En 2021 Fiscalía del Principado de Asturias solicitó el pago de una multa de 20 millones de euros a la mercantil Kinbauri España SL (actualmente Orovalle Minerals SL) que explota la mina de oro de Belmonte de Miranda por la contaminación de las aguas del río Cauxa que es un afluente del Narcea.
Por su parte, Orovalle afirmó en su momento que había acreditado que no se había producido ningún daño al medio ambiente y considerando la solidez de los argumentos jurídicos y pruebas presentadas, dijo confiar en su absolución. La vista fue anulada y los ecologistas siguieron denunciando los vertidos y la contaminación.
OroValle sigue contaminando
Este complejo minero, ubicado en el concejo de Belmonte, de la empresa OroValle (antes Kinbauri España SL) ha sido acusado por la continuidad de los vertidos al dominio público hidráulico, como ha reconocido la Confederación Hidrográfica en los controles analíticos que le realiza de forma periódica.
El Gobierno de Asturias es el responsable del control de la autorización ambiental de la minera, que se renueva cada 4 años. El Principado de Asturias no debería renovar esa autorización al tener conocimiento de los peligrosos vertidos que vienen denunciando los ecologistas desde que empezó a operar la minera y, por tanto, incumplen la renovación de la autorización ambiental integrada.
Se aprecian los vertidos ilegales de acuerdo a los resultados analíticos realizados en varios puntos, de acuerdo a ellos, las sustancias que se están vertiendo al dominio público sin estar autorizadas son Cianuros, Selenio, Cadmio, Cobre, Zinc, Plomo; también se ha constatado la presencia de sustancias autorizadas como los Arsénicos, Mercurio, Níquel y Sólidos en suspensión en concentraciones superiores a los valores límites autorizados.
Estos vertidos se producen de forma continuada, por lo menos a la cuenca del río Narcea, sin conocer los que se filtran al subsuelo. Demuestra lo que los ecologistas llevan años denunciando: que se están vertiendo en valores importantes sustancias peligrosas a los cauces de la zona, por parte de las plantas de tratamiento de mineral que esta empresa tiene en el valle, lo que supone un claro impacto en las aguas y la vida de estas, tal como acredita, en los anteriores expedientes sancionadores, pendiente de resolución judicial.
Una mina que no para de generar vertidos
Hay que recordar que estos vertidos denunciados por los ecologistas en los últimos años, solo han tenido respuesta por parte de la Confederación a fecha de hoy. Ni el Gobierno de Asturias, ni el Ayuntamiento de Belmonte, a pesar de sus competencias, han abierto expediente sancionador a la minera.
En ambos casos han reconocido, mediante respuesta a las organizaciones ecologistas, que desconoce la toxicidad de estos continuos vertidos para el río y la flora y fauna que vive en él, así como para los usuarios de sus aguas, en forma de riego, abrevaderos, agua de beber, etc. Lo que da una idea de la desidia y dejación de funciones del Gobierno Asturiano y del Ayuntamiento, con los vertidos mineros del oro y sus impactos futuros para todos lo que están cerca de esta cuenca.
Además, el rió Narcea es un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), de acuerdo con lo preceptuado en la Directiva Europea 92/1943 relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales de la Flora y Fauna Silvestres, transcrita mediante el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre.
Lo es por incluir al menos tres hábitats y siete taxones de interés comunitario, destacando: nutria (Lutra lutra), salamandra rabilarga (Chioglossa lusitánica), lamprea (Petrornyzon marinus), salmón (Salmo salar), mejillón de río (Margaritífera margaritífera), desmán (Galemys pyrenaicus) y lampreilla (Cobitis taenia), por lo que su contaminación es un delito ambiental que está cometiendo la minera con la complicidad del Gobierno Asturiano que se lo permite.
Hay que recordar que el Parlamento Europeo recomendó en 2010 la prohibición total en la UE del uso de la minería basada en la tecnología de cianuro antes de finales de 2011. la resolución del Parlamento Europeo también pide a la Comisión y a los Estados miembros que no presten apoyo, de forma directa o indirecta, a ningún proyecto minero en la UE en el que se empleen tecnologías a base de cianuro.
Justo lo contrario que sucede en Asturias, donde el Gobierno le ha facilitado a la minera que lo use y le renueva esta autorización a pesar de sus vertidos. En el complejo del Valle-Boinás, se tratan al año miles de toneladas de mineral que es sometido a una lixiviación con cianuro, con los riesgos e hipotecas que supone para el futuro de la zona.
Los miles de metros cúbicos de residuos contaminados que están en sus balsas del valle, con los riesgos que supone su fuga, vertido o filtración de estos residuos, tienen una latencia de toxicidad de 75 años. Balsas que se están recreciendo en los últimos meses con el correspondiente riesgo de fugas o derrames.
