El Consello de la Xunta aprobará en la próxima semana el anteproyecto de la nueva regulación legal del sector eólico tras el visto bueno unánime del Consello Consultivo. La decisión de este último órgano fue considerada ayer por el Partido Popular como la legitimación del nuevo modelo propugnado desde el gobierno autonómico, que defiende la instauración de una canon a todos los parques -los de nueva construcción, y los que están ya en funcionamiento-, que repercutirá en parte en la economía de los municipios que acojan las instalaciones. El cambio de modelo, que se debatirá en el Parlamento, supone un adiós definitivo al decreto aprobado en diciembre del pasado año por Industria, ya en el tramo final del bipartito y mediante en cual se aprobaban concesiones por un total de 2.325 megavatios.
El dictamen del CES otorga, en valoraciones del ejecutivo de Núñez Feijóo, «seguridad procedimental absoluta para desarrollar una ley que sitúe a Galicia a la cabeza de la energía eólica en España, al mismo tiempo que protege el medio a través de actuaciones de compensación y reequilibrio en los términos municipales en los que están implantados los parques, que son más de la mitad de los ayuntamientos gallegos».
El gobierno gallego, si bien asegura respetar el voto particular emitido por la Confederación de Empresarios de Galicia, que criticaron en la reunión del CES la rapidez con la que se tramitó el anteproyecto y figuras como la del canon a las empresas, destaca también el apoyo «unánime» de la comisión, y recalcó que que esta opinión no es compartida «nin por sindicatos, nin por otros colectivos presentes en el CES de Galicia, como son los consumidores, las universidades, las cofradías de pescadores y organización sindicales agrarias».
La oposición de los empresarios al borrador radica además en la obligación de depositar una fianza hasta que se finalice el plan industrial aprobado (un 2% del total del proyecto), una condición que no existía antes. El informe remitido al gobierno por el CES sí establece que el texto final que debe ser aprobado en la reunión semanal de gobierno de Feijóo para remitirse posteriormente al Parlamento gallego debe recoger algunas mejoras, como la formulación de los criterios de evaluación del nuevo concurso o un plazo adecuado para la publicación de las solicitudes de declaración de utilidad pública…
