WWF respalda a la Fiscalía para exigir responsabilidad ambiental por extracciones ilegales de agua en Doñana, una medida que busca frenar el deterioro del acuífero del espacio natural y aplicar el principio de que quien daña el medio ambiente debe asumir el coste de su reparación.
La organización conservacionista ha instado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) a cambiar su postura y abrir expedientes de responsabilidad ambiental contra los 250 operadores señalados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional por la extracción ilegal de aguas subterráneas.
WWF respalda a la Fiscalía para exigir responsabilidad ambiental por extracciones ilegales de agua en Doñana
WWF respalda a la Fiscalía para exigir responsabilidad ambiental por extracciones ilegales de agua en Doñana y reclama al Gobierno que abra expedientes contra más de 250 operadores que afectan al acuífero del espacio natural.
Desde WWF instan al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) a que inicie los procedimientos de responsabilidad ambiental que correspondan contra unos 250 operadores a los que se vincula con los daños al medio ambiente perpetrados en Doñana.
La organización apoya el recurso que la Fiscalía ha presentado después de que el MITECO decidiera no iniciar estas acciones. Ambos arguyen que en la legislación ambiental se debe aplicar el principio de que quien contamina tiene que hacerse responsable de pagar por la restauración.
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La organización conservacionista WWF ha respaldado este sábado la demanda realizada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente para que exija medidas efectivas de reparación a quienes extraen ilegalmente aguas subterráneas afectantes al espacio natural de Doñana.
El conflicto legal sobre quién debe actuar para reparar los daños
El portavoz de la Oficina Técnica de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, ha instado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) a que rectifique su postura y abra expedientes de responsabilidad ambiental contra los 250 operadores designados por la Fiscalía.
La organización conservacionista ha mostrado su respaldo al recurso contencioso-administrativo presentado por la Fiscalía ante la negativa del Ministerio de incorporar estos procedimientos, ya que, según Carmona, esta vía es fundamental para acabar con la «impunidad» y aplicar el principio de que «quien contamina el medio ambiente, paga por ello» .
Carmona ha subrayado que la Ley de Responsabilidad Ambiental permite reclamar a los causantes los costes de restauración de manera «ilimitada».
«Es devolver a los ciudadanos el dinero público que de sus impuestos se gasta en la recuperación de recursos naturales afectados por actividades ilegales. No van a ser los bolsillos de los ciudadanos los que tengan que asumir los costes, sino los causantes de los perjuicios en el humedal«, ha aseverado.
Más de 250 operadores señalados por el daño al acuífero de Doñana
El conflicto de competencias surge porque el Miteco sostiene que la responsabilidad recae en la Junta de Andalucía al verse afectado el espacio natural. Sin embargo, WWF coincide con la Fiscalía en que, al tratarse de daños a aguas superficiales y subterráneas, la competencia es estatal.
«El Estado tiene que abrir el procedimiento de responsabilidad patrimonial y la Junta tendrá también que analizar si tiene que abrir otro o con un solo expediente donde estén los dos colaborando, se puede desarrollar», ha explicado.
Para la organización, este procedimiento es una herramienta «complementaria» al Código Penal que busca eliminar los «incentivos económicos» de quienes incumplen la normativa.
Carmona ha recordado que ya se están pidiendo reducciones del 15 % en extracciones legales en zonas como La Rocina: «Si se está pidiendo este esfuerzo a las personas que actúan dentro de la ley, hay que corresponderles eliminando la competencia desleal que suponen los regantes ilegales».
La presión sobre el agua amenaza uno de los humedales más importantes de Europa
Por todo ello, WWF ha pedido al Ministerio que se «allane» en el procedimiento judicial para evitar que se alargue más el tiempo y se logre, de una vez por todas, un «cambio de rumbo y una mejora del acuífero» de Doñana.
Las autoridades discuten qué administración debería gestionar el caso. Mientras que el Ministerio señala a la Junta de Andalucía, los grupos ecologistas argumentan que los daños que afectan a las aguas superficiales y subterráneas son responsabilidad del Estado.
El procedimiento permitiría recuperar los costes de restauración de los responsables, lo que contribuiría a proteger el acuífero del Parque Nacional de Doñana y evitaría que los fondos públicos cubran los daños ambientales. Seguir leyendo en MEDIO AMBIENTE
