calentamiento global no esperan a que se cierre un documento.
La dimensión social también ha ocupado el debate. La jornada de este miércoles se ha centrado en el desarrollo humano y la desigualdad climática. Sinja Buri, experta de la Universidad de las Naciones Unidas en Bonn, ha recordado que las crisis ambientales no afectan por igual a toda la población. Mujeres embarazadas, personas con discapacidad y comunidades indígenas sufren de forma desproporcionada las consecuencias de las emergencias climáticas. Una realidad que vuelve a poner sobre la mesa otra contradicción: quienes menos responsabilidad tienen en muchas ocasiones son quienes más sufren sus consecuencias.
También ha habido espacio para las advertencias institucionales. El presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, Khalilur Rahman, ha reclamado «más ambición y solidaridad» y ha criticado que la naturaleza y la biodiversidad sigan tratándose como recursos explotables. Incluso ha comparado la movilización económica necesaria frente al cambio climático con los recursos destinados a combatir la pandemia o con el gasto militar mundial.
Pero una de las intervenciones más contundentes ha llegado desde Panamá. Su ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, ha acusado a los grandes productores de petróleo de actuar como una «mafia» que impone un modelo de crecimiento «interminable, ilimitado y sin fronteras». Su discurso, recibido con una ovación de un minuto, ha reclamado un cambio radical en el funcionamiento de las cumbres climáticas.
Mientras tanto, España y Francia han pedido acelerar la ratificación del Tratado Global de los Océanos (BBNJ) para proteger las aguas internacionales de actividades abusivas o ilegales de pesca y minería submarina.
La imagen más amable de la jornada la ofrece el Jardín de Mariposas Tropicales instalado en la cumbre, un espacio para el descanso y la reflexión. Una estampa de biodiversidad que contrasta con la realidad de unas negociaciones en las que proteger la naturaleza sigue siendo mucho más fácil de proclamar que de acordar.
La pregunta vuelve a ser la misma: ¿cuántas cumbres más harán falta para que los gobiernos pasen de las promesas a los compromisos reales?










