En las últimas semanas han circulado titulares que pintan a México como el «nuevo Dubái» del oro. El gancho es potente, porque el oro siempre suena a riqueza rápida. Pero en cuanto rascas un poco, la historia real es más compleja y bastante más terrenal.
En 2022 México extrajo unas 120 toneladas de oro y la mina Peñasquito, en Zacatecas, aportó 17,6 toneladas (unas 566.000 onzas). Ese mismo año, la operación registró 2.189 millones de dólares en ventas según el informe anual de Newmont. ¿Qué significa esto en la práctica para las comunidades y para el medio ambiente? Ahí es donde el brillo del metal deja paso a las preguntas incómodas.
Peñasquito en cifras
Peñasquito no es solo una mina de oro. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) la señala como la principal mina de oro del país y también como la mayor mina de plata por producción, con 922.529 kg de plata en 2022. Además, el mismo informe indica que lidera la producción de plomo y que aportó cerca del 23% del zinc extraído en México ese año.
En términos de caja, el peso es enorme. Newmont desglosa para 2022 un total de 2.189 millones de dólares en ventas en Peñasquito, repartidas entre oro, plata, zinc y plomo. Eso ayuda a entender por qué esta operación es tan estratégica, incluso cuando un metal baja de precio y otro sube.
La historia de la mina también explica el tamaño del proyecto. Según Newmont, la propiedad empezó a producir en 2009 y alcanzó producción comercial en 2010, y la compañía controla el 100% desde 2019 tras la compra de Goldcorp. También detalla acuerdos de uso de suelo con ejidos locales válidos hasta 2035 y 2036, un dato que te dice que aquí se piensa a décadas, no a meses.
Una riqueza que viaja fuera
Aquí aparece la parte menos romántica del «boom». La producción de oro está bastante concentrada y el USGS estima que cinco grandes compañías sumaron el 42,3% del oro extraído en México en 2022. Cuando la propiedad es de una multinacional, como ocurre con Newmont en Peñasquito, la conversación sobre soberanía económica se vuelve inevitable, te guste o no.
Newmont sostiene que una parte importante del valor se queda en el país. En un comunicado citado por una publicación técnica del sector, la empresa afirmó que en 2022 Peñasquito aportó 1.900 millones de dólares de «valor económico» a México, incluyendo 643 millones en salarios, impuestos, regalías e inversiones en proyectos comunitarios y de agua. En ese mismo texto, Newmont añade que la mina es el segundo mayor empleador de Zacatecas con más de 5.000 trabajadores.
Aun así, una cosa es mover dinero y otra transformar una región. Lo que marca la diferencia es cómo se reparte la riqueza, cuánto se compra a proveedores locales y qué compromisos quedan blindados cuando el mineral se agota. En el fondo, el «nuevo Dubái» no se decide solo bajo tierra.
Agua en una zona que ya es seca
Para entender el conflicto basta pensar en algo muy cotidiano. En muchos municipios de Zacatecas el agua ya es un tema sensible, y no hace falta ser experto para imaginar el choque entre agricultura, consumo doméstico e industria minera. En 2023, representantes comunitarios citados por La Jornada pidieron atender la «escasez de agua» y denunciaron efectos en la salud vinculados a contaminación del aire, además de afirmar que «no tenemos un abasto suficiente de agua para todas las familias».
La compañía lo niega y habla de control y monitorización. En su respuesta pública, Newmont explicó que Peñasquito tiene una estrategia de gestión del agua desde 2014, que ha creado grupos de monitorización participativa y que realiza muestreos trimestrales con participación comunitaria. También afirma que apoya infraestructura como pozos y una planta potabilizadora, y que esa planta suministra agua a alrededor del 80% de Cedros, unas 2.300 personas.
El problema es que el agua no es solo un asunto técnico, también es confianza. Y cuando esa confianza se rompe, la minería se queda sin algo igual de vital, la llamada «licencia social». Newmont reconoce en su informe anual que los desacuerdos con ejidos y comunidades pueden derivar en bloqueos o suspensión de operaciones.
Residuos mineros y el punto ciego
El otro gran tema son los residuos (los llamados jales) y los reactivos. Newmont describe que en Peñasquito hay una planta de procesado de sulfuros con varias etapas de flotación y que los relaves pasan por destrucción de cianuro antes de depositarse en la presa de jales. Dicho en simple, se generan lodos y residuos que hay que controlar bien hoy y también dentro de muchos años.
México está endureciendo el marco legal y ahí no hay margen para la nostalgia. La reforma publicada en mayo de 2023 incorpora prohibiciones para disponer residuos de la industria minera en áreas naturales protegidas, humedales, cauces y zonas federales, y establece que las empresas son responsables de los daños ambientales de forma permanente. También obliga a presentar un programa de restauración, cierre y post cierre, junto con un mecanismo financiero que garantice la reparación.
La Ley de Minería actualizada añade más presión regulatoria desde otro ángulo. El texto recoge que las nuevas concesiones duran 30 años y solo se pueden prorrogar una vez por 25 años, y vincula esa prórroga a que el titular cumpla requisitos y cuente con concesión de agua para uso industrial. El mismo decreto también aclara que las concesiones ya otorgadas mantienen la duración que figure en su título y limita prórrogas en áreas naturales protegidas.
CO2 y electricidad la factura invisible
Mover una mina a cielo abierto no es solo excavadoras y camiones, también es electricidad y diésel. Newmont explica que Peñasquito compra energía a una central eléctrica de gas situada cerca de San Luis de la Paz, en Guanajuato, mediante un acuerdo de entrega de 20 años, y que además recibe suministro de la red eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. Si el lector piensa en la factura de la luz, aquí sería la versión industrial y a lo grande.
Zacatecas aplica desde 2017 unos «impuestos ecológicos» y la empresa señala que se calculan con una fórmula que incluye el volumen de emisiones de carbono y otras variables ambientales en Peñasquito. En la práctica, esto se traduce en algo muy directo, contaminar cuesta y se empieza a poner precio a esa huella. Y eso se nota.
La gran pregunta es si la minería puede avanzar hacia una energía más limpia sin perder competitividad. El salto no es inmediato y depende de red, inversión y reglas, pero el debate ya está encima de la mesa. Por eso, cuando se habla de un «nuevo Dubái», conviene mirar también de dónde sale la electricidad.
Qué debería vigilar el lector a partir de ahora
Si vives en la zona o si simplemente te preocupa el impacto ambiental, hay señales que conviene seguir. Una es la transparencia de datos de agua y aire con informes completos y fáciles de consultar, porque ahí se gana o se pierde confianza. Otra es qué se publica sobre la presa de jales y los planes de cierre, porque las reformas ponen el foco justo en los residuos y en la obligación de restaurar y garantizar económicamente la reparación.
La tercera señal es social y económica. La propia Newmont avisa de que los desacuerdos con comunidades pueden acabar en bloqueos o paradas, y en 2023 la mina suspendió operaciones varios meses por una huelga que se resolvió en octubre. Cuando una actividad necesita paz social para funcionar, escuchar a tiempo suele salir más barato que apagar la planta.
Y hay una última idea que suele quedar fuera del debate. Parte del oro que ya usamos está en móviles, ordenadores y aparatos que acabamos dejando en un cajón, y recuperar esos metales reduce presión sobre nuevas extracciones. No es la solución mágica, pero es otra pieza en la sostenibilidad.
El informe oficial más reciente del USGS con los datos de producción minera en México se ha publicado en The Mineral Industry of Mexico in 2022.
