El caso Forestalia salpica la planta solar TAGUS en la ZEPA de Alcántara. Uno de los espacios más sensibles de la Red Natura 2000 en Extremadura.
La detención del exsubdirector general de Calidad y Evaluación Ambiental del MITECO, Eugenio Domínguez, sitúa bajo una nueva lupa judicial la declaración de impacto ambiental favorable emitida en 2023 para una instalación proyectada en territorio de alto valor ecológico.
El caso Forestalia salpica la planta solar TAGUS en la ZEPA de Alcántara y la declaración ambiental
La detención del exalto cargo del MITECO reabre el foco sobre la declaración ambiental favorable a un megaproyecto fotovoltaico en espacio protegido.
Varias personas están siendo investigadas por presunta mala praxis ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y participación en organización criminal. Según fuentes implicadas en el caso. El procedimiento en Aragón se mantiene bajo secreto de sumario para evitar la destrucción de pruebas.
Uno de los casos se refiere al proyecto de la planta solar TAGUS, promovido por Iberenova Promociones SAU, filial de Iberdrola. Un alto cargo ya había sido incluido en la lista de investigados por presunta mala praxis administrativa tras emitir una declaración de impacto ambiental favorable en 2023 que podría haber infringido la normativa autonómica, nacional y europea.
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El exsubdirector general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), Eugenio Domínguez fue detenido ayer en Madrid por la Guardia Civil en el marco del caso Forestalia. Figura como investigado en la causa abierta por la planta solar TAGUS, proyectada en la ZEPA ‘Llanos de Alcántara y Brozas’, en la provincia de Cáceres.
Operación Perserte y detenciones en Madrid y Zaragoza
Domínguez fue arrestado junto a otras cinco personas por agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del Seprona de la Guardia Civil en la denominada Operación Perserte. Que incluyó registros en Madrid y Zaragoza, así como en oficinas y domicilios privados.
Entre los arrestados —todos han quedado en libertad— estaba el propietario del grupo Forestalia, Fernando Samper, un notario y dos testaferros relacionados con la trama. Los investigados son presuntamente responsables de delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, según fuentes de la investigación.
La causa en Aragón se dirige desde la Plaza 1 del Tribunal de Instancia de Teruel y se instruye bajo secreto sumarial para evitar la destrucción de pruebas.
En el caso de la planta solar ‘TAGUS’, promovida por IBERENOVA PROMOCIONES SAU —filial de Iberdrola—, Domínguez ya figuraba como investigado por presunta prevaricación administrativa junto a la entonces directora general de Calidad y Evaluación Ambiental Marta Gómez Palenque, al dictar en 2023 una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable que habría incumplido normativa autonómica, estatal y europea.
Un megaproyecto en plena Red Natura 2000
La instalación, con una potencia de 379,97 MWp, se proyecta en plena Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y en la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional. Espacios integrados en la Red Natura 2000 donde habitan especies protegidas como el águila imperial ibérica, el buitre negro, la cigüeña negra y el lince ibérico.
La organización ecologista Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex), presentó la denuncia que dio origen al procedimiento. Y ha subrayado que el informe emitido por la Fiscalía de Medio Ambiente respalda sus argumentos sobre el posible incumplimiento de la normativa de evaluación ambiental y de protección de hábitats.
Fondenex sostiene en su denuncia que la DIA dictada por MITECO “se apoyó en informes favorables emitidos por la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura. Pero incumplía de forma clara la legislación autonómica, española y europea”.
La organización subraya que la tramitación de la planta TAGUS vulnera la Directiva 92/43/CEE de Hábitats, la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Y la normativa de evaluación ambiental transfronteriza que “exige comunicar los proyectos al Gobierno de Portugal”.
Especies protegidas y normativa europea en el centro
El informe de la Fiscalía de Medio Ambiente emitido a raíz de la denuncia de FONDENEX concluyó que la ubicación elegida no estaba justificada desde el punto de vista ambiental. Y que el desarrollo de la instalación suponía una “transformación significativa del paisaje, con pérdida o deterioro de hábitats naturales, fragmentación del territorio y reducción de la conectividad ecológica”.
Según la Fiscalía, las aves son uno de los grupos más afectados por estos proyectos.
A raíz de este informe, el juez del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, José Luis Peinado, catalogó como investigados a Marta Gómez Palenque y a Eugenio Domínguez. Por presunta prevaricación administrativa al dictar una DIA que “favorecía al promotor a sabiendas de que incumplía la legislación vigente”.
FONDENEX ha anunciado que mantiene su personación en la causa. Y estudia la posibilidad de ampliar la denuncia contra “otros responsables políticos y técnicos que avalaron la tramitación de la DIA”. La organización ha enfatizado que el informe fiscal respalda sus argumentos sobre el incumplimiento de la normativa ambiental y la protección de especies en peligro.
La instalación proyectada tiene una capacidad cercana a los cuatrocientos megavatios. Se ubicaría dentro de una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Y de la Reserva de la Biosfera Internacional Tajo-Tejo, una zona transfronteriza.
La Fiscalía concluyó posteriormente que la ubicación elegida carecía de justificación ambiental suficiente. Y podría transformar significativamente el paisaje, dañar los hábitats naturales, fragmentar los ecosistemas. Además de reducir la conectividad ecológica, afectando especialmente a las poblaciones de aves. Seguir leyendo en ENERGIAS RENOVABLES
