Con la cuenta atrás ya en el plazo marcado por la Xunta para recoger su opinión, los promotores eólicos ultiman sus alegaciones al anteproyecto de ley que regulará los criterios de adjudicación de los 2.300 megavatios (MW) que quedaron en el aire tras la suspensión del polémico concurso del bipartito. Por libre van algunas empresas. Otras, las que se integran en la patronal del sector, decidieron analizar individualmente el documento con sus servicios jurídicos, las nuevas reglas de juego, para luego poner en común sus posturas y presentar una argumentación única ante la Consellería de Economía e Industria. Hay una evidente división entre las que creen que el freno al proceso es el camino adecuado y las que no, aunque coinciden en que las formas no fueron las mejores y, sobre todo, en que el canon, que el Gobierno gallego quiere aplicar también a los parques en funcionamiento, será la gran batalla a lidiar.
Eólicas denuncian que el canon es ilegal
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