Diferentes grupos ecologistas han ido presentando distintas alegaciones al proyecto de explotación que acaba de ser autorizado por la junta de Andalucía y que permitirá en verano la reapertura de la mina de Aznalcóllar, tristemente célebre por haber provocado hace ya 27 años un grave desastre medioambiental en Doñana.
Entre otras reclamaciones que se le hacen a la junta es la de permitir la falta de medidas de seguridad en la mina y de autorizar que los vertidos tóxicos se deriven del vaciado de las cortas donde se ubica la mina, acaben en el Guadalquivir y vuelvan a contaminarlo todo.
De hecho, este fue uno de los factores preponderantes que viene atrasando la autorización, pero ante el que la junta ha acabado por ceder. Una organización ya ha anunciado que recurrirá en los tribunales dicho permiso, como ya ha hecho con el medioambiental.
Doñana necesita soluciones, NO más problemas
Doñana necesita conservación auténtica y, para ello, sus aguas superficiales y subterráneas, deberían ser intocables. Por eso es fundamental blindar su protección y la de los dos ríos que le dan vida: el Guadiamar y el Guadalquivir.
Para la Plataforma Salvemos Doñana (de la que SEO/BirdLife forma parte) es indudable la compatibilidad de blindar Doñana como bien superior con ciertas actividades económicas conciliables, entendiendo como tales las variadas posibilidades de negocio en su zona de influencia que facilitan el provenir saludable deseable para el espacio protegido de Doñana y sus dos ríos. Con relación a la actividad minera, solo sería compatible, por tanto, una minería con vertido cero.
Por ello, la plataforma no ve compatible con Doñana, el proyecto que ha aprobado la Junta de Andalucía para evacuar al río Guadalquivir las aguas contaminadas de la corta de la mina de Aznalcóllar. Está previsto que las aguas tóxicas, tras su tratamiento y traslado por 30 kilómetros de tubería, sean vertidas frente al Estadio de la Cartuja, en Sevilla.
La corta de Aznalcóllar fue utilizada durante años como vertedero de diversos materiales, como restos de escombreras y fangos de la planta depuradora de agua, que se mezclan allí con aguas mineras de diversa naturaleza como escorrentías y relaves. En esta corta, además, se han vertido a lo largo de los años otros lodos, vertidos y residuos contaminados de diversa procedencia, entre ellos, los 7 hm³ de lodos y aguas tóxicas recogidos tras la rotura de la presa de la corta y el consiguiente vertido al río Guadiamar en 1998.
Aprender de los errores para no repetirlos
Esta instalación minera de Aznalcóllar ya estuvo a punto de destruir Doñana, cuando se produjo la rotura y el vertido de 5,5 millones de metros cúbicos de lodos y otros 1,2 de aguas tóxicas por aproximadamente 4.600 hectáreas, hasta el Parque Nacional de Doñana. Poco después se inició uno de los mayores proyectos de recuperación de suelos a gran escala que se conocen en Europa, culminado con la creación del espacio protegido del Corredor Verde del Guadiamar.
En este Corredor Verde, desde su inicio y debido a la carga contaminante del vertido, fue prohibido todo tipo de actividad agrícola, incluido el pastoreo de ganado para consumo humano. El coste de la limpieza realizada por la Junta de Andalucía alcanzó los 90 millones de euros y nunca fue abonado por la empresa responsable del desastre, que quedó impune. Aún hoy, 27 años después, este espacio carece de una mayor protección legal y de vigilancia que lo consoliden como un corredor ecológico efectivo entre las marismas del Guadalquivir y Sierra Morena.
Doñana ya tiene bastantes amenazas como para soportar otra que, además, es evitable
Lejos de haber aprendido con esa terrible experiencia, el río Guadiamar mantiene en su cabecera, como espada de Damocles, la mina Los Frailes y su inminente reapertura, que conlleva el tratamiento y vertido al río Guadalquivir, primero, de los varios hectómetros de agua contaminada que contiene actualmente la corta de Aznalcóllar y posteriormente, durante al menos 17 años, un vertido de 4.000 metros cúbicos anuales que recogerá la corta, provenientes de la explotación minera.
Además, ni la empresa minera ni las autoridades ambientales han tenido en cuenta los efectos acumulativos y sinérgicos de estos nuevos vertidos con otros vertidos que ya se han producido o que se han autorizado en la misma zona tanto para los espacios naturales, como para las actividades económicas que conviven en armonía con ellos.
La plataforma de defensa de Doñana considera inasumible la pérdida total de la calidad de los cultivos de arroz de la marisma sevillana y de la reserva de pesca de la desembocadura del Guadalquivir por contaminación del río con metales pesados como arsénico, cadmio, plomo, zinc, níquel y selenio, desde Sevilla hasta la desembocadura en Sanlúcar de Barrameda.
Además, se contaminaría a sabiendas, dadas las advertencias previas sobre estos daños desde entidades científicas y conservacionistas e incluso la ciudadanía. El arrozal y la pesca, precisamente, son el tipo de actividades económicas que concilian el desarrollo con el porvenir saludable de los espacios protegidos de Doñana y la Zona de Especial Conservación (ZEC) Bajo Guadalquivir.
La restauración ecológica del estuario del Guadalquivir es un objetivo prioritario para poder garantizar la sostenibilidad ambiental, la justicia social y el desarrollo económico en su área de influencia compatibles con el mantenimiento de los valores naturales del Parque Nacional de Doñana. Autorizar el vertido de residuos mineros con metales pesados al río Guadalquivir, en contra del criterio científico, los grupos ecologistas y las familias que viven de los recursos del río en armonía con él, es un atentado ecológico.
Por todo ello, rechazan con rotundidad los vertidos mineros previstos al río Guadalquivir, así como que la corta de Aznalcóllar se siga utilizando como vertedero y balsa minera, constituyendo una amenaza permanente para el río Guadiamar.
Igualmente, la Plataforma y todas las entidades y personas que la conforman urgen a la Junta de Andalucía, más allá de la legislación, los acuerdos y los presupuestos de inversión, a incluir en la agenda política y social el debate sobre el interés de la conservación de Doñana como el valor superior a preservar e impulsar el requisito de vertido cero para todo proyecto de minería que pueda afectar en lo más mínimo a Doñana, sus ríos y acuíferos, y los espacios protegidos que están conectados en esta comarca
