El macroproyecto de biogás de Sentiu de Sió (Lleida) desencadena un ‘tsunami’ de alegaciones

Publicado el: 31 de diciembre de 2024 a las 09:24

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El biogás es un tipo de gas renovable que se obtiene a partir de los desechos orgánicos de industrias como la alimentaria, la agrícola o la ganadera. Básicamente, allí donde hay materia orgánica biodegradable (que se descompone) es posible obtener este biocombustible.

El proyecto de biogas, pendiente al menos de un trámite urbanístico y con oposición vecinal, ‘podrá convertirse en la mayor planta de biogás del sur de Europa’.

Hasta el momento se han sumado 220 ganaderos próximos a Lérida que suministrarán entre 420.000 y 450.000 toneladas de deyecciones ganaderas al año para producir biometano. La planta de biogás de La Sentiu es una de los 17 proyectos que figuran en la propuesta de resolución provisional de la Consejería de Agricultura sobre las ayudas destinadas a subvencionar las instalaciones de biogás.

Sentiu Bioenergy SL

1.500 personas, 10 localidades y 22 entidades han presentado alegaciones en contra de la macrocentral de biogás de la Sentiu Bioenergy SL, que tiene detrás a un fondo de inversión danés. Demuestra el malestar social que genera el proyecto debido a su ubicación (suelo agrario protegido contiguo a una Zona de Especial Protección de Aves) y sobredimensión (tratará 505.000 toneladas de residuos al año).

La Plataforma Pobles Vius culmina la campaña de alegaciones contra la aprobación inicial del Plan Especial Urbanístico Autónomo (PEUA) de la central de producción de biogás de la Sentiu de Sió (Lleida).

Durante esta, se han recogido más de 1.500 alegaciones individuales, entre las cuales destacan las de agricultores, ganaderos y vecinos afectados.

Las alegaciones también han sido respaldadas por 10 ayuntamientos de la zona también han presentado alegaciones (Bellcaire d’Urgell, Vallfogona de Balaguer y la Ràpita, Balaguer, Gerb, Òs de Balaguer, Linyola, Montgai, Castellserà, Tornabous y Tàrrega) y por 22 entidades sociales, ambientales y políticas, entre las que destacan la Assemblea Pagesa de Catalunya, IPCENA, Egrell, CGT Lleida y la Xarxa Catalana per la Transició Energètica Justa.

Todo esto demuestra el malestar social que genera el proyecto debido a su ubicación, sobredimensión (tratará 505.000 toneladas de residuos al año) y falta de justificación.

Los principales puntos que generan polémica son:

– El proyecto es esencialmente una macroinfraestructura de producción energética y por tanto no puede ubicarse en suelo agrario protegido y de primera calidad, contiguo a una Zona de Especial Protección de Aves esteparias y de especial vulnerabilidad paisajística.

– La empresa no ha presentado ningún contrato que justifique la disponibilidad de las materias que quiere tratar ni el destino de los digestatos resultantes. Por tanto, no queda justificada la necesidad ni la pertinencia de la planta. Y resulta un riesgo que acabe siendo una puerta abierta al tratamiento de residuos de fuera del territorio.

– Emisiones y olores: la empresa no ha calculado correctamente uno de los principales impactos sobre la población local en dos años y medio de tramitación del proyecto, según acredita un estudio técnico a cargo del doctor en Ingeniería Industrial de la UPC Javier Roca.

– El emplazamiento no respeta las distancias de seguridad legalmente establecidas con las explotaciones ganaderas más cercanas, ni con el agua potable y de riego del Canal de Urgell.

Desde la ‘Plataforma Pobles Vius’, se exige:

A la Comisión de Urbanismo, la no aprobación definitiva del Plan Especial Urbanístico Autónomo de la macrocentral de biogás de la Sentiu de Sió.
Al Gobierno de la Generalitat, el replanteamiento de la Estrategia Catalana del Biogás y la planificación territorial participativa respecto a los límites y criterios de la implantación de estas infraestructuras. A su Departamento de Agricultura, le pedimos explicaciones por la concesión de una subvención de 4,5 millones de euros a la empresa La Sentiu Bioenergy SL, promotora de la macrocentral y que tiene sede social en Madrid, por un proyecto que, además, incumple la normativa de las distancias ganaderas.
Al fondo de inversión CIP que financiaría la central, que abandone el proyecto y deje de tratar los territorios rurales del país como a colonias energéticas.