Canadá ha cerrado la puerta a uno de los pocos mecanismos creados para revisar denuncias contra sus empresas fuera del país. El Gobierno de Mark Carney ha eliminado la Oficina del Defensor del Pueblo Canadiense para la Empresa Responsable, conocida como CORE, que revisaba posibles abusos de derechos humanos vinculados a compañías canadienses en sectores como la minería, el petróleo, el gas y la confección. La decisión llega en un momento incómodo, justo cuando varias organizaciones pedían reforzarla, no apagarla.
El asunto no va solo de despachos en Ottawa. Canadá tiene un peso enorme en la minería mundial, y sus empresas operan en países donde se cruzan agua, tierras indígenas, biodiversidad y comunidades que muchas veces tienen poco poder para defenderse. Cuando un mecanismo de vigilancia desaparece, la duda es sencilla y bastante dura. ¿Quién escucha ahora a quienes denuncian daños ambientales o abusos lejos de Canadá?
Un cierre inesperado
La CORE nació para revisar quejas presentadas por personas, organizaciones o comunidades afectadas por empresas canadienses que operan en el extranjero. Su mandato oficial incluía promover los Principios Rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos, asesorar a compañías y revisar denuncias por presuntos abusos. No era un tribunal, pero sí una ventanilla importante para empezar a pedir explicaciones.
Carney defendió el cierre alegando que la oficina no había sido eficaz desde su creación. Según los datos publicados, en seis años el organismo lanzó cinco investigaciones y emitió recomendaciones formales en un número muy reducido de casos. Es una cifra baja, sí. Pero aquí empieza la discusión de fondo.
Para muchas organizaciones, el problema no era que la CORE sobrara, sino que nunca tuvo todas las herramientas necesarias. Sin poder obligar a empresas a entregar documentos o a testigos a declarar, investigar una denuncia compleja se parece demasiado a llamar a una puerta y esperar que alguien quiera abrir. Y eso se nota.
Por qué importa al medio ambiente
La minería no es una actividad cualquiera. Puede traer empleo e inversión, pero también puede dejar conflictos por el agua, presión sobre territorios indígenas, residuos, polvo, pérdida de suelo y daños que duran mucho más que una rueda de prensa. Por eso, cuando una empresa de un país rico opera en otro territorio, la vigilancia no debería depender solo de la buena voluntad.
La propia ONU ya había puesto el dedo en la llaga. En sus observaciones sobre Canadá, el Comité de Derechos Humanos mostró preocupación por las denuncias continuas de abusos de derechos humanos y degradación ambiental vinculadas a empresas domiciliadas en Canadá, en especial mineras que operan fuera del país. No es poca cosa.
En la práctica, esto significa que una comunidad afectada por un proyecto extractivo podía ver en la CORE una vía imperfecta, pero real, para contar lo que estaba pasando. Si esa vía desaparece sin una alternativa clara, el mensaje que llega desde lejos es frío. Reclamar será todavía más difícil.
El punto débil de la CORE
La oficina llevaba tiempo cuestionada por su falta de fuerza. El Comité de Derechos Humanos de la ONU lamentó que el defensor del pueblo no tuviera autoridad para obligar a declarar a testigos ni para exigir documentos. Además, señaló que el puesto estaba vacante desde mayo de 2025, lo que había frenado la tramitación de casos.
Ese detalle cambia mucho la lectura. Si un organismo está sin liderazgo y sin poderes suficientes, sus malos resultados no demuestran necesariamente que no haga falta. También pueden demostrar que se le dejó trabajar con las manos medio atadas.
La ONU, de hecho, no pidió cerrar la oficina. Pidió nombrar con urgencia a un nuevo defensor, garantizar su independencia, dotarla de recursos y darle poderes de investigación más fuertes. Es justo lo contrario de lo que acaba ocurriendo.
Quejas en el aire
Human Rights Watch asegura que había al menos 36 denuncias pendientes de decisión ante la CORE, incluidas quejas relacionadas con trabajo forzoso y con presuntas vulneraciones de derechos humanos por exploración de petróleo y gas en Namibia. Para quienes esperaban una respuesta, el cierre no es un asunto administrativo. Es quedarse en el limbo.
El caso también ha generado enfado entre denunciantes y organizaciones que trabajaron durante años para presentar expedientes. En el caso Reko Diq, vinculado a Barrick, un denunciante citado por MiningWatch Canada afirmó que tenía una petición en curso y que «nadie nos ha informado», pese a que esperaba avances sobre su expediente.
Ese tipo de frase resume bien el problema. Las comunidades no solo aportan papeles. A veces aportan testimonios, viajes, riesgos personales y meses de trabajo. Que todo eso termine sin una explicación clara erosiona la confianza.
La respuesta del Gobierno
Canadá, al mismo tiempo, ha presentado una nueva legislación para reforzar la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso. La propuesta permitiría crear una lista de bienes de alto riesgo por región, entidad o individuo, además de exigir a importadores más información de trazabilidad en la cadena de suministro.
Eso puede ayudar en frontera, sobre todo cuando se trata de productos que llegan al mercado canadiense. Pero no cubre exactamente el mismo terreno. Una cosa es controlar mercancías importadas y otra investigar el comportamiento de una empresa canadiense en una mina, un campo petrolero o una fábrica fuera del país.
Dicho de forma sencilla, son carriles distintos. Más trazabilidad puede servir para detectar trabajo forzoso en productos. Pero una comunidad que denuncia contaminación, falta de consulta o abusos alrededor de un proyecto extractivo necesita algo más cercano a un mecanismo de reparación.
Lo que queda ahora
Las organizaciones de la sociedad civil piden que la decisión se revierta. MiningWatch Canada y la Red Canadiense sobre Responsabilidad Corporativa han defendido que la oficina debía restaurarse con más independencia y más capacidad de investigación. David Matsinhe, de Amnistía Internacional Canadá, lo resumió así. «La solución siempre ha sido reforzar la oficina, no eliminarla».
El cierre deja una pregunta incómoda para Canadá. ¿Puede un país presentarse como líder en minería responsable y, al mismo tiempo, retirar una de las pocas vías creadas para escuchar denuncias de comunidades afectadas por sus empresas en el extranjero?
Por ahora, la respuesta no está cerrada. Pero el reloj corre para quienes tenían expedientes pendientes, y también para las comunidades que aún esperaban presentar una queja.
El documento oficial con las observaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre Canadá ha sido publicado en el repositorio de Naciones Unidas.
