Un informe que ha sido presentado recientemente reclama que se realice una reforma urgente de las subvenciones agrícolas que implican prácticas contaminantes: sostener esos incentivos al tiempo que se promete hacer recortes en las emisiones es un absurdo político.
La contradicción de la reducción de las emisiones y la subvención a las prácticas emisoras
Las subvenciones agrícolas cruzan una fundamental línea roja en el instante en que incentivan prácticas que dañan los suelos y que aumentan las emisiones. Prometer una protección climática, al tiempo que se mantienen esas ayudas, constituye una contradicción inaceptable.
El informe presentado por el grupo de expertos presidido por el expresidente costarricense Carlos Alvarado en la COP31 plantea reformar los apoyos que resulten perjudiciales y financiar alternativas más sostenibles. Su propuesta apunta a actuar de forma que no sea necesario aumentar el gasto público.
La magnitud exige hacer una importante precisión: la OCDE cifra en 842.000 millones de dólares el apoyo agrícola anual que se presta a 54 países, como promedio del bienio 2022–2024. Incluye las transferencias y el sostenimiento de los precios; pero no equivale íntegramente a subvenciones presupuestarias ni a ayudas contaminantes.
Subvenciones agrícolas: el absurdo de pagar por algo que agrava la crisis
El diagnóstico señala que hay incentivos que fomentan el uso excesivo de fertilizantes y prácticas que son incompatibles con los compromisos climáticos. Cuando una ayuda recompensa esas conductas, el problema también está en el gobierno que ha diseñado sus condiciones y mantiene sus desembolsos.
Los beneficios inmediatos alcanzan a los productores, las empresas agrarias y los proveedores de insumos. Los costes ambientales, en cambio, se distribuyen por la sociedad entera y pueden tardar años en manifestarse. Ese desfase facilita que el daño continúe al tiempo que sus responsables políticos aplazan la reforma.
Resulta intolerable presentar cualquier apoyo al sector como automáticamente sostenible. Las subvenciones agrícolas deben evaluarse por sus resultados: emisiones reducidas, fertilizantes utilizados con eficiencia y suelos protegidos. Anunciar objetivos verdes sin revisar incentivos perjudiciales deja abierta la puerta al greenwashing institucional.
Retirar las ayudas sin alternativas válidas sería otra irresponsabilidad
El informe identifica barreras luego de estudiar varios casos de subvenciones agrícolas registrados en Costa Rica, Malaui, Brasil, Sri Lanka y Vietnam. Su propuesta exige que se establezcan alianzas entre las empresas, los agricultores y las organizaciones ambientales. Antes de retirarles la ayuda, estas asociaciones tendrían que buscar la forma de compensar a quienes pierdan subvenciones y ofrecerles alternativas reales y tangibles.
Una reforma que deje sin sus ingresos y sin asistencia al pequeño productor puede convertir la transición climática en un drama rural muy grave. Los gobiernos deben especificar cuáles serán las prácticas que dejarán de financiar, especificar a qué alternativas se les dará respaldo y cómo acompañarán la transición de las explotaciones vulnerables.
Reorientar las subvenciones agrícolas implica que se deben recompensar las mejoras ambientales comprobables. El documento propone incentivar los fertilizantes mejor utilizados, suelos más sanos y menores emisiones. También recomienda invertir en investigación, riego, caminos rurales e información climática: servicios que permiten cambiar las prácticas sin abandonar al agricultor.
La COP32 debe cerrar la puerta al ecopostureo
La campaña que está impulsada con este informe durará un año y aspira a convertir las propuestas en compromisos concretos en la COP32. Ese plazo debe servir para preparar las decisiones presupuestarias, identificar beneficiarios y establecer condiciones ambientales verificables.
Las subvenciones agrícolas también deben coordinarse con las transferencias a los hogares vulnerables y los programas de alimentación escolar, como plantean los expertos. Proteger la seguridad alimentaria exige que se atienda tanto a quienes producen como a quienes no pueden pagar una alimentación suficiente.
El ecopostureo empieza cuando una reforma solo le cambia el nombre a las partidas. Para evitarlo, los gobiernos deberían publicar cuáles son los incentivos a eliminar, cuánto dinero reorientan y qué resultados obtienen. Sin esta rendición de cuentas, la promesa de transformación seguirá siendo imposible de comprobar.
La OCDE aporta un dato demoledor de las subvenciones agrícolas: en 2022–2024, solo el 5 % del apoyo a productores estuvo condicionado a actuaciones ambientales superiores a los requisitos básicos, una proporción prácticamente estancada desde comienzos de siglo. Mantener esa exigencia mínima mientras se proclama ambición climática es políticamente insostenible: las condiciones para recibir apoyo deben acompañar las promesas.
