Asturias planea abatir 67 lobos. ¿Sabías que cazar lobos podría aumentar los ataques al ganado? El nuevo plan asturiano para eliminar decenas de ejemplares busca reducir daños, pero la ciencia advierte que cazarlos al azar y ‘romper’ las manadas generará el efecto contrario.
Para colmo, la normativa de la Unión Europea exige proteger a las especies amenazadas y, según los datos oficiales, la población del lobo ibérico está muy lejos de considerarse fuera de peligro en nuestro país.
Tanto los ecologistas como los científicos exigen que este decreto sea cancelado de forma inmediata. Además, piden a las autoridades centrales que incluyan nuevamente al lobo (Canis lupus signatus) en la lista de especies con protección especial.
La polémica está servida en Asturias, mientras la tensión crece entre los defensores de la conservación ambiental, las leyes comunitarias y el sector ganadero. Lo ideal sería llegar a un acuerdo que proteja a la naturaleza sin dañar al campo.
Asturias planea abatir 67 lobos y Alianza Verde los acusa de ir contra la ley
El partido ecologista señala el ensañamiento contra el lobo del gobierno del Partido Socialista de Adrián Barbón, en Asturias, “contrario a cualquier criterio científico, racional y contra el sentido común”, y le exige que detenga la matanza de 67 lobos que han anunciado para septiembre, porque también “es contrario a la ley”.
Pese a lo anunciado por el gobierno de Barbón, que considera los 67 ejemplares a batir “una cifra adecuada para compatibilizar la conservación de la especie con el mantenimiento de las explotaciones”, la realidad científica indica lo contrario. Está demostrado científicamente que eliminar ejemplares de forma sistemática no reduce los conflictos con la ganadería, sino que, por el contrario, los incrementa.
Desde el partido ecologista recuerdan que, en las alegaciones que presentaron, precisamente, al nuevo Plan de Gestión del Lobo en el que ahora pretende ampararse el gobierno de Barbón, ya que “La Directiva Hábitats solo permite la gestión de la especie si se encuentra en un «estado de conservación favorable”.
La realidad científica demuestra que no es así en el caso del lobo ibérico. De hecho, el coordinador federal de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, señala que: “Recientemente, el pasado mes de marzo, la Comisión Europea nos ha vuelto a dar la razón tras solicitar su intervención, recordando que las matanzas de lobos son ilegales porque su estado de conservación es desfavorable”.
No hay ninguna garantía jurídica
Para Alianza Verde, este anuncio del gobierno asturiano va contra cualquier garantía jurídica, en primer lugar, ya que hace apenas dos meses que el gobierno y las Comunidades Autónomas se reunieron en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, y el gobierno aún no ha enviado el informe sexenal para remitir a la Comisión Europea. Según el partido ecologista, en línea con las organizaciones conservacionistas, “el único informe válido, y, por tanto, el que debe enviar el gobierno, es el científico”.
El informe del Ministerio, con datos de las propias comunidades autónomas, considera que el estado de conservación del lobo sigue siendo desfavorable “en todas las regiones” pues, aunque ha mejorado, no se han alcanzado las 500 manadas que la ciencia indica que se necesitan para garantizar su futuro (se calcula que hay 333).
Para López de Uralde, “el ensañamiento hacia el lobo es una vergüenza anticientífica, y es especialmente lamentable que un gobierno autonómico, presuntamente de izquierdas, haya caído en el negacionismo promovido por las derechas y sus lobbies con sus campañas de bulos y fake news”.
E insiste: “Pedimos al gobierno de Asturias que retire esta propuesta de decreto, anulando definitivamente los controles letales del Plan de Gestión del Lobo en Asturias por ser contrarios a la normativa europea, a la jurisprudencia y a la realidad científica. Y al gobierno central, que se mueva de una vez y devuelva al lobo al LESPRE, porque con su inacción están siendo cómplices de las matanzas”.
Al lobo hay que protegerlo, no matarlo
La controversia trasciende la cifra de 67 lobos y vuelve a situar en primer plano una cuestión decisiva: qué evidencia debe determinar la gestión de una especie cuando entran en conflicto su conservación y los daños sufridos por la ganadería. Alianza Verde sostiene que los controles letales pueden desestructurar las manadas y no solucionan necesariamente los ataques al ganado, mientras el Ejecutivo asturiano considera la extracción prevista compatible con el mantenimiento de la población. En paralelo, permanece abierta la discusión sobre el estado de conservación del lobo ibérico y las obligaciones que se derivan de la normativa europea.
Asturias planea abatir 67 lobos y septiembre se convierte así en una fecha clave para un conflicto que puede acabar teniendo recorrido político, científico y jurídico mucho más allá del Principado. La gestión del lobo afronta un desafío que ninguna cifra de extracción resuelve por sí sola: conseguir que conservación y ganadería extensiva puedan coexistir mediante prevención de ataques, protección efectiva de las explotaciones, compensaciones ágiles y decisiones respaldadas por datos verificables. El futuro del animal dependerá también de que ese debate abandone la confrontación permanente y se sostenga sobre evidencia científica y seguridad jurídica.
