“La trama corporativa para destruir los servicios públicos (y devastar el Medio Ambiente como “Efecto Colateral”) en todo el mundo, está en marcha y palidece en comparación con el famoso TTIP; es la denuncia de la organización Global Justice Now, que hace un llamamiento mundial a oponerse a dicho acuerdo.”
Por primera vez en la historia, los expertos se muestran alarmados ante la realidad de que nuestra especie se encuentra en un cruce de caminos evolutivos. La NASA ha advertido de la Tierra se calienta más rápido en 2016 de lo que lo ha hecho en cualquier momento del último milenio y que las decisiones que tomemos en torno al cambio climático en los próximos años, determinarán la supervivencia de nuestra especie.
Y mientras esto sucede, tras bambalinas y en “secreto” (un secreto a voces), el TiSA sigue su senda de “globalización económica”, ignorando los costos ambientales y la soberanía de los países que se involucren.
¿Cuáles son las ambiciones?
Los objetivos parecen similares a los del más conocido TTIP, pero en una escala global. Sus cláusulas podrían cimentar la privatización de los servicios públicos, lo que haría muy difícil que los gobiernos puedan tomar medidas de control efectivas sobre sus prácticas y precios.
Mientras que el TTIP sería terrible para el cambio climático, al eliminar la legislación medioambiental de la UE a favor de la de los EEUU, el principal escollo que impondría el TISA para el progreso y la protección ambiental sería el principio de «neutralidad tecnológica». Esto podría evitar que los países que “a priori” se manifiestan a favor de las energías renovables deban seguir en la línea de consumo de los combustibles fósiles.
Una de las “alegrías” del TiSA es que el arbitraje de diferencias entre estado e inversor (ISDS) seguramente estará incluido. Esta legislación, propuesta como parte de TTIP (y de la versión canadiense CETA), daría a las multinacionales la posibilidad de demandar a los estados miembros, cuando consideren que sus políticas podrían afectar a sus beneficios.
¿Tras la dominación económica mundial?
TISA va mucho más allá del alcance de los acuerdos como TTIP, TLC, y CETA, ya que parte de la incorporación de 50 países, entre los que se encuentran Japón, Colombia, Turquía, Pakistán, el tristemente célebre paraíso fiscal Panamá y Perú, en principio, porque la lista sigue “abierta” (excepto para China, aparentemente).
Por otro lado, existen naciones que se han negado de plano a participar en este acuerdo y países como Uruguay y Paraguay ya han abandonado las negociaciones, alegando que dicho tratado constituía una amenaza a su soberanía.
Nick Dearden, director de Global Justice Now, ha advertido que: “este acuerdo es una amenaza para el propio concepto de servicios públicos. Es un pacto de privatización global, basado en la idea de que, en lugar de servir al interés público, los gobiernos deben dar un paso al lado y permitir a las corporaciones que prácticamente manejen la economía”.
Otro de los temores que genera el TiSA es que incluirá cláusulas que podrían impedir que los gobiernos asuman el control público de determinados servicios considerados estratégicos y una de sus consecuencias directas sería la opción de inhibir la regulación de los mismos bancos que suelen ser los “creadores” de las crisis financieras.
Duras críticas
Los críticos suelen decir que, si estos acuerdos comerciales son tan beneficiosos, ¿por qué no se los defiende públicamente en lugar de hacerlo en secreto? Y si según los defensores del TiSA la privatización sería una política tan favorable y positiva para las naciones, ¿por qué necesitamos acuerdos globales?
No hay dudas que sería más útil demostrar con ejemplos que la privatización fue beneficiosa para alguien más que para los inversores y los dueños de las organizaciones. Lamentablemente las empresas energéticas, mineras y petroleras de todo el mundo, han demostrado que cuando el gobierno no las controla, hacen lo que se les da la gana.
Y para muestra basta un botón: en España no existe ningún tipo de regulación de precios por parte de las autoridades y en general son las grandes empresas las que terminan dando pautas hasta de legislación, para obtener el máximo de beneficios.
Y si quedan dudas, solo hay que mirar lo que han hecho con el sector de las Renovables en nuestro país, que de ser líder indiscutido de Europa y del mundo, hoy está en los puestos más bajos del ranquin, en cuanto a generación y expansión de energías verdes.
Lo que es necesario a nivel mundial es un cambio en las políticas, que tiendan a favorecer la inversión en energías renovables y en servicios públicos y no, que opten por lo contrario. Con tanta catástrofe ambiental y crisis en sectores como la salud y la educación, los ciudadanos deberían presionar a sus gobiernos para que abandonen este tipo de acuerdos imprudentes.
Pero el Poderoso Caballero Don Dinero es el que marca la tendencia y aparentemente poco le importa a las empresas y los gobiernos el bienestar de la población mundial y la crisis Medioambiental. Mucho festejo tras la COP21, muchas ratificaciones, pero resultados se ven más bien pocos. Y si seguimos así, peor nos irá.