España ha pagado a la compañía nipona dedicada a la ingeniería JGC más de 35 millones de euros por los daños que le causó el recorte de las primas a las renovables.
La empresa japonesa solicitaba una compensación de 23,51 millones de euros, aparte de los intereses de demora derivados de todo retraso en el pago y el reembolso de los costos legales del proceso en relación a las dos plantas de termosolares ubicadas en Andalucía.
Este es el primer abono que se hace por parte de España si se tienen en cuenta los numerosos laudos internacionales provocados por el recorte retroactivo de las primas renovables.
España abona 36 millones de euros a la japonesa JGC por un laudo de renovables
España ha procedido al abono de algo más de 36 millones de euros a la empresa japonesa de ingeniería con sede en Yokohama JGC por los daños que le causó el recorte de las primas a las renovables.
Se trata del primer pago realizado por el Reino de España en relación con los numerosos laudos internacionales derivados del recorte retroactivo a las primas renovables.
El litio obedece a las consecuencias del cambio en la normativa española para la retribución a las renovables decretado en 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018), que supuso un recorte a la retribución que recibían estas instalaciones durante su vida útil.
Ello desembocó en una oleada de peticiones de arbitrajes de inversores ante diferentes organismos internacionales, el principal el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial.
En este caso, JGC solicitaba una compensación de 23,51 millones de euros, además de los intereses de demora derivados de cualquier retraso en el pago y el reembolso de los costos legales del proceso, por dos plantas termosolares ubicadas en Andalucía.
En total se han emitido 25 laudos que condenan a España a indemnizar a las empresas afectadas con 1.562 millones de euros, cifra a la que hay que sumar 326 millones en concepto de sobrecostes judiciales y financieros, condenas en costas, intereses de demora o la contratación de consultores y abogados por parte de la Abogacía del Estado. EFE / ECOticias.com
