Final feliz para once activistas de Greenpeace que ayer conocieron el fallo de absolución en referencia al juicio abierto por la protesta contra el gas en el puerto de Sagunto. El juez considera en su sentencia que los hechos no están probados y que no pueden ser condenados por ellos por un delito de desórdenes públicos agravados.
Para conocer los hechos debemos irnos hasta el año 2021, cuando los activistas participaron en una acción que tuvo lugar en el puerto de Sagunto y con la que mostraban su contrariedad y protesta ante un buque gasero que iba a atracar en la zona. De esta manera denunciaban el uso de los combustibles fósiles.
La protesta terminó en los tribunales y llevó a los acusados a enfrentarse a una posible condena de prisión. Por suerte, el fallo del juzgado ha dictaminado que no hubo violencia o intimidación por parte de los acusados como sí se pedía por la otra parte para su imputación.
Es por ello que este artículo pone el foco en las claves de dicha absolución, así como la reacción de los responsables de la entidad ambientalista. Esta sentencia pone sobre la mesa de igual manera los límites de la protesta ambiental, la incertidumbre que afrontaron los activistas durante el proceso judicial y la reivindicación de la organización de un derecho a protestar de forma pacífica.
Absueltos los activistas de Greenpeace
La organización ecologista Greenpeace ha aplaudido este pasado martes la absolución de sus 11 activistas acusados de un delito de desórdenes públicos agravados, por una acción realizada en el puerto de Sagunto (Valencia) en 2021, y su portavoz, Eva Saldaña, ha señalado: «Nunca debimos llegar hasta aquí».
La resolución de los juzgados de Valencia recoge que en los hechos no se aprecian “actos de violencia o intimidación idóneos para alterar gravemente la paz pública en los términos exigidos por el tipo penal”, algo que ratificaron durante el juicio los testigos tanto de la acusación como de la defensa.
Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal, ha declarado: “Hoy respiramos con inmenso alivio y alegría, pero también con la convicción intacta de que nunca debimos llegar hasta aquí. Esta sentencia es la victoria de 11 personas valientes que han soportado cinco años de injusta incertidumbre por ponerse en pie pacíficamente ante los combustibles fósiles que nos están literalmente matando».
«Pero esta absolución no es solo un triunfo para Greenpeace: es una victoria colectiva que frena la criminalización del activismo y refuerza el derecho a la protesta en un momento crítico para la democracia. La protesta pacífica es una herramienta imprescindible para defender nuestros derechos y nuestro futuro. Hoy la Justicia confirma que la dignidad no se criminaliza. Seguiremos alzando la voz y actuando cada vez que haga falta”, ha agregado.
Un alivio para la organización
La resolución de los juzgados de Valencia recoge que en los hechos no se aprecian “actos de violencia o intimidación idóneos para alterar gravemente la paz pública en los términos exigidos por el tipo penal”, algo que ratificaron durante el juicio los testigos tanto de la acusación como de la defensa.
Según ha informado Greenpeace en un comunicado, la sentencia ha sido celebrada con emoción por los activistas, que «por fin pueden descansar tras más de cinco años de proceso e incertidumbre ante un juicio que nunca debió celebrarse».
La Fiscalía solicitaba una pena inicial de 5 años de prisión que posteriormente modificó a dos años y seis meses para cada activista, algo con lo que la organización seguía discrepando, dado que consideraba que los hechos no eran constitutivos de delito alguno y que el procedimiento atentaba directamente contra el derecho a la protesta pacífica y a las libertades de toda la sociedad en general.
En el mismo texto, la organización ecologista ha informado de que la relatora especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, ha celebrado también la noticia, congratulándose del sentido de la sentencia y recordando que «seguirá atenta a todas las estrategias para dañar el derecho a la protesta».
