La financiación climática no puede implicar más deudas para quienes sufren sus consecuencias: la COP31 debe exigir a los países ricos que aporten recursos accesibles y compromisos verificables, en lugar de ofrecerles préstamos que agravan su vulnerabilidad.
La financiación climática no puede ser más deuda
Esto es especialmente importante para aquellas naciones que necesitan proteger a su población de las sequías, inundaciones y el calor extremo. Presentar préstamos como una forma de solidaridad exige explicar quién devuelve el dinero, con qué intereses se entrega y a costa de qué servicios públicos.
La COP31 de Antalya, del 9 al 20 de noviembre, pondrá a prueba a los gobiernos que anuncian grandes compromisos mientras los países vulnerables siguen reclamando recursos suficientes y accesibles.
La discusión sobre financiación climática tiene unas consecuencias muy concretas: hospitales que no están preparados para el calor, falta de sistemas de alerta y viviendas reconstruidas. La protección climática no puede estar condicionada a que a una comunidad devastada le resulte rentable a un prestamista.
La financiación climática no debe endeudar a los socorridos: ayudar exige explicar las condiciones
Aproximadamente dos terceras partes de la financiación climática pública proporcionada en 2024 fueron préstamos, según los datos de la OCDE recogidos en la información disponible. Las subvenciones tuvieron un mayor peso entre los países de renta más baja.
Un crédito asequible puede financiar las inversiones necesarias, pero no es una donación, por lo que su utilidad depende de los intereses, los plazos propuestos y la capacidad de devolución. Ocultar esas diferencias bajo una cifra global empobrece mucho la rendición de cuentas.
Los países ricos deben explicar cuánto aportan realmente a las naciones pobres y qué obligaciones generan. El volumen anunciado no basta para evaluar cuál es el esfuerzo financiero ni el beneficio que reciben quienes necesitan ayuda.
Salvar vidas no puede depender de que ello genere beneficios
La mitigación busca reducir emisiones mediante actuaciones como renovables o transporte electrificado. La adaptación protege frente a los impactos; las pérdidas y daños abordan consecuencias que no pudieron evitarse.
Una instalación energética puede generar ingresos que permitan devolver un préstamo. Un sistema de alerta por inundaciones genera un enorme beneficio social y económico, pero no necesariamente ingresos directos que sean capaces de atraer inversión privada.
La financiación climática no puede ser más deuda ni limitarse a operaciones comercialmente atractivas. Las subvenciones y la financiación pública son esenciales cuando la prioridad es proteger vidas, especialmente en países con escaso margen presupuestario.
COP31: las promesas millonarias deben convertirse en recursos disponibles
El compromiso de que la financiación climática alcanzase la cifra de 100.000 millones de dólares anuales desde 2020 se pautó en 2022 por primera vez. Ese retraso explica que exista una gran desconfianza de parte de quienes necesitan protección y en vez de eso reciben nuevas promesas y calendarios.
La COP29 fijó una meta que se situó en al menos 300.000 millones anuales para 2035, con los países desarrollados tomando la iniciativa y prometiendo ingentes esfuerzos con el fin de alcanzar los 1,3 billones anuales que proviniesen de fuentes públicas y privadas. Pero estos son objetivos futuros, no transferencias realizadas.
La financiación climática no puede ser más deuda mientras crecen las necesidades. El PNUMA estima en 2026 unos 305.000 millones de dólares anuales para adaptación en 2035, frente a flujos públicos internacionales de entre 28.200 y 31.700 millones en 2024. Comparar necesidades futuras con recursos actuales no mide una brecha del mismo año, pero revela la magnitud del esfuerzo pendiente.
El dato adicional desnuda la insuficiencia: la primera ronda del fondo de pérdidas y daños recibió solicitudes por 2.800 millones de dólares, frente a una dotación inicial de 342 millones, según el PNUMA. Las peticiones superaron en más de ocho veces los recursos previstos.
Crear fondos sin dotarlos suficientemente administra la escasez; no garantiza justicia climática. Los gobiernos deben responder con desembolsos, acceso sencillo y condiciones asumibles, no celebrar otra promesa mientras la factura sigue llegando a los más vulnerables.
