El Tribunal Constitucional tiene la última palabra sobre el primer litigio climático en España: las principales organizaciones ecologistas en España esperan que el Tribunal Constitucional corrija la decisión del Tribunal Supremo que desestimó esta demanda. La reciente sentencia histórica del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que por primera vez condena a un Estado (Suiza) por no proteger a su población frente al cambio climático, puede suponer un giro en este proceso.
El primer litigio climático de la historia de España ha dado un paso decisivo en su recorrido judicial: las principales organizaciones ecologistas, han presentado ante el Tribunal Constitucional la demanda contra el Estado español por inacción ante el cambio climático. Se agota así la vía de recursos nacionales después de que el Tribunal Supremo fallara en contra el pasado mes de julio, posibilitando de este modo el acceso al Tribunal de Derechos Humanos (TDEH) que ya sentenció contra Suiza y cuya resolución es aplicable a España.
Este hito jurídico llega casi dos meses después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) hiciera historia al condenar a Suiza por no proteger a su población de los impactos del cambio climático, tras la demanda presentada por KlimaSeniorinnen, un colectivo de más de 2000 mujeres mayores de 65 años. Esta sentencia es aplicable a todos los países del Consejo de Europa, entre ellos, España, por lo que podría suponer un giro significativo en el proceso que llega al Tribunal Constitucional.
La sentencia reconoce expresamente que el cambio climático afecta a todas las personas y en consecuencia, procede a interpretar que la inacción por parte de los estados afecta a los derechos fundamentales de la ciudadanía. Igualmente la reciente opinión del Tribunal Internacional de la Ley del Mar ha recogido que los estados tienen la obligación de prevenir, reducir y controlar la contaminación producida por los gases de efecto invernadero y que deben proteger el medio marino en el contexto del cambio climático.
Depende del Tribunal Constitucional corregir al Tribunal Supremo sobre el primer litigio climático en España
Las principales organizaciones ecologistas esperan que la justicia española tome en consideración estos pronunciamientos y obligue al Estado a cumplir con sus responsabilidades climáticas. Si no fuera así, están dispuestas a llegar hasta Estrasburgo para que sea la Unión Europea quien defienda a la ciudadanía.
“La vida y la salud de millones de personas en todo el mundo están gravemente amenazadas si no se actúa con urgencia y contundencia frente al cambio climático. Con este proceso estamos luchando por el derecho de las generaciones presentes y futuras a disfrutar de un medio ambiente en el que puedan desarrollar una vida digna. No vamos a parar hasta que España cumpla con sus obligaciones climáticas y tome las medidas necesarias para proteger a su ciudadanía frente al cambio climático”, ha declarado Inés Díez, la representante legal de Greenpeace.
La actual situación de emergencia climática que atraviesa el mundo, con temperaturas anormalmente elevadas e incendios cada vez más intensos, evidencia la necesidad de actuar con urgencia y ambición. 2023 se situó 1,45 °C por encima de la temperatura de la era preindustrial, y los últimos 12 meses han sido los más calurosos al menos desde mediados de siglo, superando en 1,63 °C el valor promedio del período preindustrial (1850-1900).
Aproximadamente entre 3.300 y 3.600 millones de personas viven en contextos altamente vulnerables al cambio climático y entre 2010 y 2020 la mortalidad humana por inundaciones, sequías y tormentas fue 15 veces mayor en las regiones altamente vulnerables. En los países de ingresos bajo y medio se producen 37.000 millones de dólares de pérdidas por estrés térmico y 16.000 millones por inundaciones, siendo los hogares encabezados por mujeres los más afectados.
Las organizaciones ecologistas denuncian que España continúa muy lejos de alcanzar los objetivos de reducción de emisiones que le corresponden, de acuerdo con su capacidad y su responsabilidad histórica en la emisión de CO2 a la atmósfera.
El objetivo a alcanzar en 2030 debería ser del 55% de reducción de emisiones, en lugar del 32% propuesto en el borrador del nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), tomando como base las emisiones de 1990. Solo esa drástica reducción puede contribuir a limitar el calentamiento global a 1,5º y evitar así los peores efectos del cambio climático, tal y como advierte la comunidad científica y se expone en el reciente Informe “Claves para convertir España en líder mundial de acción climática”.
“Según recoge nuestra Constitución, las normas relativas a los derechos fundamentales deben ser interpretadas de conformidad con los tratados internacionales ratificados por España, por lo que entendemos que esta nueva interpretación que lleva a cabo la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) debe ser plenamente acogida por el Tribunal Constitucional”, ha concluido Jaime Doreste, abogado de las entidades demandantes.
