España ha reafirmado su apoyo al sistema europeo de comercio de emisiones, conocido como EU ETS, como una herramienta clave para reducir las emisiones de CO₂ en la Unión Europea.
Este mecanismo establece un límite máximo de emisiones para sectores industriales y energéticos, permitiendo a las empresas comprar y vender derechos de emisión según sus necesidades.
El Gobierno español considera que el ETS ha demostrado ser eficaz para impulsar la descarbonización, al poner un precio al carbono y fomentar la inversión en tecnologías limpias. Desde su implementación, las emisiones en sectores regulados han disminuido de forma significativa, contribuyendo a los objetivos climáticos europeos.
Además, España defiende la necesidad de reforzar el sistema en el contexto del paquete climático europeo, conocido como “Fit for 55”, que busca reducir al menos un 55 % las emisiones para 2030 respecto a los niveles de 1990.
 |
  |
España defiende el sistema ETS de emisiones de CO2
Ocho países europeos presionan para mantener el mercado de carbono como eje de la política climática y la competitividad industrial de la Unión Europea.
España y otros siete países están presionando al Consejo y a la Comisión Europea para proteger el sistema ETS que fija el precio por tonelada de CO2 emitida por las grandes industrias de la UE, mecanismo que algunos Estados miembros consideran un lastre para la competitividad de los Veintisiete.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, firma junto a sus homólogos de Dinamarca, Finlandia, Portugal y Suecia una misiva enviada al presidente del Consejo Europeo, el socialdemócrata luso António Costa, en la que subrayan que el sistema de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés) es el «instrumento más eficaz y eficiente para reducir emisiones y orientar la inversión».
Ocho países europeos respaldan el mercado de carbono
A esos países se suman Luxemburgo, Eslovenia y Países Bajos, que no firman la carta a Costa pero sí suscriben un documento informal más técnico (‘non paper’) en el mismo sentido. Otros países como República Checa o Eslovaquia son contrarios a ese instrumento, que tampoco agrada a Hungría y que Alemania e Italia parecen dispuestas a reformar.
«Los intentos de debilitar, suspender o limitar el ETS socavarían la confianza de los inversores, penalizarían a quienes se adelantaron, distorsionarían la igualdad de condiciones y ralentizarían la transformación de nuestras economías», dice la misiva enviada al presidente del Consejo Europeo.
Según la información adelantada, ese bloque de países defiende la política climática, las tecnologías limpias y las energías renovables como eje de crecimiento industrial.
Las fuentes precisaron que España lidera el grupo, aunque «ha sido todo muy consensuado».
«Reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles refuerza nuestra resiliencia, reduce los costes energéticos estructurales y aumenta nuestra autonomía (…). Por tanto, la descarbonización no es solo una estrategia climática; es una estrategia de competitividad», escriben.
Lo hacen en vísperas de que esos temas alimenten los debates en los consejos de ministros de Energía y Medioambiente de los países de la UE previstos para el lunes y martes, respectivamente, como previa a la cumbre de líderes de los Estados miembros y de las instituciones comunitarias que se celebrará el jueves en Bruselas, donde, entre otros temas, se tratará sobre energía e industria.
Un instrumento clave para reducir emisiones en la UE
En el segundo documento, que desarrolla la misma línea política de la carta, los ocho países firmantes subrayan que ese mecanismo para poner precio al CO2 es «la piedra angular de la política climática de la UE» y advierte de que «introducir cambios fundamentales en el ETS, poner en cuestión el propio instrumento o suspenderlo constituiría un paso atrás muy preocupante».
El ETS es un mercado en el que las grandes industrias, pero también centrales eléctricas o aerolíneas, deben comprar «derechos» por cada tonelada de CO2 que liberan.
El sistema abarca cerca del 45 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, que la UE se ha comprometido a dejar en cero neto en 2050, y se diseñó teniendo en cuenta que cuanto más contaminan, más pagan, lo que incentiva la inversión en eficiencia, electrificación y tecnologías limpias.
En paralelo, se reduce cada año la oferta de derechos disponibles, lo que empuja los precios hacia arriba.
El precio del carbono y la transición energética
El ETS es un mercado en el que las grandes industrias, pero también centrales eléctricas o aerolíneas, deben comprar «derechos» por cada tonelada de CO2 que liberan.
«El ETS es también un motor de innovación y modernización en el sector productivo europeo. El camino hacia la competitividad a largo plazo pasa necesariamente por la electrificación y por una rápida transición para abandonar la energía de origen fósil», señala el documento.
La semana pasada, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, la socialista Teresa Ribera que es contraria a intervenir el sistema ETS, vigente desde 2005 y considerado el pilar de la política climática de la UE.
«No tocaría la regulación (…). No podemos eliminar las señales coherentes de medio y largo plazo, sería retrasar las decisiones, no podemos despistar a los inversores, no podemos estar cambiando de sistema cada dos por tres», manifestó Ribera, quien llamó a «resistir la tentación de algunos que piensan que simplemente porque desaparezca el precio del CO2 se van a resolver sus problemas energéticos».
«Es mentira», zanjó. En 2024, el ETS recaudó 38.800 millones de euros, de los que los Estados ingresaron directamente 24.400 millones.
Entre 2022 y marzo de 2026, el precio de la tonelada de CO2 en ETS se ha movido entre 53 y 105 euros. Actualmente se sitúa a unos 70 euros, tras haber llegado a 92 el pasado mes de enero.
En definitiva, el respaldo de España al ETS refleja su compromiso con la transición ecológica y la lucha contra el cambio climático, apostando por un sistema que combina regulación y mercado para reducir las emisiones de manera eficiente en toda la Unión Europea.
