La autorización parecía clara y, a la vez, difícil de digerir. Una estación ganadera del Territorio del Norte de Australia había recibido permiso para matar hasta 20.000 aves autóctonas, entre ellas 15.000 cacatúas rosadas (galahs) y 5.000 corellas pequeñas. La medida había sido aprobada para Newcastle Waters Station, una enorme explotación vinculada a Consolidated Pastoral Company.
Pero el caso ha dado un giro importante. La empresa matriz, Terra Firma, ha ordenado detener cualquier plan de sacrificio tras asegurar que no conocía la solicitud de la licencia. La matanza no seguirá adelante, al menos según la instrucción comunicada por la compañía. Y eso cambia mucho la foto, aunque no borra la pregunta de fondo. ¿Cómo se llegó a autorizar algo así?
El permiso que encendió la alarma
La respuesta oficial del Parlamento del Territorio del Norte confirma que se emitieron dos permisos para Newcastle Waters Station. El más polémico, el permiso 77403, estuvo vigente desde el 6 de noviembre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2026 y autorizaba actuar sobre 20.000 aves. No es una cifra menor.
El documento oficial detalla que el método aprobado incluía alfacloralosa, un agente estupefaciente, junto con eutanasia manual contratada a una empresa especializada. También aparece un permiso anterior, mucho más pequeño, para 200 cacatúas rosadas y 200 corellas pequeñas mediante métodos de dispersión no letales y armas de fuego.
En la práctica, esto significa que la administración aceptó pasar de una actuación limitada a una intervención masiva. Y ahí empezó el ruido. No solo el de las aves en la estación, sino el de los grupos conservacionistas que vieron en la licencia un precedente peligroso.
Por qué se pidió matar aves
Según la respuesta parlamentaria, el solicitante alegó que la población de aves había crecido hasta niveles que el entorno ya no podía sostener. La explicación oficial apunta a la producción de grano, el almacenamiento en la propia estación y la alimentación del ganado como fuentes artificiales de comida. Es decir, las aves no llegaron allí por casualidad.
La empresa comunicó daños en árboles, instalaciones eléctricas, equipos de aviación y cultivos de sorgo. También habló de molestias para 45 trabajadores por ruido, olor y excrementos. Quien haya vivido cerca de grandes bandadas sabe que no es un asunto pequeño cuando se juntan miles de animales.
El director ejecutivo de CPC, Troy Setter, defendió que el sacrificio sería un «último recurso». Según contó a ABC, antes se había usado el ruido de armas de fuego para ahuyentar a las aves, con cierto éxito. Pero una cosa es espantar animales y otra muy distinta autorizar la eliminación de 20.000 ejemplares.
El riesgo para otras especies
El Gobierno territorial sostuvo que los solicitantes deben demostrar que han intentado métodos no letales antes de pedir control letal. También aseguró que la decisión sobre el uso de alfacloralosa fue evaluada con asesoramiento de científicos de vida silvestre y bajo criterios legales y de ética animal.
Pero los grupos conservacionistas no quedaron tranquilos. BirdLife Top End y otras organizaciones alertaron del posible daño a especies no objetivo, especialmente si aves rapaces o carroñeras entraban en contacto con animales afectados. Esa es la parte más delicada de este tipo de controles. El problema rara vez se queda solo donde empieza.
La respuesta oficial indica que las condiciones del permiso obligaban al titular a evaluar riesgos para animales no objetivo, cursos de agua, ganado, otras aves nativas y depredadores o carroñeros como aves rapaces, perros o dingos. Aun así, los críticos sostienen que faltaba transparencia suficiente para una decisión de esta escala.
Lake Woods entra en la discusión
Newcastle Waters no está en cualquier sitio. La explotación se encuentra junto a Lake Woods, un humedal efímero de gran valor para las aves acuáticas. La ficha de Key Biodiversity Areas señala que la zona cumple criterios de importancia internacional y que, cuando se inunda por completo, puede albergar entre más de 20.000 y hasta 116.000 aves acuáticas.
También se han registrado 67 especies de aves acuáticas, con 23 especies que han criado en el área. En otras palabras, no hablamos de un terreno aislado sin valor ecológico. Hablamos de un punto sensible dentro de un paisaje que puede convertirse en un hervidero de vida tras las lluvias.
Por eso el caso ha tenido tanta carga simbólica. Matar aves nativas al lado de una zona clave para la biodiversidad suena, para muchos conservacionistas, como intentar apagar un incendio echando más gasolina. Puede resolver un problema operativo a corto plazo, pero abre otro mucho más grande.
La intervención que lo cambió todo
La última actualización es la más importante para los animales. Terra Firma, propietaria de CPC, aseguró que no conocía la solicitud de la licencia y calificó el plan como inaceptable. La compañía dijo que había ordenado a la dirección de Newcastle Waters y a CPC cesar cualquier plan de sacrificio de forma inmediata.
Además, Terra Firma afirmó que se reunirá con grupos ambientales cuando sus responsables visiten Australia más adelante este año. Ese gesto no cancela automáticamente las dudas sobre el permiso concedido, pero sí frena la ejecución de la medida. Y en este caso, frenar significa que miles de aves siguen vivas.
La clave está en el matiz. No consta que el Gobierno territorial haya revocado el permiso por esa intervención empresarial. Lo que se ha anunciado es que la compañía no seguirá adelante con los planes. No es lo mismo, y conviene tenerlo claro.
Qué queda por aclarar
La documentación oficial dice que no era necesaria aprobación ministerial para este tipo de permiso y que tampoco se requirió consulta con el Departamento federal de Cambio Climático, Energía, Medio Ambiente y Agua. Ese punto es incómodo, sobre todo cuando hablamos de una actuación tan grande cerca de un humedal relevante.
También queda por ver qué medidas se aplicarán ahora para evitar que el problema vuelva. Si la comida artificial generada por la actividad ganadera y agrícola atrae a las aves, el debate no puede quedarse solo en cuántas se matan. En el fondo, la pregunta es cómo se gestiona un paisaje productivo sin convertir la fauna nativa en un estorbo.
El documento oficial con la respuesta parlamentaria ha sido publicado por la Asamblea Legislativa del Territorio del Norte, y la última actualización sobre la paralización del sacrificio fue recogida por ABC Rural tras la intervención de Terra Firma.
