Hay heridas ambientales que no se cierran del todo, solo cambian de forma. Greenpeace ha difundido imágenes recientes en las que se ve cómo el agua almacenada en la corta de Aznalcóllar (Sevilla), asociada a los lodos tóxicos del vertido de 1998, se filtra hacia el río Agrio y el Guadiamar hasta alcanzar el Guadalquivir.
La organización habla de un drenaje ácido de color azul turquesa y cargado de metales pesados. Y el aviso llega justo cuando se debate la reapertura de Aznalcóllar y la continuidad de otros proyectos mineros que, según los ecologistas, podrían aumentar la presión sobre el estuario durante años.
Un drenaje ácido que sigue activo
Según Greenpeace, las filtraciones son visibles incluso sin actividad extractiva y se han intensificado tras el último tren de borrascas en Andalucía. Esto encaja con lo que ocurre en muchos pasivos mineros. La lluvia arrastra contaminantes y los conduce a cauces cercanos.
En el fondo, la discusión no empieza con una futura explotación, sino con lo que ya está ahí. La propia organización recuerda que la gestión de estos pasivos es responsabilidad de la empresa adjudicataria actual, aunque la mina no esté operando.
El Guadalquivir como depósito de lo que no vemos
Greenpeace insiste en una idea clave para entender el riesgo acumulativo. El Guadalquivir no funciona como un canal que expulsa todo al mar, también actúa como un gran «depósito» donde los metales pueden quedar atrapados en los sedimentos del estuario.
La presa de Alcalá del Río es una de las razones. La organización y otros colectivos la describen como un «fondo de saco» que frena el empuje de las mareas hacia arriba y favorece que el material en suspensión decante y se asiente en el fondo. Y eso se nota.
A esto se suma el «tapón salino» en la desembocadura, esa barrera natural que aparece cuando se mezclan agua dulce y salada. El resultado, siempre según Greenpeace, es que parte de los metales no se diluye en el Atlántico, se queda en los lodos y puede entrar en la cadena alimentaria.
Reapertura y vertidos previstos en cifras
El contexto importa porque, en paralelo, la Junta de Andalucía ha dado luz verde a la reapertura de la mina de Aznalcóllar a través de Minera Los Frailes, filial de Grupo México. Greenpeace calcula que el plan implicaría el vaciado de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas durante más de 18 años, mediante una tubería de unos 30 kilómetros hasta el estuario del Guadalquivir.
El segundo foco es Cobre Las Cruces. El comunicado de Greenpeace señala que el proyecto de minería subterránea en galería contempla un vertido de más de 32.760 millones de litros de agua con metales pesados durante 14 años en La Algaba, y critica que se avale con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) con más de una década.
Por eso Luis Berraquero, coordinador de Greenpeace en Andalucía, advierte de que el Guadalquivir podría convertirse en una «alcantarilla minera» si ambos proyectos avanzan. La entidad también alerta de efectos combinados sobre espacios de la Red Natura 2000 y sobre un Doñana ya muy exigido. Todo esto choca con el Reglamento (UE) 2024/1991 de restauración de la naturaleza, que fija el objetivo de restaurar al menos el 20% de las zonas terrestres y marinas de la UE antes de 2030. No es poca cosa.
Del estuario al plato y al arrozal
Cuando se habla de metales pesados, la pregunta es inevitable. ¿Qué significa esto para quien vive cerca, pesca, come pescado de río o trabaja en el campo?
Greenpeace cita estudios de investigadores de las universidades de Cádiz, Sevilla y Granada que han detectado plomo por encima de los límites de la UE en albures y arsénico al límite en galeras, dos especies con consumo y valor local. Otros trabajos periodísticos sobre el estuario también han recogido resultados que apuntan a metales en fauna cerca de puntos de vertido y han reabierto el debate sobre vigilancia y salud pública.
Y está el arroz. Las marismas del Guadalquivir concentran el mayor arrozal de España, con más de 36.000 hectáreas, y Greenpeace recuerda que el arroz puede bioacumular arsénico con facilidad. Dicho de forma sencilla, hablamos del agua de riego y de un cultivo que luego termina en el supermercado.
Lo que está en juego 28 años después
Greenpeace pide paralizar autorizaciones de vertido, aplicar una moratoria a las prospecciones mineras y crear un grupo técnico científico independiente que evalúe el impacto acumulativo. La demanda no se limita a «mirar los números», también apunta a cómo se comporta el estuario con el paso del tiempo y con episodios de lluvias intensas.
El debate, además, no es monolítico. En marzo de 2026 se publicó un dictamen de la Universidad de Sevilla que concluye que la descarga de aguas depuradas de Cobre Las Cruces no generó impactos adversos en el estuario entre 2010 y 2024, basado en más de 17.000 analíticas. A la vez, otros investigadores y alcaldes ribereños han denunciado indicios de contaminación y han pedido más controles e incluso acudir a la Fiscalía.
En cualquier caso, la referencia de 1998 sigue marcando el mapa. Informes divulgados por WWF recogen que se vertieron 5,5 millones de m3 de lodos tóxicos y cerca de 1,9 millones de m3 de aguas ácidas, con ríos y cultivos afectados en el corredor del Guadiamar. Greenpeace resume la lección con una frase corta, «No más vertidos mineros al río».
El comunicado de Greenpeace se ha publicado en su sala de prensa. Puede consultarse en este enlace de Greenpeace.
