Greenpeace denuncia la criminalización de la protesta climática. La ONG ha denunciado una persecución judicial desmedida contra el activismo ecológico. La acusación llega tras la liberación con cargos de varios manifestantes retenidos durante horas por una protesta pacífica por el cierre de Almaraz en la capital española.
La acción buscaba exigir al Ejecutivo el cumplimiento estricto del apagón nuclear pactado para la central de Almaraz. Los ecologistas recuerdan que prolongar la vida útil de estas instalaciones es una decisión puramente política.
El grupo ambientalista defiende la desobediencia civil no violenta como una herramienta legítima e indispensable. Señalan un patrón preocupante de endurecimiento penal en España para amedrentar a quienes defienden públicamente la transición energética.
Este conflicto reabre el tenso debate nacional sobre el modelo energético y el futuro de las renovables. Las autoridades afrontan ahora la presión social para definir el cierre definitivo de las plantas atómicas.
Greenpeace denuncia la criminalización de la protesta climática
Greenpeace denuncia la criminalización de la protesta climática después de que los nueve activistas detenidos el jueves en Madrid por desplegar una pancarta en el Arco de Moncloa hayan quedado en libertad con cargos tras pasar más de 24 horas en dependencias policiales.
La organización considera que la actuación policial y judicial fue desproporcionada y sostiene que el objetivo de las medidas adoptadas es disuadir las movilizaciones pacíficas que reclaman el cumplimiento del calendario oficial de cierre de las centrales nucleares españolas.
Greenpeace denuncia la criminalización de la protesta climática tras la acción en Moncloa
Greenpeace denuncia la criminalización de la protesta climática al considerar que la detención y posterior imputación de los nueve activistas supone un intento de castigar la movilización pacífica en defensa de la transición energética.
La protesta consistió en el despliegue de una pancarta en el Arco de Moncloa dirigida al presidente del Gobierno para reclamar que se mantenga el calendario de cierre del parque nuclear aprobado por el Ejecutivo.
La organización insiste en que la acción fue completamente pacífica y enmarca lo ocurrido dentro del ejercicio del derecho a la protesta.
La organización mantiene su rechazo a una prórroga de Almaraz
El acto reivindicativo tenía como objetivo recordar el calendario oficial recogido en la Orden Ministerial TED/773/2020, que prevé el cierre de los dos reactores de la central nuclear de Almaraz entre 2027 y 2028.
Greenpeace sostiene que el reciente informe técnico emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre una posible ampliación de la vida útil de la instalación no obliga al Gobierno a autorizar esa extensión.
Según la organización ecologista, la decisión definitiva corresponde exclusivamente al Ejecutivo y debe responder a criterios políticos y de interés general.
Greenpeace defiende la protesta pacífica como un derecho democrático
La organización afirma que recurrir a la vía penal frente a acciones pacíficas supone un precedente preocupante para el ejercicio de los derechos fundamentales.
En este sentido, sostiene que la protesta social es una herramienta legítima para denunciar decisiones relacionadas con la política energética y la lucha contra el cambio climático.
Greenpeace asegura que continuará promoviendo movilizaciones pacíficas para exigir una transición energética basada en las energías renovables y sin prolongar el funcionamiento de las centrales nucleares.
La organización denuncia una mayor presión judicial sobre el activismo
Greenpeace considera que este caso forma parte de una tendencia de creciente judicialización del activismo climático en España.
Entre los procedimientos citados por la organización figuran el proceso relacionado con una protesta en el puente de Joaquín Costa de Madrid, el juicio a integrantes de Rebelión Científica y la causa abierta por una acción contra la importación de gas fósil en el puerto de Sagunto, donde la Fiscalía solicita penas de hasta cinco años de prisión.
La organización recuerda además que otros procedimientos similares han terminado con resoluciones absolutorias para los activistas.
La transición energética vuelve al centro del debate
El episodio reabre el debate sobre el futuro de la energía nuclear dentro de la estrategia energética española y sobre el papel de la sociedad civil en ese proceso.
Mientras algunas compañías eléctricas defienden revisar el calendario de cierre de determinadas centrales, organizaciones ecologistas reclaman mantener los compromisos adquiridos para acelerar el despliegue de las energías renovables.
La decisión sobre el futuro de Almaraz se mantiene como uno de los principales asuntos pendientes de la política energética nacional.
Libertad con cargos para los activistas
La puesta en libertad con cargos de los nueve activistas no pone fin al procedimiento judicial, pero sí intensifica el debate sobre los límites de la protesta climática y el tratamiento que reciben las acciones de desobediencia civil pacífica.
Al mismo tiempo, la controversia vuelve a situar en el centro de la agenda política el futuro del calendario de cierre nuclear y el equilibrio entre la seguridad energética, la transición ecológica y el respeto a los derechos fundamentales.
Greenpeace denuncia la criminalización de la protesta climática en 15 segundos
¿Por qué Greenpeace denuncia la criminalización de la protesta climática?
Porque considera desproporcionada la detención y la puesta en libertad con cargos de nueve activistas tras una protesta pacífica en el Arco de Moncloa.
¿Qué reclamaba la protesta de Greenpeace en Madrid?
Solicitaba al Gobierno que mantenga el calendario oficial de cierre de la central nuclear de Almaraz y del resto del parque nuclear español.
¿Qué ocurrió con los activistas detenidos?
Tras permanecer más de 24 horas en dependencias policiales, los nueve activistas fueron puestos en libertad con cargos.
¿Qué dice Greenpeace sobre el informe del Consejo de Seguridad Nuclear?
La organización sostiene que el informe técnico del CSN no obliga al Gobierno a ampliar la vida útil de Almaraz y que la decisión sigue siendo exclusivamente política.
