Las Zonas de Aceleración de Renovables en Lanzarote han abierto un conflicto institucional y social en la isla. El Cabildo ha pedido al Gobierno de Canarias que paralice su delimitación. Y que abra un proceso de diálogo para replantear la planificación energética, incorporando criterios territoriales, ambientales y la voluntad ciudadana.
Las Zonas de Aceleración de Renovables en Lanzarote generan rechazo institucional
El Cabildo solicita al Gobierno canario detener los mapas energéticos por falta de consenso, impacto territorial y riesgo para el modelo energético insular.
El Cabildo Insular de Lanzarote ha solicitado a la Dirección Regional de Transición Ecológica de Canarias que suspenda la designación de las Zonas de Aceleración de las Renovables. Lo ha hecho alegando la fuerte oposición social y la falta de acuerdo previo sobre los mapas propuestos.
En una solicitud formal, el Cabildo insta a una pausa en el diálogo y la negociación institucional. Con el fin de reorientar la planificación energética incorporando consideraciones territoriales, sociales y ambientales acordes con la opinión pública mayoritaria de la isla.
El Cabildo reclama diálogo y consenso en la planificación energética
El Cabildo de Lanzarote ha pedido a la Consejería regional de Transición Ecológica que paralice, por el rechazo social que ha suscitado en la isla, la delimitación de las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) «a partir de unos mapas que no fueron consensuados con la corporación insular».
La providencia remitida a este departamento del Ejecutivo canario le insta a abrir «un periodo de reflexión, diálogo y negociación institucional con el Cabildo de Lanzarote». Con la meta de «reconducir el proceso de planificación energética. Y hacerlo incorporando consideraciones territoriales, sociales y ambientales. Y atendiendo a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía» de la isla.
El documento expone que la publicación de dichos mapas ha provocado «un conflicto social evitable. Ya que se percibe una afección directa al territorio insular y a la soberanía energética de Lanzarote. Así como un riesgo para el retorno económico de la explotación energética en la isla».
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Protección del paisaje y soberanía energética de Lanzarote
La providencia recuerda, además, que la normativa autonómica vigente prioriza de forma expresa la implantación de energías renovables en cubiertas y edificaciones existentes. Condicionando la ocupación de suelo a una justificación técnica previa. Y al agotamiento del potencial disponible en cubiertas.
El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, señala que «la comunicación remitida al Gobierno de Canarias se ciñe estrictamente al marco legal vigente. Y a la necesidad de una planificación energética basada en datos objetivos y estudios actualizados sobre el uso real de las cubiertas en la isla. Y ello debe hacerse antes de plantear cualquier implantación en suelo».
En este sentido, solicita disponer de información técnica rigurosa que determine el grado de ocupación actual. Y el margen real de crecimiento de la energía fotovoltaica en edificaciones existentes.
El consejero Jesús Machín explica que el escrito también plantea que cualquier futura implantación en suelo incorpore criterios adicionales de protección del paisaje y del territorio insular, así como la priorización de modelos de titularidad pública o fórmulas que garanticen un retorno social y económico para Lanzarote, siguiendo experiencias previas de gestión pública de las energías renovables en la isla.
Renovables con retorno social y titularidad pública
Machín subraya que esta posición se enmarca en el modelo energético propio que Lanzarote ha defendido históricamente, basado en la protección del territorio, la planificación y la titularidad pública de las infraestructuras.
El consejero ha recordado experiencias como Eólicas de Lanzarote, que han permitido avanzar en la transición energética compatibilizando producción renovable, conservación del paisaje y retorno económico para la isla.
El documento advierte que la publicación de los mapas desencadenó un conflicto social evitable, debido a los impactos percibidos en el territorio insular, la soberanía energética y la posible rentabilidad económica de la explotación de las renovables.
El Cabildo recuerda que la normativa regional prioriza las renovables en los edificios existentes, solicitando datos técnicos actualizados sobre la capacidad de las cubiertas antes del uso del suelo, a la vez que aboga por la protección del paisaje y los modelos de propiedad pública. Seguir leyendo en ENERGIAS RENOVABLES
