Proyectos de renovables de Forestalia en Aragón han sido puestos en cuestión por asociaciones ecologistas y plataformas ciudadanas que reclaman su suspensión cautelar tras conocerse presuntas irregularidades en la tramitación de declaraciones de impacto ambiental.
Los colectivos también han pedido la reforma del sistema de evaluación ambiental y una investigación exhaustiva para depurar responsabilidades en los organismos implicados.
Las críticas se centran principalmente en la forma en que se habrían tramitado algunos informes ambientales necesarios para autorizar parques eólicos y plantas fotovoltaicas en distintas zonas de Aragón.
Según los colectivos ecologistas, existirían dudas sobre la correcta evaluación de los impactos sobre la biodiversidad, el paisaje y determinados espacios de alto valor natural. Por ello, han pedido revisar los expedientes y paralizar temporalmente los proyectos hasta aclarar si se han cumplido todos los requisitos legales.
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Proyectos de renovables de Forestalia en Aragón cuestionados por presuntas irregularidades
Colectivos ambientales piden paralizar los proyectos de la empresa y revisar el sistema de evaluación ambiental tras las investigaciones por posibles irregularidades.
Asociaciones ecologistas y la plataforma en defensa de los paisajes han instado este jueves a la suspensión cautelar de todos los proyectos de renovables del grupo Forestalia en Aragón y el desmantelamiento del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), tras la detección de presuntas irregularidades en este organismo en la aprobación de declaraciones de impacto ambiental a cambio de mordidas.
Así lo ha expuesto el portavoz de la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel, Javier Oquendo, en una rueda de prensa hecha junto a representantes de la Asamblea Canal Roya, la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón y Ecologistas en Acción de Monzón en la que han incidido en la necesidad de que la justicia llegue «hasta las últimas consecuencias» en la investigación de las presuntas irregularidades denunciadas contra Forestalia.
Investigación judicial sobre posibles delitos ambientales
Las críticas se centran principalmente en la forma en que se habrían tramitado algunos informes ambientales necesarios para autorizar parques eólicos y plantas fotovoltaicas en distintas zonas de Aragón.
Ha recordado a este respecto que la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil responsabiliza de delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a varias personas, entre ellas el presidente de Forestalia, Fernando Samper, el exsubdirector de evaluación ambiental del Ministerio de Transición Ecológica Eugenio Domínguez, y el exdirector del Inaga Jesús Lobera.
Tras expresar la «indignación infinita, insondable e inextinguible» de las asociaciones ante las «prácticas irregulares y corruptas» desveladas para conseguir declaraciones de impacto ambiental, Oquendo ha insistido en reiterar la petición de paralización de todos los proyectos de Forestalia en Aragón y de desmantelamiento del Inaga como organismo independiente.
En relación al Inaga, ha reclamado la creación de una dirección general de Evaluación Ambiental gestionada por funcionarios, «con protocolos y directrices claras para evitar, en la medida de lo posible, las actuaciones irregulares que presumiblemente se han producido en proyectos de renovables y de otros sectores», ha añadido.
Ha incidido, además, en la necesidad de llevar a cabo una investigación en el MITECO para depurar responsabilidades tanto políticas como judiciales para cesar a las personas involucradas en posibles hechos delictivos o situadas en puestos superiores para determinar si tuvieron conocimiento de las irregularidades denunciadas y no actuaron.
A juicio de este portavoz, el hecho de que un único cargo medio ministerial asumiera la gestión de todos los expedientes de Forestalia y rechazara los informes negativos de funcionarios tuvo que generar un «runrún» en el departamento que pudo llegar a cargos con mayor responsabilidad en el MITECO.
Además, ha reclamado una revisión de todos los proyectos sometidos a evaluación ambiental, no solo los de energías renovables, sobre los que se han manifestado posibles ilícitos o tratos de favor, así como una investigación rigurosa para «destapar» otras posibles prácticas fraudulentas en los organismos públicos encargados de la aprobación de proyectos.
Todo, ha añadido, con la finalidad de preservar y mantener los espacios naturales, los entornos rurales y los espacios agroganaderos y garantizar un desarrollo de las energías renovables «distribuido, planificado y democrático«.
Petición de revisar las evaluaciones ambientales
Oquendo ha lamentado el «fracaso» que supuso la comisión de investigación constituida en 2024 en las Cortes de Aragón para la investigación de posibles irregularidades en el proceso de implantación de energías renovables en la comunidades.
«En dicha comisión enumeramos una por una la mayoría de las ilegalidades denunciadas estos días, y a pesar de ello, las Cortes aragonesas cerraron esta comisión en falso, porque algunos grupos políticos bloquearon la misma y se negaron a incluir cualquier irregularidad a pesar de haberse detallado muy claramente», ha señalado.
Por esta razón, ha cuestionado la propuesta de CHA de creación de una nueva comisión de investigación, cuando está en marcha una investigación judicial en torno a estos hechos que ha puesto en evidencia las referidas irregularidades en la concesión de licencias ambientales.
No obstante, el debate abierto en Aragón refleja la creciente tensión entre la necesidad de acelerar la transición energética y la exigencia de garantizar una adecuada protección del medio ambiente y del territorio. Seguir leyendo en ENERGÍAS RENOVABLES.
