El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) ha acusado a las comunidades autónomas de presentar datos falsos sobre la población del lobo en España. Según la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, las cifras que muestran no coinciden con las presentadas por la comunidad científica, lo que implica que la Comisión Europea no las tome en serio y siga dilatando la toma de decisiones.
Desde la administración central exigen a las comunidades autónomas que corrijan los datos y se abstengan de maquillarlos de cara a beneficiar a quienes nunca han velado por la conservación de la biodiversidad española. El gobierno advirtió que, de llegar a los tribunales, sería la justicia quien exigiría el cumplimiento de los criterios técnicos y recordó que para la elaboración de los informes se deben tener en cuenta los datos proporcionados por los científicos, no los que da el aficionado de turno.
El censo del lobo en España abre una batalla decisiva
El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) asegura que los datos sobre la población del lobo que están aportando los gobiernos autonómicos no se corresponden con la realidad y distan mucho del diagnóstico de la comunidad científica, al que no va a renunciar este departamento.
Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, declaró: «La posición del Ministerio nunca ha variado. Sigue siendo hoy la misma que fue en su momento. El Ministerio asume que el diagnóstico científico es el que mejor describe la realidad. Diagnóstico científico que dista de forma notable del diagnóstico que hacen las comunidades autónomas”.
Morán ha garantizado que lo que no va a hacer el Ministerio es trasladar a la Comisión Europea unas cifras de población de lobo «que no se acomodan a la realidad, ni tan siquiera con el criterio de las comunidades autónomas», y así lo ha transmitido a altos cargos comunitarios.
El secretario de Estado ha explicado que la Comisión Europea tiene un mecanismo de reporte para los datos con un «sistema de seguridad que impide que le engañe» y, cuando se cargan determinados datos de las CCAA en el sistema, los rechaza.
El Ministerio ha dirigido a las comunidades autónomas «sucesivos llamamientos para que corrijan los datos que el sistema rechaza», pero ellas «insisten en su posición» y el sistema «sigue rechazando esa evaluación».
Y, sobre si los gobiernos autonómicos acudirán a los tribunales por este tema, ha considerado que, al ir a la Justicia, «con lo que se pueden encontrar es que los tribunales les digan: oigan, cumplan ustedes con el sistema, no me vengan a pedir a mí que resuelva como juez lo que ustedes no son capaces de resolver como instituciones».
