La Unión Europea se dispone a endurecer su arquitectura comercial y climática con una ampliación del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM). Según los borradores que se manejan en Bruselas, el Ejecutivo comunitario extenderá el gravamen, que hasta ahora afectaba principalmente a materias primas industriales, a productos manufacturados y bienes de consumo final. Artículos cotidianos como lavadoras, estufas de cocina, herramientas de jardín o componentes de automoción como las puertas de los vehículos quedarán sujetos a esta tasa climática pionera en el mundo.
El objetivo de esta revisión (estaba prevista para el 10 de diciembre) podría retrasarse una semana debido a la complejidad de las negociaciones internas, las cuales son dos. Por un lado, se busca cerrar los agujeros legales que permiten a las empresas eludir el pago de derechos de emisión; por otro, se pretende proteger la competitividad de la industria europea frente a rivales que producen bajo normativas ambientales más laxas.
El CBAM fue diseñado originalmente para gravar las importaciones de sectores intensivos en carbono y energía, como el acero, el aluminio, el cemento o los fertilizantes. La lógica de Bruselas es evitar la llamada “fuga de carbono”, es decir, que las empresas trasladen su producción fuera de la UE para esquivar los costes del mercado de emisiones europeo (donde la tonelada de CO₂ se paga actualmente en el entorno de los 80 euros) y luego reimporten el producto más barato y más contaminante.
El problema de los productos intermedios
La urgencia de esta ampliación responde a una falla detectada en el diseño inicial del mecanismo. Al gravar únicamente la materia prima (por ejemplo, una lámina de acero), se incentivaba a los importadores a trasladar el procesamiento de esos materiales a países vecinos, como Turquía, para transformarlos en bienes acabados (como una lavadora) antes de introducirlos en el mercado único. Al entrar como producto final, la materia prima eludía el arancel. Con la nueva propuesta, la Comisión pretende taponar esta vía de agua antes de que el cobro efectivo del gravamen comience el próximo 1 de enero.
A pesar de esto, la medida ha generado reacciones dispares en el tejido empresarial europeo. Mientras que Applia, la patronal de los fabricantes de electrodomésticos, defiende la expansión a los productos transformados como una garantía de “competencia justa a nivel mundial”, otros sectores se muestran más reticentes.
La Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA) ha advertido de que la medida podría disparar los costes de la cadena de suministro y aumentar la carga burocrática en un momento delicado para el sector del motor. Por su parte, Solar Power Europe ha pedido una implementación gradual para evitar el desabastecimiento de componentes o subidas bruscas de precios en la tecnología fotovoltaica.
Ayudas a la exportación
Más allá de la ampliación de la lista de productos, la revisión normativa abrirá un debate político de calado, pues la inclusión de subsidios para los exportadores europeos. La industria pesada del continente lleva tiempo argumentando que, si bien el CBAM protege el mercado interior, les deja en desventaja al vender fuera de la UE, donde deben competir con rivales chinos o indios que no asumen costes climáticos equivalentes.
La Comisión planea establecer un esquema de ayudas para compensar esta desventaja, pero la financiación de la medida es el principal escollo en las negociaciones actuales. Según fuentes comunitarias, los ingresos generados por el propio CBAM ya están comprometidos para otras partidas del presupuesto de la UE, lo que obliga a buscar fuentes alternativas de financiación en un contexto de austeridad fiscal.
Tensión diplomática
La maniobra de Bruselas no está exenta de fricciones geopolíticas. Socios comerciales clave como China e India han criticado reiteradamente el mecanismo, calificándolo de medida proteccionista unilateral disfrazada de política ambiental. Sin embargo, el llamado “efecto Bruselas” parece estar surtiendo efecto: ante la inevitabilidad del arancel, ambas potencias asiáticas, así como varios países latinoamericanos (entre ellos Brasil), han acelerado el desarrollo o la expansión de sus propios sistemas de comercio de emisiones.
El reglamento europeo permite descontar del arancel en frontera el precio que el productor ya haya pagado por el carbono en su país de origen, lo que incentiva a terceros Estados a recaudar ellos mismos ese impuesto en lugar de cedérselo a la UE.
La Comisión Europea ha confirmado su intención de presentar las propuestas definitivas para la extensión del ámbito del CBAM y las devoluciones a la exportación “antes de final de año”, en un intento de cerrar el marco regulatorio antes de que la fiscalidad climática entre en una nueva fase operativa en 2026.
