Los incendios forestales no es solo en el momento en que todo empieza a arder y las llamas se vuelven virulentas. Esto empieza mucho antes con unos montes en una situación de vulnerabilidad y con una prevención que necesita disponer de más recursos económicos.
Un informe presentado por el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes (COIM) reclama 2.134 millones de euros adicionales para reforzar la prevención y la respuesta frente a los incendios forestales en España. La idea es invertir antes de que lleguen las llamas a destrozar todo, arrasando no solo montes sino pueblos enteros.
El trabajo explica de manera concienzuda las principales carencias detectadas por los expertos y plantea qué actuaciones deberían mantenerse en el tiempo para reducir el riesgo de grandes incendios como es la gestión forestal, la preparación de los municipios, la mejora de los equipos de emergencia o la protección de las zonas habitadas.
La clave no estaría únicamente en disponer de más dinero y más recursos en el momento en que el incendio ha comenzado, sino mantener durante todo el año unas condiciones que dificulten su propagación y permitan responder con mayor eficacia cuando se produzca.
El decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, Eduardo Tolosana, explica a EFE que España destina actualmente unos 1.500 millones de euros al año a la lucha contra los incendios: alrededor de 1.100 millones para extinción y 400 millones para prevención.
El planteamiento conecta además la prevención de incendios forestales con dos problemas estructurales: el cambio climático y el abandono rural. El aumento de las condiciones de riesgo y la acumulación de combustible vegetal hacen necesario actuar sobre el territorio antes de cada campaña de incendios forestales.
Por eso, la propuesta no se limita a aumentar los recursos destinados a la extinción. También reclama continuidad en las inversiones y un pacto de Estado que permita mantener las actuaciones preventivas durante años, independientemente de la gravedad de una campaña concreta.
El objetivo final es que la protección forestal deje de depender exclusivamente de la capacidad de reacción ante las llamas y pase a apoyarse en una estrategia sostenida de gestión del monte, prevención y protección de la población.
Más dinero para la prevención de incendios forestales
España debería invertir 2.134 millones de euros adicionales a los presupuestos destinados actualmente para la lucha contra los incendios forestales, según un informe elaborado por un grupo de expertos en ingeniería de montes que ha analizado las mejoras necesarias, sobre todo en prevención, en todas las comunidades autónomas.
«No hay cifras oficiales de lo que se está gastando en esta materia pero estimamos que en este momento se está invirtiendo unos 1.500 millones de euros anuales» -unos 1.100 para extinción y unos 400 para prevención- y «nuestro análisis calcula que necesitaríamos unos 3.500 millones», ha asegurado en una entrevista con EFE el decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes (COIM), Eduardo Tolosana.
«Teniendo en cuenta el gasto público de 2025, esta cifra supone menos del 0,5 %», ha precisado el decano, quien ha abogado por que la mayor parte de ese dinero se dedicara a prevención para evitar que en los próximos años se repita un registro tan negativo como el de las más de 300.000 hectáreas devoradas por el fuego este verano, el triple de la media histórica reciente.
No hay lugar seguro si hay incendios forestales
«Hay que insistir en que, con el cambio climático y el abandono rural, ya no hay un lugar seguro», ni siquiera en espacios naturales para los que hasta ahora el fuego no suponía una amenaza tan grande, por lo que «habría que triplicar el dinero dedicado puramente a prevención», ha señalado Tolosana.
El estudio cifra en 1.908 millones la partida imprescindible sólo en la prevención y no como un gasto puntual sino como «inversión sostenida y plurianual indispensable para reducir el riesgo y mejorar la resiliencia».
Esta cantidad se desglosaría en dos ejes principales: las actuaciones de prevención directa y pre-extinción como desbroces, cortafuegos o quemas prescritas y la planificación y gestión forestal en general.
Extinción y autoprotección
El exhaustivo análisis elaborado por los ingenieros de montes señala que el dinero dedicado a extinción en general «está bien dimensionado» aunque el gasto depende de la dureza de la campaña, en función de los aviones utilizados o del número de efectivos de las brigadas, entre otras variables.
Sin embargo, también reclama elevar la inversión en este punto en cerca de 170 millones de euros con objeto de reforzar la profesionalización y coordinación de la extinción puesto que «necesitamos gente muy especializada, utilizar más la IA o fijar una red nacional de comunicación para emergencias» para afrontar catástrofes como los incendios de sexta generación.
A ello habría que sumar unos 30 millones más, destinados a concienciación y formación de la población, ya que «mucha gente en los pueblos y las urbanizaciones de la interfaz urbano-forestal no es consciente de los riesgos que corre», aunque desde 2013 es obligatorio que los ayuntamientos ubicados en zonas de alto riesgo de incendio tengan su propio PAMIF (Plan de Actuación Municipal ante Emergencias por Incendios Forestales) y las comunidades de vecinos, su plan de autoprotección.
Pacto de Estado
El exhaustivo análisis elaborado por los ingenieros de montes señala que el dinero dedicado a extinción en general «está bien dimensionado» aunque el gasto depende de la dureza de la campaña, en función de los aviones utilizados o del número de efectivos de las brigadas, entre otras variables.
Por CCAA, el estudio indica que las mayores inversiones deberían ir a la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Aragón y Andalucía, aunque reclama mejoras para todas las regiones españolas.
Tolosana ha lamentado que «desde que empezó la democracia, ningún Gobierno le ha dado la importancia necesaria a esta cuestión porque no parece interesar mucho electoralmente a ningún partido, pero es que cada vez es más grave».
Por ello ha defendido la necesidad de «un Pacto de Estado sobre esta cuestión, que es mucho más urgente que uno sobre el cambio climático».
Este acuerdo debería incluir medidas concretas de fiscalidad para premiar la buena gestión forestal especialmente a largo plazo, además de un pago por servicios ecosistémicos como la fijación de CO2, «algo sobre lo que se está hablando bastante en la UE últimamente».
