La entidad ecologista Greenpeace ha tildado de positivo el paso en forma de propuesta que ha hecho el Ejecutivo nacional a la Unión Europea para impulsar la respuesta en forma de soluciones ante las emergencias climáticas por medio de una fuerza común que responda de manera rápida en este sentido.
Lo que se incluye en esta iniciativa es una serie de medidas para sufragar una estructura mediante tasas a las empresas de combustibles fósiles y a los vuelos que se hagan en aviones privados, además de sumar una serie de evaluaciones de riesgo climático a todo lo que sean políticas, inversiones y diversos planes de índole público.
En este sentido, desde Greenpeace reclaman que aquellos que más contaminan y suman al cambio climático sean también los que más paguen por ello. Un impacto que se ve en las altas temperaturas, las olas de calor, los incendios o la falta de lluvias. Pero eso no es todo ya que desde la entidad ecologista demandan que haya más objetivos vinculantes de adaptación, así como una financiación que se mantenga en el tiempo y una serie de medidas que vayan encaminadas a una transición climática justa.
Un aplaudido paso ante el cambio climático
Greenpeace ha valorado como un paso en la dirección correcta la propuesta presentada por el Gobierno de España a la Unión Europea (UE) para crear una fuerza comunitaria de reacción rápida ante las emergencias climáticas, financiada mediante tasas al sector de los combustibles fósiles y a los vuelos en jets privados, y que se incluyan evaluaciones frente a riesgos climáticos en toda planificación, inversión y políticas públicas.
Esto se produce ante los planes de Bruselas para presentar en otoño un Marco Europeo Integrado de Resiliencia Climática y en pleno debate sobre los nuevos recursos necesarios para financiar el nuevo Marco Presupuestario Plurianual 2028-2034.
El verano de 2026 ha vuelto a poner de manifiesto la extrema gravedad de los impactos del cambio climático, que se intensifican año tras año. El aumento de la frecuencia y severidad de los fenómenos extremos, como las olas de calor y las sequías, y el agravamiento de los incendios forestales están afectando a Europa con especial intensidad. Ante esta situación, la organización ecologista considera urgente reforzar una respuesta pública internacional coordinada que incorpore medidas excepcionales de adaptación y mitigación.
«Este verano en Europa hemos visto con indignación cómo mientras la ciudadanía se moría de calor, sufría incendios, veía los ríos secarse y las cosechas perderse, las corporaciones fósiles alcanzaban récords de beneficios y los ultrarricos se paseaban de vacaciones con sus jets. Es hora de que los principales responsables de la destrucción del planeta paguen la factura», ha señalado Carlos García Paret, responsable de Incidencia Política de Greenpeace: «Hacer que los responsables paguen los costes que sufrimos toda la ciudadanía es aplicar el principio más básico de la justicia climática: quien contamina paga».
La propuesta del Gobierno español enviada al comisario europeo de Clima incluye algunos aspectos fundamentales para mejorar la respuesta frente a los impactos de la crisis climática.
Ante el reto de implementar medidas de adaptación, que requieren de importantes recursos económicos, Greenpeace valora muy positivamente la propuesta de financiar las medidas de adaptación con tasas a las empresas de combustibles fósiles y a jets privados, algo que se había solicitado al Gobierno en 2025 y que es una demanda de una buena parte de la ciudadanía y la sociedad civil. La organización recuerda que la Unión Europea y España tienen que llegar a emisiones netas cero como tarde en 2040 si quieren contribuir adecuadamente a la lucha contra la crisis climática. Esto significa una reducción del 99% de las emisiones respecto a 1990.
Igualmente, la organización valora de forma positiva que se incida en la necesidad de enfrentar los riesgos climáticos con un enfoque preventivo y no únicamente reactivo, como ha quedado de manifiesto por ejemplo en las últimas crisis de incendios forestales, e integrar la información científica disponible sobre los escenarios climáticos de forma transversal en los procesos de planificación y gestión para no incurrir en mala adaptación ni en un incremento de la desigualdad. Para ello, es imprescindible además identificar y priorizar a los colectivos más vulnerables.
Objetivos clave para España y Europa
Greenpeace apoya la propuesta de establecer objetivos vinculantes de adaptación a corto, medio y largo plazo, e insiste en que para ello es fundamental contar con procesos de seguimiento y evaluación que aseguren una participación ciudadana efectiva, y que permitan una adaptación y transformación resiliente y justa.
Sin embargo, la organización insiste en la necesidad de actuar de forma urgente sobre la causa del cambio climático para que los impactos de los eventos extremos no sigan agravándose. Para ello se debe acelerar sin dilación el fin de los combustibles fósiles antes de 2040 gracias a un despliegue rápido de un plan de abandono basado en la suficiencia, la eficiencia y las energías renovables.
Greenpeace considera que la propuesta debe ir acompañada de seis demandas clave en España y en la Unión Europea:
- Cierre del grifo a los combustibles fósiles: La respuesta ante la emergencia climática y a la guerra de Oriente Medio debe ir acompañada del fin inmediato de los subsidios públicos a las energías fósiles y de un calendario para el abandono de los combustibles fósiles para 2040.
- Prohibición de los jets privados: Las tasas a la aviación VIP y los jets privados son un primer paso positivo, pero insuficiente, para frenar las emisiones del transporte más injusto y abusivo.
- Creación de un Fondo Estatal de Contingencia Preventiva.
- Prevención y gestión integrada del riesgo: Impulsar ante la Unión Europea un marco normativo europeo vinculante para la prevención y gestión integrada del riesgo, acompañado de una financiación estable, suficiente y orientada a la prevención y la resiliencia territorial.
- Resiliencia justa: Todas las estrategias y medidas deben ir acompañadas de criterios de equidad y justicia que identifiquen y prioricen a los colectivos más vulnerables para poner fin a la desigualdad en los impactos del cambio climático.
- Incluir la adopción de un modelo alimentario sostenible en la ecuación para reducir las emisiones a largo plazo.
