Latinoamérica en la COP31 va a exigir la financiación necesaria que les permita proteger a las comunidades y los bosques, pero la expansión de los hidrocarburos está obligando a sus gobiernos a responder acerca de la distancia existente entre sus discursos climáticos y sus decisiones económicas.
Las contradicciones de Latinoamérica en la COP31
Latinoamérica en la COP31 llega en un ambiente contradictorio: reclama financiación para afrontar la crisis climática, pero la realidad es que varios países siguen ampliando su apuesta por el petróleo y por el gas. La vulnerabilidad no elimina esa responsabilidad política.
La adaptación, la transición energética y la protección a la Amazonía marcarán las prioridades de Latinoamérica en la COP31 en Antalya, Turquía. La región combina grandes avances en las renovables con economías muy dependientes de los combustibles fósiles. Confundir esos logros con la existencia real de una transformación hacia la sostenibilidad energética y la descarbonización sería ocultar una parte significativa del problema.
La exigencia del abandono de los hidrocarburos debe alcanzar a todos: los países con mayores responsabilidades históricas tienen que ser los que aporten recursos y los gobiernos latinoamericanos deben demostrar coherencia entre sus planes y sus exigencias.
Latinoamérica en la COP31: pedir fondos exige proteger realmente a las comunidades
El debate financiero tiene cifras enormes sobre la mesa: 300.000 millones de dólares anuales para países en desarrollo hacia 2035, dentro de una meta más amplia de 1,3 billones. Son objetivos de movilización, no dinero que pueda darse por desembolsado.
Brasil impulsó desde la COP30 el TFFF, el Fondo Bosques Tropicales para Siempre, que tiene como meta captar más de 125.000 millones de dólares. Su relevancia dependerá de que se consiga la financiación y de que la misma sea suficiente para cumplir con sus objetivos de protección. Por sí sola, una simple cifra anunciada es incapaz de proteger a ninguna selva.
Centroamérica y el Caribe necesitan obtener recursos para hacer frente a las sequías, inundaciones y huracanes. Guatemala ha dispuesto este año de 2 millones de dólares para su fondo climático; Honduras reclama más dinero, ya que las sequías asolan al país y han obligado a declarar alertas en numerosos municipios.
La República Dominicana ha movilizado préstamos para la acción climática, el saneamiento y para varias infraestructuras resilientes. Perú busca ampliar la cooperación, puesto que debe enfrentar lluvias extremas por un lado y sequías por el otro. Latinoamérica en la COP31 debe defender que la adaptación llegue a las comunidades, con condiciones financieras que permitan sostener las actuaciones.
El riesgo es que cada cumbre se convierta en un mero escaparate de cantidades. Los gobiernos y los financiadores deberían explicar cuánto se les entrega, bajo qué condiciones se hace y cuáles son los resultados. La vulnerabilidad de la población exige que no se quede todo en discursos y se realicen rendiciones de cuentas.
Brasil y México ante el espejo: renovables y expansión petrolera
Brasil exhibe un desarrollo hidroeléctrico, eólico y solar de gran envergadura mientras expande la producción de petróleo en la Amazonia, que dice querer proteger de la deforestación. México pretende multiplicar las energías limpias en la generación eléctrica y pasar del 23,4% de 2024 al 38% en 2030, pero continúa apostando por la explotación de hidrocarburos mediante PEMEX.
Argentina combina las energías renovables con el desarrollo de las explotaciones fósiles de Vaca Muerta. Guyana aspira a tener una red eléctrica que dependa en un 80% de las renovables en 2040, pero sigue consolidando su industria petrolera. Latinoamérica en la COP31 no puede caer en estas contradicciones.
Venezuela mantiene su dependencia petrolera y tiene muchas dificultades a la hora de diversificarse. Ecuador, pese a su gran apuesta por la hidroelectricidad, sufre apagones cuando hay sequías, como les ha sucedido en 2024. Estos ejemplos dan muestra de lo necesario que resulta reforzar la resiliencia del sistema y diversificar la generación.
Chile y Uruguay ofrecen grandes avances que merecen un reconocimiento. El primero ronda el 65% de generación eléctrica dependiente de las renovables; el segundo alcanzó un 98% de generación eléctrica limpia en 2025. El problema consiste en que, aunque tengan energía limpia, aún les falta descarbonizar su economía.
La Amazonía no puede pagar las incoherencias del desarrollo
La protección forestal será otra prueba para Latinoamérica en la COP31. La hoja de ruta que promovió por Brasil con el objetivo de detener y revertir la deforestación necesita conseguir financiación urgente. Los compromisos decaen si las decisiones territoriales siguen permitiendo que continúe la destrucción.
En Perú, las organizaciones indígenas y ambientales alertan sobre la problemática que implica flexibilizar la protección de las tierras forestales. Venezuela debe afrontar las presiones que ejercen la minería ilegal, la expansión agropecuaria y los incendios. Bolivia propone implantar un sistema de bioeconomía y manejo sostenible y Guyana quiere proteger el 30% de sus ecosistemas marinos y terrestres para 2030.
Estas iniciativas deben evaluarse según los resultados que se pueda verificar que se han obtenido. Latinoamérica en la COP31 tiene argumentos de sobra para exigir ayudas y solidaridad internacional, pero sus gobiernos deben responder por lo que pasa en sus territorios. La conservación necesita contar con instituciones que sean capaces de sostenerla frente a las presiones económicas.
